La decisión fue tomada el miércoles por el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, nueve días después de que venciera el plazo para que empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores presentaran propuestas para hacerse cargo de la compañía. El 5 de octubre, la Justicia había confirmado que no existían interesados en avanzar con una alternativa de salvataje.
Ante la ausencia de propuestas y la falta de un acuerdo con los acreedores, el magistrado consideró que no correspondía extender el proceso preventivo. En su resolución, sostuvo que la ley no le otorga facultades para demorar el trámite ni habilitar nuevos plazos que no estén contemplados en la normativa.
El fallo también advirtió que prolongar el procedimiento podría profundizar el deterioro patrimonial de la empresa, trasladar los costos del financiamiento a los acreedores cuyos créditos se generaron después de la presentación en concurso y reducir progresivamente el valor de los activos.
La situación financiera de Algodonera Avellaneda refleja la magnitud de la crisis. Según la resolución judicial, las deudas financieras reconocidas superan los US$260 millones, a las que se suman compromisos en moneda nacional. Además, la compañía acumula más de $6.000 millones en obligaciones posteriores a la apertura del concurso preventivo, correspondientes a gastos operativos, servicios públicos e impuestos que no pudo pagar.
Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco Nación, que concentraba más del 80% de las deudas relevantes para aprobar la propuesta de pago. Esos compromisos se originaron en las garantías que Algodonera Avellaneda había otorgado a Vicentin.
La empresa había pedido excluir al banco de la votación del acuerdo, pero la solicitud fue rechazada por la Justicia el 14 de septiembre. Luego de esa decisión, se habilitó una última instancia para que terceros interesados presentaran una propuesta de salvataje. Sin embargo, al vencer el plazo sin ofertas, quedó allanado el camino para la declaración de quiebra.
A partir de ahora, el proceso deberá definir cómo avanzar con la liquidación de la compañía y si existen condiciones para mantener temporalmente la actividad industrial mientras se procura una venta que permita resguardar el valor de los bienes y las fuentes laborales.
La decisión fue tomada el miércoles por el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, nueve días después de que venciera el plazo para que empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores presentaran propuestas para hacerse cargo de la compañía. El 5 de octubre, la Justicia había confirmado que no existían interesados en avanzar con una alternativa de salvataje.
Ante la ausencia de propuestas y la falta de un acuerdo con los acreedores, el magistrado consideró que no correspondía extender el proceso preventivo. En su resolución, sostuvo que la ley no le otorga facultades para demorar el trámite ni habilitar nuevos plazos que no estén contemplados en la normativa.
El fallo también advirtió que prolongar el procedimiento podría profundizar el deterioro patrimonial de la empresa, trasladar los costos del financiamiento a los acreedores cuyos créditos se generaron después de la presentación en concurso y reducir progresivamente el valor de los activos.
La situación financiera de Algodonera Avellaneda refleja la magnitud de la crisis. Según la resolución judicial, las deudas financieras reconocidas superan los US$260 millones, a las que se suman compromisos en moneda nacional. Además, la compañía acumula más de $6.000 millones en obligaciones posteriores a la apertura del concurso preventivo, correspondientes a gastos operativos, servicios públicos e impuestos que no pudo pagar.
Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco Nación, que concentraba más del 80% de las deudas relevantes para aprobar la propuesta de pago. Esos compromisos se originaron en las garantías que Algodonera Avellaneda había otorgado a Vicentin.
La empresa había pedido excluir al banco de la votación del acuerdo, pero la solicitud fue rechazada por la Justicia el 14 de septiembre. Luego de esa decisión, se habilitó una última instancia para que terceros interesados presentaran una propuesta de salvataje. Sin embargo, al vencer el plazo sin ofertas, quedó allanado el camino para la declaración de quiebra.
A partir de ahora, el proceso deberá definir cómo avanzar con la liquidación de la compañía y si existen condiciones para mantener temporalmente la actividad industrial mientras se procura una venta que permita resguardar el valor de los bienes y las fuentes laborales.
