La agenda de trabajo incluyó el intercambio sobre investigaciones penales complejas, mecanismos de extradición, capacitación de funcionarios judiciales y la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.
Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para investigar delitos que requieren la intervención de autoridades de distintas jurisdicciones. También se analizaron herramientas para mejorar el intercambio de información y agilizar los procedimientos de cooperación internacional.
Durante las conversaciones, Mahiques planteó que la puesta en marcha del sistema acusatorio requiere instituciones preparadas y equipos técnicos con capacidad operativa para responder a las nuevas exigencias del proceso penal. En ese marco, ambas delegaciones acordaron profundizar los programas de capacitación e intercambio entre jueces y fiscales.
El modelo acusatorio establece una división de funciones entre los fiscales, responsables de conducir las investigaciones, y los jueces, encargados de controlar la legalidad de los procedimientos y resolver las controversias.
La visita del ministro coincidió con una de las principales prioridades de su gestión: avanzar con la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial. Desde su llegada al Ministerio de Justicia, el funcionario impulsó el envío de más de 250 pliegos al Senado y pretende concretar nuevas designaciones antes de fin de año. Actualmente, la cartera cuenta con otros 32 expedientes preparados para iniciar su tratamiento.
En las últimas semanas, la Cámara alta comenzó a analizar decenas de postulaciones para cubrir puestos en tribunales de distintas jurisdicciones. Entre los nombramientos pendientes se encuentra el del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
Su eventual designación generaría una nueva vacante en uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde se tramitan algunas de las principales investigaciones por corrupción política. De concretarse el traslado, cinco de esos tribunales quedarían sin un titular definitivo, una situación que podría abrir nuevas negociaciones para cubrir cargos durante 2027.
Además de las designaciones judiciales, el Gobierno deberá resolver otras cuestiones institucionales de relevancia, como las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuración General de la Nación. Ambos nombramientos continúan sujetos a las negociaciones políticas y a las decisiones del presidente Javier Milei.
En el encuentro en Washington también participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y representantes de las áreas de investigaciones criminales, cooperación internacional y capacitación judicial de la administración estadounidense.
La agenda bilateral apunta a ampliar los mecanismos de asistencia entre ambos países, mejorar la coordinación de investigaciones penales y fortalecer los procedimientos de extradición. Para la Argentina, estas iniciativas se vinculan con el proceso de reorganización del sistema judicial y la implementación de nuevas herramientas para el funcionamiento de la Justicia penal.
El viaje de Mahiques se inscribe así en una etapa de cambios institucionales que combina la búsqueda de acuerdos internacionales en materia judicial con las negociaciones internas para completar la estructura de tribunales y avanzar en la reforma del sistema procesal.
La agenda de trabajo incluyó el intercambio sobre investigaciones penales complejas, mecanismos de extradición, capacitación de funcionarios judiciales y la implementación del sistema acusatorio en la Argentina.
Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para investigar delitos que requieren la intervención de autoridades de distintas jurisdicciones. También se analizaron herramientas para mejorar el intercambio de información y agilizar los procedimientos de cooperación internacional.
Durante las conversaciones, Mahiques planteó que la puesta en marcha del sistema acusatorio requiere instituciones preparadas y equipos técnicos con capacidad operativa para responder a las nuevas exigencias del proceso penal. En ese marco, ambas delegaciones acordaron profundizar los programas de capacitación e intercambio entre jueces y fiscales.
El modelo acusatorio establece una división de funciones entre los fiscales, responsables de conducir las investigaciones, y los jueces, encargados de controlar la legalidad de los procedimientos y resolver las controversias.
La visita del ministro coincidió con una de las principales prioridades de su gestión: avanzar con la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial. Desde su llegada al Ministerio de Justicia, el funcionario impulsó el envío de más de 250 pliegos al Senado y pretende concretar nuevas designaciones antes de fin de año. Actualmente, la cartera cuenta con otros 32 expedientes preparados para iniciar su tratamiento.
En las últimas semanas, la Cámara alta comenzó a analizar decenas de postulaciones para cubrir puestos en tribunales de distintas jurisdicciones. Entre los nombramientos pendientes se encuentra el del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
Su eventual designación generaría una nueva vacante en uno de los doce juzgados federales de Comodoro Py, donde se tramitan algunas de las principales investigaciones por corrupción política. De concretarse el traslado, cinco de esos tribunales quedarían sin un titular definitivo, una situación que podría abrir nuevas negociaciones para cubrir cargos durante 2027.
Además de las designaciones judiciales, el Gobierno deberá resolver otras cuestiones institucionales de relevancia, como las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuración General de la Nación. Ambos nombramientos continúan sujetos a las negociaciones políticas y a las decisiones del presidente Javier Milei.
En el encuentro en Washington también participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y representantes de las áreas de investigaciones criminales, cooperación internacional y capacitación judicial de la administración estadounidense.
La agenda bilateral apunta a ampliar los mecanismos de asistencia entre ambos países, mejorar la coordinación de investigaciones penales y fortalecer los procedimientos de extradición. Para la Argentina, estas iniciativas se vinculan con el proceso de reorganización del sistema judicial y la implementación de nuevas herramientas para el funcionamiento de la Justicia penal.
El viaje de Mahiques se inscribe así en una etapa de cambios institucionales que combina la búsqueda de acuerdos internacionales en materia judicial con las negociaciones internas para completar la estructura de tribunales y avanzar en la reforma del sistema procesal.













