Las primeras hipótesis sobre la fuga indican que Bertulazzi habría conseguido neutralizar los sensores del dispositivo electrónico mediante distintos elementos. Según esas versiones, utilizó carne de cerdo para cubrir la tobillera y un tensiómetro para interferir en su funcionamiento. Luego habría escapado por una ventana del quinto piso utilizando un arnés improvisado.
Tras conocerse el episodio, Monteoliva confirmó la detención de Kopcke y advirtió que se investigará a todas las personas que pudieran haber participado en la fuga. La funcionaria sostuvo que quienes hayan colaborado deberán responder ante la Justicia, independientemente de su grado de intervención.
La ministra también informó que la mujer permanecía incomunicada y difundió una fotografía de su detención frente a un cartel de una unidad antiterrorista. Kopcke, de nacionalidad alemana, es médica y trabajó para Médicos Sin Fronteras. No registra acusaciones por terrorismo.
La detención provocó un pronunciamiento conjunto de numerosas organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron tanto los fundamentos de la medida como las condiciones en las que se llevó adelante. Entre las entidades que expresaron su rechazo se encuentran Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital y el Servicio Paz y Justicia, entre otras.
En el documento, las organizaciones señalaron que el arresto se produjo durante la noche del 18 de noviembre y responsabilizaron a las autoridades por la integridad física de la detenida. También cuestionaron la intervención judicial al sostener que sobre Kopcke no existe una causa ni una sentencia que justifique la privación de su libertad.
Además, calificaron el procedimiento como una medida de carácter extorsivo y sostuvieron que no puede utilizarse la detención de una persona para presionar a un familiar que permanece prófugo.
Los organismos también recordaron que Bertulazzi residía en la Argentina como refugiado político desde 2004, condición que fue revocada en 2024 por decisión del Gobierno de Javier Milei. Según su planteo, las autoridades argentinas impulsaron su entrega a Italia pese a que consideran que los delitos atribuidos al exintegrante de las Brigadas Rojas prescribieron y que fue juzgado en ausencia, sin contar con la posibilidad de ejercer su defensa durante el proceso.
La investigación por la fuga continúa mientras las autoridades intentan establecer el paradero del hombre y reconstruir la posible participación de otras personas. Hasta el momento, uno de los elementos incorporados a la búsqueda es un registro de video en el que se observa a Bertulazzi comprando un gorro piluso en un comercio de Martínez. Sin embargo, no se comunicaron avances concluyentes sobre su localización.
En el marco de la causa también fueron detenidos un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña, señalados como posibles colaboradores. La investigación ahora busca determinar si Kopcke tuvo algún grado de intervención en la salida de su marido del domicilio donde permanecía bajo custodia.
El tribunal que interviene en el proceso de extradición resolvió suspender las audiencias hasta que Bertulazzi sea recapturado, por lo que el trámite judicial quedó condicionado a los resultados de la búsqueda.
Durante la declaración indagatoria, la esposa del prófugo decidió responder preguntas y sostuvo que se enteró de la fuga recién al día siguiente, cuando efectivos policiales se presentaron en su domicilio. Su defensa cuestionó las pruebas reunidas hasta el momento y negó que existan elementos que permitan vincularla con el escape.
El caso mantiene abiertos dos frentes judiciales: por un lado, la búsqueda del exguerrillero y la investigación sobre las circunstancias de su fuga; por otro, la situación procesal de su esposa, cuya detención generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
Las primeras hipótesis sobre la fuga indican que Bertulazzi habría conseguido neutralizar los sensores del dispositivo electrónico mediante distintos elementos. Según esas versiones, utilizó carne de cerdo para cubrir la tobillera y un tensiómetro para interferir en su funcionamiento. Luego habría escapado por una ventana del quinto piso utilizando un arnés improvisado.
Tras conocerse el episodio, Monteoliva confirmó la detención de Kopcke y advirtió que se investigará a todas las personas que pudieran haber participado en la fuga. La funcionaria sostuvo que quienes hayan colaborado deberán responder ante la Justicia, independientemente de su grado de intervención.
La ministra también informó que la mujer permanecía incomunicada y difundió una fotografía de su detención frente a un cartel de una unidad antiterrorista. Kopcke, de nacionalidad alemana, es médica y trabajó para Médicos Sin Fronteras. No registra acusaciones por terrorismo.
La detención provocó un pronunciamiento conjunto de numerosas organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron tanto los fundamentos de la medida como las condiciones en las que se llevó adelante. Entre las entidades que expresaron su rechazo se encuentran Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital y el Servicio Paz y Justicia, entre otras.
En el documento, las organizaciones señalaron que el arresto se produjo durante la noche del 18 de noviembre y responsabilizaron a las autoridades por la integridad física de la detenida. También cuestionaron la intervención judicial al sostener que sobre Kopcke no existe una causa ni una sentencia que justifique la privación de su libertad.
Además, calificaron el procedimiento como una medida de carácter extorsivo y sostuvieron que no puede utilizarse la detención de una persona para presionar a un familiar que permanece prófugo.
Los organismos también recordaron que Bertulazzi residía en la Argentina como refugiado político desde 2004, condición que fue revocada en 2024 por decisión del Gobierno de Javier Milei. Según su planteo, las autoridades argentinas impulsaron su entrega a Italia pese a que consideran que los delitos atribuidos al exintegrante de las Brigadas Rojas prescribieron y que fue juzgado en ausencia, sin contar con la posibilidad de ejercer su defensa durante el proceso.
La investigación por la fuga continúa mientras las autoridades intentan establecer el paradero del hombre y reconstruir la posible participación de otras personas. Hasta el momento, uno de los elementos incorporados a la búsqueda es un registro de video en el que se observa a Bertulazzi comprando un gorro piluso en un comercio de Martínez. Sin embargo, no se comunicaron avances concluyentes sobre su localización.
En el marco de la causa también fueron detenidos un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña, señalados como posibles colaboradores. La investigación ahora busca determinar si Kopcke tuvo algún grado de intervención en la salida de su marido del domicilio donde permanecía bajo custodia.
El tribunal que interviene en el proceso de extradición resolvió suspender las audiencias hasta que Bertulazzi sea recapturado, por lo que el trámite judicial quedó condicionado a los resultados de la búsqueda.
Durante la declaración indagatoria, la esposa del prófugo decidió responder preguntas y sostuvo que se enteró de la fuga recién al día siguiente, cuando efectivos policiales se presentaron en su domicilio. Su defensa cuestionó las pruebas reunidas hasta el momento y negó que existan elementos que permitan vincularla con el escape.
El caso mantiene abiertos dos frentes judiciales: por un lado, la búsqueda del exguerrillero y la investigación sobre las circunstancias de su fuga; por otro, la situación procesal de su esposa, cuya detención generó cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.












