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Colón: productores rurales acudirán a la Justicia por el destino de más de $3000 millones recaudados para caminos rurales

20 noviembre, 2026
in Economía
Colón: productores rurales acudirán a la Justicia por el destino de más de $3000 millones recaudados para caminos rurales
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Productores agropecuarios del partido bonaerense de Colón preparan una presentación judicial contra el municipio por el destino de los fondos recaudados mediante la tasa vial y el Fondo Compensador. Entre 2023 y agosto de 2026, la administración local recibió más de $3000 millones por ambos conceptos, pero apenas $18,7 millones fueron asignados específicamente a obras viales, lo que representa el 0,62% del total ingresado.

El reclamo apunta a que los recursos obtenidos se utilicen efectivamente para conservar, reparar y mejorar la red de caminos rurales. Los productores cuestionan especialmente la magnitud de los gastos indirectos informados por el municipio, que superaron los $1205 millones durante el período analizado. La presentación judicial, que podría concretarse en los próximos días, llega cuatro meses después de que el sector anunciara su intención de avanzar por esa vía.

De acuerdo con un informe municipal del 21 de septiembre, entre 2023 y el 31 de agosto de 2026 ingresaron $3009 millones por la tasa vial y el Fondo Compensador. De ese total, se declararon aproximadamente $1248 millones en gastos directos y otros $1205 millones en gastos indirectos. Sin embargo, la partida identificada específicamente como obras viales apenas alcanzó los $18,7 millones.

La situación genera preocupación entre los productores ante la proximidad de la cosecha de trigo y las dificultades para trasladar la producción. Según sus estimaciones, el distrito cuenta con unos 700 kilómetros de caminos rurales, de los cuales solamente el 35% recibió reparaciones en condiciones consideradas razonables. El resto presenta distintos problemas de transitabilidad.

La falta de mantenimiento también quedó expuesta en reclamos puntuales por el estado de los caminos. Uno de los casos difundidos corresponde a un pozo en un camino real que, según denunciaron, permanecía sin reparar desde mayo de 2025.

A los problemas de infraestructura se suma la disponibilidad limitada de maquinaria municipal. Los productores sostienen que actualmente funcionan dos equipos, aunque consideran que el distrito necesitaría alrededor de seis para atender adecuadamente la red vial. El parque de maquinaria presenta dificultades operativas, con dos motoniveladoras antiguas en funcionamiento y una unidad nueva.

La preocupación inmediata está vinculada con el inicio de la cosecha fina. El sector advierte que las condiciones actuales podrían complicar el tránsito de camiones y maquinaria agrícola, especialmente si se registran lluvias. También señalaron que el deterioro y el angostamiento de algunos caminos dificultan el cruce de equipos y el desplazamiento de la producción.

Otro de los puntos cuestionados es la distribución de los recursos a lo largo de los últimos años. En 2023 se registraron $3,1 millones destinados a obras viales, mientras que durante 2024 y 2025 no hubo gastos declarados bajo ese concepto, pese a que en ambos ejercicios la recaudación conjunta superó los $1750 millones. Durante los primeros ocho meses de 2026, los ingresos superaron los $1100 millones y las obras viales específicas sumaron apenas $15,6 millones.

Los gastos indirectos también forman parte del cuestionamiento. Esa categoría comprende tareas de recaudación, fiscalización, administración y gestión, además de logística, compras, alquileres y supervisión de obras. Los productores reclaman que el municipio detalle cómo se calcularon esos importes y cuál fue su relación concreta con el mantenimiento de los caminos rurales.

Entre los gastos directos, la administración incluyó desembolsos vinculados con maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal. Sin embargo, el sector agropecuario considera que esos conceptos no justifican la escasa inversión registrada en obras viales ni el estado actual de la infraestructura.

A ese planteo se suma otro dato de recaudación. Según los productores, al 30 de septiembre los ingresos por la tasa vial ya superaban en casi un 18% lo presupuestado para todo 2026, cuando todavía faltaban tres meses para finalizar el año. Pese a ese nivel de recursos, las obras sobre la red rural registraban aproximadamente $15,7 millones ejecutados y la partida correspondiente no contaba con crédito aprobado.

También se cuestionó la utilización de fondos provenientes de la tasa para afrontar gastos que, según el sector, no estarían relacionados directamente con su finalidad. Entre los ejemplos mencionados figura la construcción de una oficina en el nuevo corralón municipal, para la que se habrían destinado $25 millones. Los productores consideran que ese tipo de erogaciones no debería financiarse con recursos aportados específicamente para el mantenimiento vial.

El reclamo, además, busca que las obras no se limiten a reparaciones superficiales. El sector plantea la necesidad de avanzar con caminos enripiados y entoscados, especialmente en los corredores principales que conectan las zonas productivas con las localidades y los puntos de comercialización.

Entre las prioridades señaladas aparecen el Camino del Medio, que tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros, y el acceso a Sarasa, de unos siete kilómetros. También mencionaron las dificultades de circulación hacia El Arbolito y el Camino Real a Pearson, en una zona de importante actividad agrícola. En el caso del acceso a Sarasa, sostienen que el enripiado fue prometido durante años, pero todavía no se concretó.

Desde el punto de vista legal, la presentación buscará que los recursos recaudados mediante la tasa vial y el Fondo Compensador sean aplicados al servicio para el cual fueron establecidos. Como fundamento, se invocará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional y contempla obligaciones estatales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos disponibles y la mejora de los sistemas de producción, conservación y distribución de alimentos.

El planteo también apunta a la relación entre los productores y el municipio como prestador del servicio. Según los argumentos que sostendrán en la Justicia, los usuarios de los caminos rurales no cuentan con otra alternativa para garantizar su mantenimiento y tienen derecho a recibir información precisa sobre el destino de los fondos y la correspondencia entre los tributos abonados y las prestaciones recibidas.

La medida cautelar que preparan incluirá un pedido para impedir que el municipio reasigne o utilice con otros fines los recursos de la tasa vial y el Fondo Compensador destinados a la red rural. También solicitarán que se conserve toda la documentación contable y financiera correspondiente a los últimos cuatro años.

Además, requerirán que la administración municipal presente, en un plazo de 10 días hábiles, un diagnóstico del estado de los caminos rurales y un plan de emergencia para garantizar su transitabilidad. La propuesta deberá detallar las obras necesarias, la maquinaria disponible y los plazos de ejecución, con prioridad para los accesos a escuelas rurales y centros de salud.

Otro de los puntos centrales será exigir que los fondos recaudados durante 2026 se destinen efectivamente a esos trabajos. Los productores aclararon que no buscan recuperar el dinero abonado mediante la tasa, sino que los recursos sean aplicados a mejorar la infraestructura vial del distrito.

La presentación judicial se encuentra en preparación y podría concretarse en los próximos días, en un contexto de creciente preocupación por el estado de los caminos y la proximidad de la cosecha. El sector reclama que la recaudación de los últimos años tenga un correlato concreto en obras que permitan garantizar la circulación y la salida de la producción agropecuaria.

Productores agropecuarios del partido bonaerense de Colón preparan una presentación judicial contra el municipio por el destino de los fondos recaudados mediante la tasa vial y el Fondo Compensador. Entre 2023 y agosto de 2026, la administración local recibió más de $3000 millones por ambos conceptos, pero apenas $18,7 millones fueron asignados específicamente a obras viales, lo que representa el 0,62% del total ingresado.

El reclamo apunta a que los recursos obtenidos se utilicen efectivamente para conservar, reparar y mejorar la red de caminos rurales. Los productores cuestionan especialmente la magnitud de los gastos indirectos informados por el municipio, que superaron los $1205 millones durante el período analizado. La presentación judicial, que podría concretarse en los próximos días, llega cuatro meses después de que el sector anunciara su intención de avanzar por esa vía.

De acuerdo con un informe municipal del 21 de septiembre, entre 2023 y el 31 de agosto de 2026 ingresaron $3009 millones por la tasa vial y el Fondo Compensador. De ese total, se declararon aproximadamente $1248 millones en gastos directos y otros $1205 millones en gastos indirectos. Sin embargo, la partida identificada específicamente como obras viales apenas alcanzó los $18,7 millones.

La situación genera preocupación entre los productores ante la proximidad de la cosecha de trigo y las dificultades para trasladar la producción. Según sus estimaciones, el distrito cuenta con unos 700 kilómetros de caminos rurales, de los cuales solamente el 35% recibió reparaciones en condiciones consideradas razonables. El resto presenta distintos problemas de transitabilidad.

La falta de mantenimiento también quedó expuesta en reclamos puntuales por el estado de los caminos. Uno de los casos difundidos corresponde a un pozo en un camino real que, según denunciaron, permanecía sin reparar desde mayo de 2025.

A los problemas de infraestructura se suma la disponibilidad limitada de maquinaria municipal. Los productores sostienen que actualmente funcionan dos equipos, aunque consideran que el distrito necesitaría alrededor de seis para atender adecuadamente la red vial. El parque de maquinaria presenta dificultades operativas, con dos motoniveladoras antiguas en funcionamiento y una unidad nueva.

La preocupación inmediata está vinculada con el inicio de la cosecha fina. El sector advierte que las condiciones actuales podrían complicar el tránsito de camiones y maquinaria agrícola, especialmente si se registran lluvias. También señalaron que el deterioro y el angostamiento de algunos caminos dificultan el cruce de equipos y el desplazamiento de la producción.

Otro de los puntos cuestionados es la distribución de los recursos a lo largo de los últimos años. En 2023 se registraron $3,1 millones destinados a obras viales, mientras que durante 2024 y 2025 no hubo gastos declarados bajo ese concepto, pese a que en ambos ejercicios la recaudación conjunta superó los $1750 millones. Durante los primeros ocho meses de 2026, los ingresos superaron los $1100 millones y las obras viales específicas sumaron apenas $15,6 millones.

Los gastos indirectos también forman parte del cuestionamiento. Esa categoría comprende tareas de recaudación, fiscalización, administración y gestión, además de logística, compras, alquileres y supervisión de obras. Los productores reclaman que el municipio detalle cómo se calcularon esos importes y cuál fue su relación concreta con el mantenimiento de los caminos rurales.

Entre los gastos directos, la administración incluyó desembolsos vinculados con maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal. Sin embargo, el sector agropecuario considera que esos conceptos no justifican la escasa inversión registrada en obras viales ni el estado actual de la infraestructura.

A ese planteo se suma otro dato de recaudación. Según los productores, al 30 de septiembre los ingresos por la tasa vial ya superaban en casi un 18% lo presupuestado para todo 2026, cuando todavía faltaban tres meses para finalizar el año. Pese a ese nivel de recursos, las obras sobre la red rural registraban aproximadamente $15,7 millones ejecutados y la partida correspondiente no contaba con crédito aprobado.

También se cuestionó la utilización de fondos provenientes de la tasa para afrontar gastos que, según el sector, no estarían relacionados directamente con su finalidad. Entre los ejemplos mencionados figura la construcción de una oficina en el nuevo corralón municipal, para la que se habrían destinado $25 millones. Los productores consideran que ese tipo de erogaciones no debería financiarse con recursos aportados específicamente para el mantenimiento vial.

El reclamo, además, busca que las obras no se limiten a reparaciones superficiales. El sector plantea la necesidad de avanzar con caminos enripiados y entoscados, especialmente en los corredores principales que conectan las zonas productivas con las localidades y los puntos de comercialización.

Entre las prioridades señaladas aparecen el Camino del Medio, que tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros, y el acceso a Sarasa, de unos siete kilómetros. También mencionaron las dificultades de circulación hacia El Arbolito y el Camino Real a Pearson, en una zona de importante actividad agrícola. En el caso del acceso a Sarasa, sostienen que el enripiado fue prometido durante años, pero todavía no se concretó.

Desde el punto de vista legal, la presentación buscará que los recursos recaudados mediante la tasa vial y el Fondo Compensador sean aplicados al servicio para el cual fueron establecidos. Como fundamento, se invocará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional y contempla obligaciones estatales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos disponibles y la mejora de los sistemas de producción, conservación y distribución de alimentos.

El planteo también apunta a la relación entre los productores y el municipio como prestador del servicio. Según los argumentos que sostendrán en la Justicia, los usuarios de los caminos rurales no cuentan con otra alternativa para garantizar su mantenimiento y tienen derecho a recibir información precisa sobre el destino de los fondos y la correspondencia entre los tributos abonados y las prestaciones recibidas.

La medida cautelar que preparan incluirá un pedido para impedir que el municipio reasigne o utilice con otros fines los recursos de la tasa vial y el Fondo Compensador destinados a la red rural. También solicitarán que se conserve toda la documentación contable y financiera correspondiente a los últimos cuatro años.

Además, requerirán que la administración municipal presente, en un plazo de 10 días hábiles, un diagnóstico del estado de los caminos rurales y un plan de emergencia para garantizar su transitabilidad. La propuesta deberá detallar las obras necesarias, la maquinaria disponible y los plazos de ejecución, con prioridad para los accesos a escuelas rurales y centros de salud.

Otro de los puntos centrales será exigir que los fondos recaudados durante 2026 se destinen efectivamente a esos trabajos. Los productores aclararon que no buscan recuperar el dinero abonado mediante la tasa, sino que los recursos sean aplicados a mejorar la infraestructura vial del distrito.

La presentación judicial se encuentra en preparación y podría concretarse en los próximos días, en un contexto de creciente preocupación por el estado de los caminos y la proximidad de la cosecha. El sector reclama que la recaudación de los últimos años tenga un correlato concreto en obras que permitan garantizar la circulación y la salida de la producción agropecuaria.

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El reclamo apunta a que los recursos obtenidos se utilicen efectivamente para conservar, reparar y mejorar la red de caminos rurales. Los productores cuestionan especialmente la magnitud de los gastos indirectos informados por el municipio, que superaron los $1205 millones durante el período analizado. La presentación judicial, que podría concretarse en los próximos días, llega cuatro meses después de que el sector anunciara su intención de avanzar por esa vía.

De acuerdo con un informe municipal del 21 de septiembre, entre 2023 y el 31 de agosto de 2026 ingresaron $3009 millones por la tasa vial y el Fondo Compensador. De ese total, se declararon aproximadamente $1248 millones en gastos directos y otros $1205 millones en gastos indirectos. Sin embargo, la partida identificada específicamente como obras viales apenas alcanzó los $18,7 millones.

La situación genera preocupación entre los productores ante la proximidad de la cosecha de trigo y las dificultades para trasladar la producción. Según sus estimaciones, el distrito cuenta con unos 700 kilómetros de caminos rurales, de los cuales solamente el 35% recibió reparaciones en condiciones consideradas razonables. El resto presenta distintos problemas de transitabilidad.

La falta de mantenimiento también quedó expuesta en reclamos puntuales por el estado de los caminos. Uno de los casos difundidos corresponde a un pozo en un camino real que, según denunciaron, permanecía sin reparar desde mayo de 2025.

A los problemas de infraestructura se suma la disponibilidad limitada de maquinaria municipal. Los productores sostienen que actualmente funcionan dos equipos, aunque consideran que el distrito necesitaría alrededor de seis para atender adecuadamente la red vial. El parque de maquinaria presenta dificultades operativas, con dos motoniveladoras antiguas en funcionamiento y una unidad nueva.

La preocupación inmediata está vinculada con el inicio de la cosecha fina. El sector advierte que las condiciones actuales podrían complicar el tránsito de camiones y maquinaria agrícola, especialmente si se registran lluvias. También señalaron que el deterioro y el angostamiento de algunos caminos dificultan el cruce de equipos y el desplazamiento de la producción.

Otro de los puntos cuestionados es la distribución de los recursos a lo largo de los últimos años. En 2023 se registraron $3,1 millones destinados a obras viales, mientras que durante 2024 y 2025 no hubo gastos declarados bajo ese concepto, pese a que en ambos ejercicios la recaudación conjunta superó los $1750 millones. Durante los primeros ocho meses de 2026, los ingresos superaron los $1100 millones y las obras viales específicas sumaron apenas $15,6 millones.

Los gastos indirectos también forman parte del cuestionamiento. Esa categoría comprende tareas de recaudación, fiscalización, administración y gestión, además de logística, compras, alquileres y supervisión de obras. Los productores reclaman que el municipio detalle cómo se calcularon esos importes y cuál fue su relación concreta con el mantenimiento de los caminos rurales.

Entre los gastos directos, la administración incluyó desembolsos vinculados con maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal. Sin embargo, el sector agropecuario considera que esos conceptos no justifican la escasa inversión registrada en obras viales ni el estado actual de la infraestructura.

A ese planteo se suma otro dato de recaudación. Según los productores, al 30 de septiembre los ingresos por la tasa vial ya superaban en casi un 18% lo presupuestado para todo 2026, cuando todavía faltaban tres meses para finalizar el año. Pese a ese nivel de recursos, las obras sobre la red rural registraban aproximadamente $15,7 millones ejecutados y la partida correspondiente no contaba con crédito aprobado.

También se cuestionó la utilización de fondos provenientes de la tasa para afrontar gastos que, según el sector, no estarían relacionados directamente con su finalidad. Entre los ejemplos mencionados figura la construcción de una oficina en el nuevo corralón municipal, para la que se habrían destinado $25 millones. Los productores consideran que ese tipo de erogaciones no debería financiarse con recursos aportados específicamente para el mantenimiento vial.

El reclamo, además, busca que las obras no se limiten a reparaciones superficiales. El sector plantea la necesidad de avanzar con caminos enripiados y entoscados, especialmente en los corredores principales que conectan las zonas productivas con las localidades y los puntos de comercialización.

Entre las prioridades señaladas aparecen el Camino del Medio, que tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros, y el acceso a Sarasa, de unos siete kilómetros. También mencionaron las dificultades de circulación hacia El Arbolito y el Camino Real a Pearson, en una zona de importante actividad agrícola. En el caso del acceso a Sarasa, sostienen que el enripiado fue prometido durante años, pero todavía no se concretó.

Desde el punto de vista legal, la presentación buscará que los recursos recaudados mediante la tasa vial y el Fondo Compensador sean aplicados al servicio para el cual fueron establecidos. Como fundamento, se invocará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional y contempla obligaciones estatales relacionadas con el aprovechamiento de los recursos disponibles y la mejora de los sistemas de producción, conservación y distribución de alimentos.

El planteo también apunta a la relación entre los productores y el municipio como prestador del servicio. Según los argumentos que sostendrán en la Justicia, los usuarios de los caminos rurales no cuentan con otra alternativa para garantizar su mantenimiento y tienen derecho a recibir información precisa sobre el destino de los fondos y la correspondencia entre los tributos abonados y las prestaciones recibidas.

La medida cautelar que preparan incluirá un pedido para impedir que el municipio reasigne o utilice con otros fines los recursos de la tasa vial y el Fondo Compensador destinados a la red rural. También solicitarán que se conserve toda la documentación contable y financiera correspondiente a los últimos cuatro años.

Además, requerirán que la administración municipal presente, en un plazo de 10 días hábiles, un diagnóstico del estado de los caminos rurales y un plan de emergencia para garantizar su transitabilidad. La propuesta deberá detallar las obras necesarias, la maquinaria disponible y los plazos de ejecución, con prioridad para los accesos a escuelas rurales y centros de salud.

Otro de los puntos centrales será exigir que los fondos recaudados durante 2026 se destinen efectivamente a esos trabajos. Los productores aclararon que no buscan recuperar el dinero abonado mediante la tasa, sino que los recursos sean aplicados a mejorar la infraestructura vial del distrito.

La presentación judicial se encuentra en preparación y podría concretarse en los próximos días, en un contexto de creciente preocupación por el estado de los caminos y la proximidad de la cosecha. El sector reclama que la recaudación de los últimos años tenga un correlato concreto en obras que permitan garantizar la circulación y la salida de la producción agropecuaria.
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