El primer análisis técnico sobre la iniciativa, elaborado a partir de las planillas oficiales del Ministerio de Economía, señala que la evolución del gasto es dispar según las distintas finalidades del Estado. En términos reales, los servicios sociales tendrían un aumento interanual del 6,1% frente a 2026, aunque acumularían una caída del 16,1% respecto de 2023.
Los servicios económicos, en cambio, registrarían una reducción del 10% entre 2026 y 2027 y del 68% frente a 2023. La principal explicación está en la disminución de los subsidios a tarifas y energía y de los recursos destinados a infraestructura vial. De acuerdo con el análisis, este esquema implica una mayor incidencia de esos costos sobre familias y empresas y constituye uno de los componentes utilizados para sostener el déficit fiscal.
Si se cumplen las pautas macroeconómicas planteadas por el Poder Ejecutivo, que proyectan una inflación del 29% para 2026 y del 18% para 2027, el aumento previsto del 5,7% marcaría un cambio respecto de la tendencia descendente del gasto observada en los últimos años. Sin embargo, frente al crédito devengado en 2023, el nivel proyectado para 2027 todavía mostraría una disminución del 26,5%.
El informe también señala que el 40% de los recortes presupuestarios acumulados durante los últimos cuatro años se explica por reducciones en servicios sociales, mientras que los servicios económicos representan otro 38%. La finalidad Administración Gubernamental quedaría 42% por debajo de 2023 y la Deuda Pública mostraría una contracción del 26% en la misma comparación.
Dentro del área social, Salud tendría un crecimiento interanual del 16% y un aumento acumulado del 30% desde 2023. Sin embargo, el análisis advierte que esta última variación está fuertemente condicionada por un cambio en el financiamiento del PAMI: luego de la finalización del Impuesto PAIS, parte de los recursos comenzaron a registrarse como transferencias del Tesoro.
En Seguridad Social, el proyecto prevé un incremento del 5% frente a 2026, aunque el nivel quedaría 2% por debajo de 2023. Educación y Cultura tendría un aumento cercano al 8% interanual —6% según el desglose por finalidad—, pero acumularía una caída del 44% respecto de 2023. En Trabajo, Promoción y Asistencia Social, la suba interanual sería del 2%, con una reducción acumulada del 74% desde ese año.
La infraestructura social presenta descensos todavía mayores. Las partidas destinadas a Agua Potable y Alcantarillado y a Vivienda y Urbanismo caerían 93% y 99%, respectivamente, en comparación con 2023. El análisis señala que los recursos para urbanización anteriormente se canalizaban mediante el Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, que no figura en estas partidas y también fue desfinanciado.
En materia de transferencias monetarias destinadas a niños y adolescentes, que incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar, el Plan 1000 Días, las Asignaciones Familiares y la Beca Progresar, el proyecto ubica los recursos de 2027 en un nivel similar al de 2023. Ese año ya había registrado una caída superior al 20% frente a los dos períodos anteriores.
El comportamiento tampoco fue igual para todas las prestaciones. Las que cuentan con una fórmula automática de actualización recuperaron un 31,9% desde 2023, mientras que aquellas cuyos incrementos dependen de decisiones discrecionales acumularon un recorte del 50,5%. La Prestación Alimentar, además, permaneció 23 meses sin aumentos y alcanzó su menor nivel de cobertura en abril de 2026.
Uno de los cambios planteados por el proyecto aparece en el artículo 17, que propone eliminar la movilidad de la AUH y de las Asignaciones Familiares mediante la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. El análisis considera que esta modificación volvería discrecionales los aumentos y podría afectar el valor de esas prestaciones. También advierte que una regla fiscal estricta podría dificultar la incorporación de incrementos presupuestarios que no hayan sido contemplados en la ley.
En el sistema universitario, el programa Desarrollo de la Educación Superior mantendría para 2027 los niveles previstos para 2026. Esto implicaría una asignación 24,9% inferior a la de 2023. El proyecto contempla $7,5 billones para ese programa, frente a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional había estimado necesarios para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La situación salarial también aparece entre los puntos analizados. El estudio calcula que los salarios docentes perdieron, en términos reales, un 25% de su poder adquisitivo entre 2023 y 2026 y un 47% entre 2015 y 2026. Como referencia, señala que un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la Universidad de Buenos Aires percibió $374.485,49 en agosto de 2026, cuando, de acuerdo con el cálculo realizado, debería haber recibido $503.796,37 para mantener su poder adquisitivo.
En discapacidad, el proyecto introduce cambios en el esquema de prestaciones. Los artículos 39 y 41 eliminan la pauta uniforme del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas y establecen que cada ente obligado podrá determinarla en su relación con los prestadores. El análisis sostiene que esta modificación podría generar diferencias en la cobertura.
También se elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada por la Ley de Emergencia, y se mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Para esta última se proyecta un incremento del 8,5% frente a 2026, aunque el monto quedaría 26,5% por debajo del nivel de 2023.
El programa Incluir Salud, destinado a la cobertura médica de beneficiarios de pensiones, tendría una reducción del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.
En políticas de protección y prevención de la violencia, por tercer año consecutivo el Programa Acompañar y la Línea 144 no aparecen como partidas específicas. Considerando el conjunto de acciones destinadas a la protección de víctimas y la Ley Brisa, los recursos previstos para 2027 quedarían aproximadamente 89% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales.
También se proyectan reducciones en salud sexual y educación sexual. El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable tendría un crédito de $33.800 millones para 2027, casi 30% inferior al de 2023. Para Educación Sexual Integral (ESI), la partida sería de $30 millones, lo que representa una reducción del 98,5% respecto de aquel año.
El informe también registra una fuerte disminución en el alcance de la capacitación vinculada con la ESI. Entre 2023 y 2024, la cantidad prevista de docentes capacitados pasó de 65.000 a 900, mientras que las provincias asistidas bajaron de 24 a 6. A partir de 2026, además, dejaron de informarse esos indicadores.
Otro de los cambios se observa en la obra pública. Sobre un universo de 2.339 obras, la administración central informó que 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas a provincias o municipios y 199 permanecieron bajo gestión directa del Estado nacional.
El gasto de capital también refleja esa reducción: pasaría de $18,4 billones en 2023 a $3,8 billones previstos para 2027. En términos reales, el nivel de inversión pública quedaría cerca de un 80% por debajo del registrado en 2023.
Al mismo tiempo, el artículo 67 del proyecto establece incentivos fiscales para los concesionarios privados de rutas. Entre las medidas figuran la amortización acelerada de inversiones, el reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de imputar el Impuesto a los Débitos y Créditos. De esta manera, el esquema contempla beneficios tributarios en reemplazo de parte del desembolso presupuestario directo.
El primer análisis técnico sobre la iniciativa, elaborado a partir de las planillas oficiales del Ministerio de Economía, señala que la evolución del gasto es dispar según las distintas finalidades del Estado. En términos reales, los servicios sociales tendrían un aumento interanual del 6,1% frente a 2026, aunque acumularían una caída del 16,1% respecto de 2023.
Los servicios económicos, en cambio, registrarían una reducción del 10% entre 2026 y 2027 y del 68% frente a 2023. La principal explicación está en la disminución de los subsidios a tarifas y energía y de los recursos destinados a infraestructura vial. De acuerdo con el análisis, este esquema implica una mayor incidencia de esos costos sobre familias y empresas y constituye uno de los componentes utilizados para sostener el déficit fiscal.
Si se cumplen las pautas macroeconómicas planteadas por el Poder Ejecutivo, que proyectan una inflación del 29% para 2026 y del 18% para 2027, el aumento previsto del 5,7% marcaría un cambio respecto de la tendencia descendente del gasto observada en los últimos años. Sin embargo, frente al crédito devengado en 2023, el nivel proyectado para 2027 todavía mostraría una disminución del 26,5%.
El informe también señala que el 40% de los recortes presupuestarios acumulados durante los últimos cuatro años se explica por reducciones en servicios sociales, mientras que los servicios económicos representan otro 38%. La finalidad Administración Gubernamental quedaría 42% por debajo de 2023 y la Deuda Pública mostraría una contracción del 26% en la misma comparación.
Dentro del área social, Salud tendría un crecimiento interanual del 16% y un aumento acumulado del 30% desde 2023. Sin embargo, el análisis advierte que esta última variación está fuertemente condicionada por un cambio en el financiamiento del PAMI: luego de la finalización del Impuesto PAIS, parte de los recursos comenzaron a registrarse como transferencias del Tesoro.
En Seguridad Social, el proyecto prevé un incremento del 5% frente a 2026, aunque el nivel quedaría 2% por debajo de 2023. Educación y Cultura tendría un aumento cercano al 8% interanual —6% según el desglose por finalidad—, pero acumularía una caída del 44% respecto de 2023. En Trabajo, Promoción y Asistencia Social, la suba interanual sería del 2%, con una reducción acumulada del 74% desde ese año.
La infraestructura social presenta descensos todavía mayores. Las partidas destinadas a Agua Potable y Alcantarillado y a Vivienda y Urbanismo caerían 93% y 99%, respectivamente, en comparación con 2023. El análisis señala que los recursos para urbanización anteriormente se canalizaban mediante el Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, que no figura en estas partidas y también fue desfinanciado.
En materia de transferencias monetarias destinadas a niños y adolescentes, que incluyen la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar, el Plan 1000 Días, las Asignaciones Familiares y la Beca Progresar, el proyecto ubica los recursos de 2027 en un nivel similar al de 2023. Ese año ya había registrado una caída superior al 20% frente a los dos períodos anteriores.
El comportamiento tampoco fue igual para todas las prestaciones. Las que cuentan con una fórmula automática de actualización recuperaron un 31,9% desde 2023, mientras que aquellas cuyos incrementos dependen de decisiones discrecionales acumularon un recorte del 50,5%. La Prestación Alimentar, además, permaneció 23 meses sin aumentos y alcanzó su menor nivel de cobertura en abril de 2026.
Uno de los cambios planteados por el proyecto aparece en el artículo 17, que propone eliminar la movilidad de la AUH y de las Asignaciones Familiares mediante la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. El análisis considera que esta modificación volvería discrecionales los aumentos y podría afectar el valor de esas prestaciones. También advierte que una regla fiscal estricta podría dificultar la incorporación de incrementos presupuestarios que no hayan sido contemplados en la ley.
En el sistema universitario, el programa Desarrollo de la Educación Superior mantendría para 2027 los niveles previstos para 2026. Esto implicaría una asignación 24,9% inferior a la de 2023. El proyecto contempla $7,5 billones para ese programa, frente a los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional había estimado necesarios para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La situación salarial también aparece entre los puntos analizados. El estudio calcula que los salarios docentes perdieron, en términos reales, un 25% de su poder adquisitivo entre 2023 y 2026 y un 47% entre 2015 y 2026. Como referencia, señala que un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple en la Universidad de Buenos Aires percibió $374.485,49 en agosto de 2026, cuando, de acuerdo con el cálculo realizado, debería haber recibido $503.796,37 para mantener su poder adquisitivo.
En discapacidad, el proyecto introduce cambios en el esquema de prestaciones. Los artículos 39 y 41 eliminan la pauta uniforme del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas y establecen que cada ente obligado podrá determinarla en su relación con los prestadores. El análisis sostiene que esta modificación podría generar diferencias en la cobertura.
También se elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada por la Ley de Emergencia, y se mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Para esta última se proyecta un incremento del 8,5% frente a 2026, aunque el monto quedaría 26,5% por debajo del nivel de 2023.
El programa Incluir Salud, destinado a la cobertura médica de beneficiarios de pensiones, tendría una reducción del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.
En políticas de protección y prevención de la violencia, por tercer año consecutivo el Programa Acompañar y la Línea 144 no aparecen como partidas específicas. Considerando el conjunto de acciones destinadas a la protección de víctimas y la Ley Brisa, los recursos previstos para 2027 quedarían aproximadamente 89% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales.
También se proyectan reducciones en salud sexual y educación sexual. El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable tendría un crédito de $33.800 millones para 2027, casi 30% inferior al de 2023. Para Educación Sexual Integral (ESI), la partida sería de $30 millones, lo que representa una reducción del 98,5% respecto de aquel año.
El informe también registra una fuerte disminución en el alcance de la capacitación vinculada con la ESI. Entre 2023 y 2024, la cantidad prevista de docentes capacitados pasó de 65.000 a 900, mientras que las provincias asistidas bajaron de 24 a 6. A partir de 2026, además, dejaron de informarse esos indicadores.
Otro de los cambios se observa en la obra pública. Sobre un universo de 2.339 obras, la administración central informó que 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas a provincias o municipios y 199 permanecieron bajo gestión directa del Estado nacional.
El gasto de capital también refleja esa reducción: pasaría de $18,4 billones en 2023 a $3,8 billones previstos para 2027. En términos reales, el nivel de inversión pública quedaría cerca de un 80% por debajo del registrado en 2023.
Al mismo tiempo, el artículo 67 del proyecto establece incentivos fiscales para los concesionarios privados de rutas. Entre las medidas figuran la amortización acelerada de inversiones, el reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de imputar el Impuesto a los Débitos y Créditos. De esta manera, el esquema contempla beneficios tributarios en reemplazo de parte del desembolso presupuestario directo.
