La acusación fue presentada por el fiscal general jefe de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, quien solicitó la convocatoria a una audiencia en los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal. En el escrito, fechado el 13 de octubre, atribuyó a los dos letrados, en calidad de coautores, los presuntos delitos de estafa y estafa procesal, contemplados en los artículos 45, 172 y 173, inciso 8, del Código Penal. La audiencia fue programada para el próximo 3 de diciembre.
De acuerdo con la fiscalía, los abogados habrían aprovechado la relación de confianza con su cliente para obtener una segunda regulación judicial de honorarios correspondientes a tareas profesionales que ya habían sido pagadas. Además, sostiene que mediante distintas presentaciones lograron inducir a error tanto al juez civil interviniente como a los integrantes de la Cámara de Apelaciones, quienes dispusieron una nueva regulación.
El origen del conflicto se encuentra en un expediente ejecutivo iniciado en 2017 ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de Comodoro Rivadavia, en el marco de una demanda que incluyó un embargo preventivo contra López. En ese proceso, los dos abogados actuaban como representantes del empresario y de su hijo.
La reconstrucción fiscal ubica un momento clave de la presunta maniobra el 4 de mayo de 2021. Según el expediente, ese día los profesionales cobraron la última factura correspondiente a los servicios del estudio jurídico, por un total de $195.834.670. Sin embargo, también presentaron sus renuncias a la representación legal, que fueron aceptadas al día siguiente por el juez que intervenía en la causa.
Para la acusación, hasta ese momento todos los honorarios por los trabajos realizados durante la relación contractual habían sido abonados por López mediante las facturas emitidas periódicamente por el estudio. El fiscal sostiene que, pese a ello, los letrados solicitaron posteriormente una regulación judicial de esos mismos conceptos, aunque las condiciones del contrato profesional nunca habían sido modificadas.
Otro de los puntos señalados por la investigación es que el cliente no habría recibido recibos, cartas de pago u otros comprobantes que permitieran acreditar formalmente la cancelación de los honorarios. Según la fiscalía, esa circunstancia habría sido aprovechada para reclamar nuevamente sumas que ya habían sido percibidas durante la prestación de los servicios.
La hipótesis también alcanza el desarrollo del expediente judicial. El Ministerio Público considera que los profesionales omitieron informar que habían cobrado mensualmente sus honorarios y que esa falta de información habría provocado que los magistrados resolvieran sobre una base equivocada. La acusación incluye tanto la actuación del juzgado de primera instancia como la posterior intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que revisó la regulación y confirmó la obligación de pago.
Para establecer el perjuicio económico, la fiscalía tomó como referencia una sentencia interlocutoria del 7 de junio de 2024, que modificó el monto fijado originalmente en primera instancia. El fiscal sostuvo que los abogados utilizaron sus conocimientos jurídicos y la vía procesal ejecutiva para concretar el reclamo que ahora es objeto de investigación.
La relación profesional entre López y los abogados se había extendido durante varias décadas, a través de un estudio jurídico vinculado con sus actividades comerciales y litigios en Comodoro Rivadavia. El vínculo comenzó a finalizar de manera gradual y, en 2023, el empresario firmó un acuerdo notarial con otros integrantes del estudio en el que se reconocían los honorarios abonados y se daba por concluida la relación contractual.
En agosto de 2025 trascendió que López había presentado una denuncia penal contra uno de los profesionales. En ese contexto, manifestó su intención de intervenir como querellante en la causa, con representación de sus abogados particulares.
El conflicto también tuvo repercusiones en el ámbito disciplinario. El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia abrió un expediente para analizar si existieron posibles faltas éticas vinculadas con el ejercicio profesional. Durante 2025, la institución pidió prudencia frente al caso y recordó que se encuentran vigentes el principio de inocencia y el derecho de defensa. Hasta el momento, no se conoció una respuesta de los abogados frente a las imputaciones. Por su parte, el fiscal solicitó la intervención de la Defensa Pública.
La audiencia prevista para el 3 de diciembre será una instancia central para el avance del expediente. Allí se expondrán los hechos investigados y la calificación legal provisoria, mientras que el juez deberá resolver sobre la apertura de la investigación preparatoria. Esa etapa permitirá reunir elementos de prueba para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio. También será la primera oportunidad para que los imputados expongan su posición ante el magistrado.
Tanto los delitos atribuidos como el monto del presunto perjuicio económico tienen carácter provisional y podrán modificarse durante el desarrollo de la investigación. En paralelo, continuará el trámite disciplinario iniciado en el ámbito del Colegio de Abogados, que podría derivar en eventuales sanciones profesionales con independencia de lo que se resuelva en la causa penal.
La acusación fue presentada por el fiscal general jefe de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, quien solicitó la convocatoria a una audiencia en los términos del artículo 274 del Código Procesal Penal. En el escrito, fechado el 13 de octubre, atribuyó a los dos letrados, en calidad de coautores, los presuntos delitos de estafa y estafa procesal, contemplados en los artículos 45, 172 y 173, inciso 8, del Código Penal. La audiencia fue programada para el próximo 3 de diciembre.
De acuerdo con la fiscalía, los abogados habrían aprovechado la relación de confianza con su cliente para obtener una segunda regulación judicial de honorarios correspondientes a tareas profesionales que ya habían sido pagadas. Además, sostiene que mediante distintas presentaciones lograron inducir a error tanto al juez civil interviniente como a los integrantes de la Cámara de Apelaciones, quienes dispusieron una nueva regulación.
El origen del conflicto se encuentra en un expediente ejecutivo iniciado en 2017 ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de Comodoro Rivadavia, en el marco de una demanda que incluyó un embargo preventivo contra López. En ese proceso, los dos abogados actuaban como representantes del empresario y de su hijo.
La reconstrucción fiscal ubica un momento clave de la presunta maniobra el 4 de mayo de 2021. Según el expediente, ese día los profesionales cobraron la última factura correspondiente a los servicios del estudio jurídico, por un total de $195.834.670. Sin embargo, también presentaron sus renuncias a la representación legal, que fueron aceptadas al día siguiente por el juez que intervenía en la causa.
Para la acusación, hasta ese momento todos los honorarios por los trabajos realizados durante la relación contractual habían sido abonados por López mediante las facturas emitidas periódicamente por el estudio. El fiscal sostiene que, pese a ello, los letrados solicitaron posteriormente una regulación judicial de esos mismos conceptos, aunque las condiciones del contrato profesional nunca habían sido modificadas.
Otro de los puntos señalados por la investigación es que el cliente no habría recibido recibos, cartas de pago u otros comprobantes que permitieran acreditar formalmente la cancelación de los honorarios. Según la fiscalía, esa circunstancia habría sido aprovechada para reclamar nuevamente sumas que ya habían sido percibidas durante la prestación de los servicios.
La hipótesis también alcanza el desarrollo del expediente judicial. El Ministerio Público considera que los profesionales omitieron informar que habían cobrado mensualmente sus honorarios y que esa falta de información habría provocado que los magistrados resolvieran sobre una base equivocada. La acusación incluye tanto la actuación del juzgado de primera instancia como la posterior intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que revisó la regulación y confirmó la obligación de pago.
Para establecer el perjuicio económico, la fiscalía tomó como referencia una sentencia interlocutoria del 7 de junio de 2024, que modificó el monto fijado originalmente en primera instancia. El fiscal sostuvo que los abogados utilizaron sus conocimientos jurídicos y la vía procesal ejecutiva para concretar el reclamo que ahora es objeto de investigación.
La relación profesional entre López y los abogados se había extendido durante varias décadas, a través de un estudio jurídico vinculado con sus actividades comerciales y litigios en Comodoro Rivadavia. El vínculo comenzó a finalizar de manera gradual y, en 2023, el empresario firmó un acuerdo notarial con otros integrantes del estudio en el que se reconocían los honorarios abonados y se daba por concluida la relación contractual.
En agosto de 2025 trascendió que López había presentado una denuncia penal contra uno de los profesionales. En ese contexto, manifestó su intención de intervenir como querellante en la causa, con representación de sus abogados particulares.
El conflicto también tuvo repercusiones en el ámbito disciplinario. El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia abrió un expediente para analizar si existieron posibles faltas éticas vinculadas con el ejercicio profesional. Durante 2025, la institución pidió prudencia frente al caso y recordó que se encuentran vigentes el principio de inocencia y el derecho de defensa. Hasta el momento, no se conoció una respuesta de los abogados frente a las imputaciones. Por su parte, el fiscal solicitó la intervención de la Defensa Pública.
La audiencia prevista para el 3 de diciembre será una instancia central para el avance del expediente. Allí se expondrán los hechos investigados y la calificación legal provisoria, mientras que el juez deberá resolver sobre la apertura de la investigación preparatoria. Esa etapa permitirá reunir elementos de prueba para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio. También será la primera oportunidad para que los imputados expongan su posición ante el magistrado.
Tanto los delitos atribuidos como el monto del presunto perjuicio económico tienen carácter provisional y podrán modificarse durante el desarrollo de la investigación. En paralelo, continuará el trámite disciplinario iniciado en el ámbito del Colegio de Abogados, que podría derivar en eventuales sanciones profesionales con independencia de lo que se resuelva en la causa penal.













