Política

El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a señalar el impuesto a las Ganancias como un elemento clave en el marco de la reforma tributaria que el Gobierno deberá presentar antes de finalizar 2026.

El organismo ha diagnosticado que el sistema tributario argentino es complejo, inestable y recae en gravámenes que desincentivan la actividad económica, como las retenciones, el impuesto al cheque y los tributos provinciales sobre la facturación.

Frente a esta situación, el FMI sugiere una expansión de la recaudación del impuesto a los ingresos personales. Actualmente, Argentina obtiene apenas el 1,8% del PBI a través de Ganancias de personas físicas, cifra que está por debajo del promedio latinoamericano y dista considerablemente de lo que se observa en los países de la OCDE.

Un informe de Focus Market estima que si el país avanza hacia la meta propuesta por el organismo, el impuesto afectaría al 20% de los trabajadores formales. En la actualidad, solo el 8,2% de los asalariados privados registrados tributan, lo que implica sumar cerca de 1,5 millones de nuevos contribuyentes.

Este cambio no solo permitiría generar ingresos para reducir otros impuestos considerados más distorsivos, sino que también volvería a incluir a trabajadores que fueron excluidos tras la notable elevación del mínimo no imponible en 2023 y la posterior modificación del régimen.

El Gobierno se comprometió a desarrollar y presentar una propuesta de reforma tributaria integral antes de diciembre de 2026, dentro del contexto del acuerdo con el FMI. El objetivo es simplificar el sistema y optimizar la calidad de la recaudación sin afectar el resultado fiscal.

La discusión va más allá de la cantidad de impuestos. Argentina cuenta con más de 155 tributos vigentes, pero pocos de ellos representan la mayoría de los recursos. Según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, cinco impuestos concentran el 87% de la presión tributaria: IVA, Ganancias, impuesto al cheque, derechos de exportación e Ingresos Brutos.

Según informes de la OCDE y del IDESA, el gran problema radica en que varios de estos tributos son altamente distorsivos. El impuesto al cheque, las retenciones y los Ingresos Brutos encarecen operaciones, afectan la competitividad y desincentivan la inversión.

Por lo tanto, una posible reforma buscaría ampliar las bases de impuestos considerados más eficientes, incluidas las Ganancias de personas físicas, para permitir una reducción gradual de otros gravámenes.

El número de asalariados alcanzados por el impuesto ha experimentado cambios significativos en los últimos años. En diciembre de 2020, 2.425.880 trabajadores en relación de dependencia estaban sujetos al mismo. Con la reforma impulsada en 2023, el mínimo no imponible se elevó notablemente, lo que hizo que el padrón se redujera de 715.000 contribuyentes en agosto de ese año a entre 123.000 y 129.000 hacia noviembre y diciembre.

La administración actual ha revertido parcialmente esta situación. En marzo de 2026, el padrón alcanzó a 1.055.431 trabajadores, representando el 8,2% del total de asalariados privados registrados.

Sin embargo, esta cifra se mantiene por debajo de lo que propone el FMI. Actualmente, el umbral de ingreso para el impuesto se establece cerca de $3.000.000 brutos mensuales para un trabajador soltero, mientras que para una familia con cónyuge y dos hijos asciende a alrededor de $4.000.000 brutos.

La recomendación del FMI sugiere que el impuesto alcance, al menos, al 20% de los trabajadores formales. Para lograr este objetivo, deberían incorporarse aproximadamente 1.515.000 personas, alcanzando así cerca de 2,57 millones de contribuyentes.

La simulación indica que, para un trabajador soltero sin deducciones adicionales, el umbral de ingreso debería reducirse de los actuales $3.000.000 a un aproximado de $2.200.000 brutos mensuales, lo cual representaría una disminución cercana al 25%.

Este dato cobra mayor relevancia al observar la distribución salarial. En febrero de 2026, la remuneración mediana del empleo privado registrado fue de $1.514.460 brutos mensuales, mientras que el promedio ascendió a $2.110.047.

Con un umbral cercano a los $3.000.000, el impuesto queda concentrado en los sectores más altos de la escala salarial. Una disminución de este límite brindaría acceso a trabajadores con ingresos elevados, aunque todavía por encima del salario promedio del sector privado formal.

La carga tributaria no es uniforme para todos. El impuesto a las Ganancias permite deducciones personales, por lo que la situación familiar puede alterar significativamente el resultado final.

El informe de Focus Market señala que un trabajador que percibe el RIPTE promedio del sector privado registrado, de $1.734.357 brutos mensuales en febrero de 2026, seguiría sin tributar, incluso en un escenario de ampliación de la base.

En contraste, un asalariado que gana una vez y media el RIPTE, aproximadamente $2.601.536 brutos al mes, comenzaría a tributar si es soltero, con una simulación de impuesto anual que varía entre $70.000 y $150.000, constituyendo una carga relativamente baja sobre su ingreso total.

La diferencia se torna más significativa en salarios superiores. Para un trabajador con ingresos equivalentes al doble del RIPTE, cerca de $3.468.714 brutos mensuales, la obligación anual para un soltero sería alrededor de $1.500.000, lo que se traduce en un promedio de $125.000 mensuales. Si este trabajador tiene cónyuge y dos hijos, la carga disminuye a cerca de $100.000 anuales, es decir, menos de $10.000 por mes, según la simulación.

La ampliación del impuesto a las Ganancias no necesariamente llevará a un incremento en las alícuotas, que fluctúan actualmente entre el 5% y el 35%. El eje principal de la reformación sería bajar el umbral de ingresos para abarcar a más trabajadores.

El FMI estima que una ampliación de la base podría elevar la recaudación del impuesto a los ingresos personales hasta el 2,2% del PBI, lo que representaría un impacto fiscal proyectado del 0,4% del producto, equivalente a unos $2.672 millones a valores de 2026.

Damián Di Pace, director de Focus Market, indicó que aunque la ampliación de la base podría mejorar la recaudación, también plantea interrogantes en torno a la equidad del sistema. “Con umbrales bajos y deducciones que han perdido valor real frente a la inflación, existe el riesgo de que más trabajadores queden alcanzados por el impuesto sin haber realmente mejorado su poder adquisitivo”, comentó.

En última instancia, la discusión sobre el impuesto a las Ganancias no se limita exclusivamente a quiénes lo pagarán. La cuestión central radica en cómo reemplazar impuestos que impactan negativamente en la actividad económica sin comprometer el equilibrio fiscal, en un sistema donde la necesidad de simplificación se enfrenta al costo político de ampliar la base tributaria.