El conflicto escaló luego de que el dirigente sindical Pablo Moyano advirtiera que el gremio realizará nuevas movilizaciones, asambleas y paros para defender el pago de esas compensaciones. El reclamo se vincula con el vencimiento de los contratos actuales en 2028, aunque la renovación del servicio prevé garantizar la continuidad laboral y la antigüedad del personal.
La postura de la administración de Jorge Macri quedó expuesta durante la audiencia pública virtual realizada el 5 de octubre, en la que se debatieron los pliegos que regularán la prestación entre 2028 y 2038. La gestión porteña sostiene que no corresponde incorporar indemnizaciones en el nuevo esquema si los trabajadores conservan sus empleos y no se interrumpe su antigüedad.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad decidió aplicar sanciones a las empresas concesionarias que no cumplieron con los recorridos de recolección durante la jornada de protesta. Aunque las autoridades no pueden sancionar directamente a los empleados por participar de la movilización, las compañías pueden recibir multas por incumplir las obligaciones establecidas en sus contratos.
La administración porteña sostiene que este mecanismo de penalización forma parte de las reglas habituales del servicio y no constituye una medida dirigida exclusivamente contra el Sindicato de Camioneros. En ese marco, mantiene su decisión de no financiar indemnizaciones en la próxima concesión.
El reclamo sindical se apoya en una práctica que se aplica desde 1998 y que suele denominarse informalmente “Ley Moyano”. Según ese mecanismo, cuando una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, se calculan indemnizaciones para el personal y luego los trabajadores vuelven a ser contratados, sin que necesariamente pierdan sus puestos ni su antigüedad.
Sin embargo, esa práctica no constituye una ley formal. La controversia gira en torno a su fundamento jurídico y a la posibilidad de trasladar el costo de esas compensaciones al presupuesto público, especialmente cuando la continuidad laboral está contemplada en las condiciones del servicio.
La discusión también presenta diferencias entre el contrato vigente y el que regirá en el futuro. Los pliegos actuales incluyen una cláusula de “Indemnizaciones Finales”, que establece que, al terminar la concesión, la empresa debe calcular las compensaciones correspondientes y que el Gobierno porteño debe aportar los fondos para su pago.
Esa disposición se vincula con el artículo 19 de la Ley 4120, que regula el servicio de higiene urbana de la Ciudad y establece la continuidad laboral de los trabajadores. La coexistencia de ambas previsiones abrió un debate sobre el alcance de las obligaciones del Estado y la aplicación de las indemnizaciones cuando no existe una pérdida efectiva del empleo.
Mientras tanto, la administración porteña prevé aprobar los nuevos pliegos en las próximas semanas y avanzar con la adjudicación entre los últimos meses de 2026 y febrero de 2027. El nuevo esquema comenzaría a funcionar en septiembre de 2028.
Hasta entonces, el contrato vigente deberá cumplirse bajo las condiciones actuales, incluida la cláusula que contempla el pago de indemnizaciones finales. La principal diferencia será que el próximo contrato no incorporará ese mecanismo, según la posición anunciada por el Gobierno porteño.El Gobierno porteño mantiene su decisión de excluir del próximo contrato de recolección de residuos el pago de indemnizaciones para los trabajadores que continúen en sus puestos cuando cambie la concesión del servicio. La discusión involucra a unos 6.500 empleados y un reclamo sindical que podría representar una suma cercana a los US$200 millones.
El conflicto escaló luego de que el dirigente sindical Pablo Moyano advirtiera que el gremio realizará nuevas movilizaciones, asambleas y paros para defender el pago de esas compensaciones. El reclamo se vincula con el vencimiento de los contratos actuales en 2028, aunque la renovación del servicio prevé garantizar la continuidad laboral y la antigüedad del personal.
La postura de la administración de Jorge Macri quedó expuesta durante la audiencia pública virtual realizada el 5 de octubre, en la que se debatieron los pliegos que regularán la prestación entre 2028 y 2038. La gestión porteña sostiene que no corresponde incorporar indemnizaciones en el nuevo esquema si los trabajadores conservan sus empleos y no se interrumpe su antigüedad.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad decidió aplicar sanciones a las empresas concesionarias que no cumplieron con los recorridos de recolección durante la jornada de protesta. Aunque las autoridades no pueden sancionar directamente a los empleados por participar de la movilización, las compañías pueden recibir multas por incumplir las obligaciones establecidas en sus contratos.
La administración porteña sostiene que este mecanismo de penalización forma parte de las reglas habituales del servicio y no constituye una medida dirigida exclusivamente contra el Sindicato de Camioneros. En ese marco, mantiene su decisión de no financiar indemnizaciones en la próxima concesión.
El reclamo sindical se apoya en una práctica que se aplica desde 1998 y que suele denominarse informalmente “Ley Moyano”. Según ese mecanismo, cuando una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, se calculan indemnizaciones para el personal y luego los trabajadores vuelven a ser contratados, sin que necesariamente pierdan sus puestos ni su antigüedad.
Sin embargo, esa práctica no constituye una ley formal. La controversia gira en torno a su fundamento jurídico y a la posibilidad de trasladar el costo de esas compensaciones al presupuesto público, especialmente cuando la continuidad laboral está contemplada en las condiciones del servicio.
La discusión también presenta diferencias entre el contrato vigente y el que regirá en el futuro. Los pliegos actuales incluyen una cláusula de “Indemnizaciones Finales”, que establece que, al terminar la concesión, la empresa debe calcular las compensaciones correspondientes y que el Gobierno porteño debe aportar los fondos para su pago.
Esa disposición se vincula con el artículo 19 de la Ley 4120, que regula el servicio de higiene urbana de la Ciudad y establece la continuidad laboral de los trabajadores. La coexistencia de ambas previsiones abrió un debate sobre el alcance de las obligaciones del Estado y la aplicación de las indemnizaciones cuando no existe una pérdida efectiva del empleo.
Mientras tanto, la administración porteña prevé aprobar los nuevos pliegos en las próximas semanas y avanzar con la adjudicación entre los últimos meses de 2026 y febrero de 2027. El nuevo esquema comenzaría a funcionar en septiembre de 2028.
Hasta entonces, el contrato vigente deberá cumplirse bajo las condiciones actuales, incluida la cláusula que contempla el pago de indemnizaciones finales. La principal diferencia será que el próximo contrato no incorporará ese mecanismo, según la posición anunciada por el Gobierno porteño.
El conflicto escaló luego de que el dirigente sindical Pablo Moyano advirtiera que el gremio realizará nuevas movilizaciones, asambleas y paros para defender el pago de esas compensaciones. El reclamo se vincula con el vencimiento de los contratos actuales en 2028, aunque la renovación del servicio prevé garantizar la continuidad laboral y la antigüedad del personal.
La postura de la administración de Jorge Macri quedó expuesta durante la audiencia pública virtual realizada el 5 de octubre, en la que se debatieron los pliegos que regularán la prestación entre 2028 y 2038. La gestión porteña sostiene que no corresponde incorporar indemnizaciones en el nuevo esquema si los trabajadores conservan sus empleos y no se interrumpe su antigüedad.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad decidió aplicar sanciones a las empresas concesionarias que no cumplieron con los recorridos de recolección durante la jornada de protesta. Aunque las autoridades no pueden sancionar directamente a los empleados por participar de la movilización, las compañías pueden recibir multas por incumplir las obligaciones establecidas en sus contratos.
La administración porteña sostiene que este mecanismo de penalización forma parte de las reglas habituales del servicio y no constituye una medida dirigida exclusivamente contra el Sindicato de Camioneros. En ese marco, mantiene su decisión de no financiar indemnizaciones en la próxima concesión.
El reclamo sindical se apoya en una práctica que se aplica desde 1998 y que suele denominarse informalmente “Ley Moyano”. Según ese mecanismo, cuando una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, se calculan indemnizaciones para el personal y luego los trabajadores vuelven a ser contratados, sin que necesariamente pierdan sus puestos ni su antigüedad.
Sin embargo, esa práctica no constituye una ley formal. La controversia gira en torno a su fundamento jurídico y a la posibilidad de trasladar el costo de esas compensaciones al presupuesto público, especialmente cuando la continuidad laboral está contemplada en las condiciones del servicio.
La discusión también presenta diferencias entre el contrato vigente y el que regirá en el futuro. Los pliegos actuales incluyen una cláusula de “Indemnizaciones Finales”, que establece que, al terminar la concesión, la empresa debe calcular las compensaciones correspondientes y que el Gobierno porteño debe aportar los fondos para su pago.
Esa disposición se vincula con el artículo 19 de la Ley 4120, que regula el servicio de higiene urbana de la Ciudad y establece la continuidad laboral de los trabajadores. La coexistencia de ambas previsiones abrió un debate sobre el alcance de las obligaciones del Estado y la aplicación de las indemnizaciones cuando no existe una pérdida efectiva del empleo.
Mientras tanto, la administración porteña prevé aprobar los nuevos pliegos en las próximas semanas y avanzar con la adjudicación entre los últimos meses de 2026 y febrero de 2027. El nuevo esquema comenzaría a funcionar en septiembre de 2028.
Hasta entonces, el contrato vigente deberá cumplirse bajo las condiciones actuales, incluida la cláusula que contempla el pago de indemnizaciones finales. La principal diferencia será que el próximo contrato no incorporará ese mecanismo, según la posición anunciada por el Gobierno porteño.El Gobierno porteño mantiene su decisión de excluir del próximo contrato de recolección de residuos el pago de indemnizaciones para los trabajadores que continúen en sus puestos cuando cambie la concesión del servicio. La discusión involucra a unos 6.500 empleados y un reclamo sindical que podría representar una suma cercana a los US$200 millones.
El conflicto escaló luego de que el dirigente sindical Pablo Moyano advirtiera que el gremio realizará nuevas movilizaciones, asambleas y paros para defender el pago de esas compensaciones. El reclamo se vincula con el vencimiento de los contratos actuales en 2028, aunque la renovación del servicio prevé garantizar la continuidad laboral y la antigüedad del personal.
La postura de la administración de Jorge Macri quedó expuesta durante la audiencia pública virtual realizada el 5 de octubre, en la que se debatieron los pliegos que regularán la prestación entre 2028 y 2038. La gestión porteña sostiene que no corresponde incorporar indemnizaciones en el nuevo esquema si los trabajadores conservan sus empleos y no se interrumpe su antigüedad.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad decidió aplicar sanciones a las empresas concesionarias que no cumplieron con los recorridos de recolección durante la jornada de protesta. Aunque las autoridades no pueden sancionar directamente a los empleados por participar de la movilización, las compañías pueden recibir multas por incumplir las obligaciones establecidas en sus contratos.
La administración porteña sostiene que este mecanismo de penalización forma parte de las reglas habituales del servicio y no constituye una medida dirigida exclusivamente contra el Sindicato de Camioneros. En ese marco, mantiene su decisión de no financiar indemnizaciones en la próxima concesión.
El reclamo sindical se apoya en una práctica que se aplica desde 1998 y que suele denominarse informalmente “Ley Moyano”. Según ese mecanismo, cuando una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, se calculan indemnizaciones para el personal y luego los trabajadores vuelven a ser contratados, sin que necesariamente pierdan sus puestos ni su antigüedad.
Sin embargo, esa práctica no constituye una ley formal. La controversia gira en torno a su fundamento jurídico y a la posibilidad de trasladar el costo de esas compensaciones al presupuesto público, especialmente cuando la continuidad laboral está contemplada en las condiciones del servicio.
La discusión también presenta diferencias entre el contrato vigente y el que regirá en el futuro. Los pliegos actuales incluyen una cláusula de “Indemnizaciones Finales”, que establece que, al terminar la concesión, la empresa debe calcular las compensaciones correspondientes y que el Gobierno porteño debe aportar los fondos para su pago.
Esa disposición se vincula con el artículo 19 de la Ley 4120, que regula el servicio de higiene urbana de la Ciudad y establece la continuidad laboral de los trabajadores. La coexistencia de ambas previsiones abrió un debate sobre el alcance de las obligaciones del Estado y la aplicación de las indemnizaciones cuando no existe una pérdida efectiva del empleo.
Mientras tanto, la administración porteña prevé aprobar los nuevos pliegos en las próximas semanas y avanzar con la adjudicación entre los últimos meses de 2026 y febrero de 2027. El nuevo esquema comenzaría a funcionar en septiembre de 2028.
Hasta entonces, el contrato vigente deberá cumplirse bajo las condiciones actuales, incluida la cláusula que contempla el pago de indemnizaciones finales. La principal diferencia será que el próximo contrato no incorporará ese mecanismo, según la posición anunciada por el Gobierno porteño.
