La Cámara Alta tendrá una instancia clave este miércoles a las 14, cuando se reúna Labor Parlamentaria para definir si habrá sesión el jueves. Entre los temas previstos figuran la reforma de la Ley de Salud Mental, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Mercado Voluntario de Carbono. La convocatoria representa una nueva prueba para Patricia Bullrich, que busca reunir los respaldos necesarios para retomar el debate en el recinto después de varias semanas de negociaciones.
Sin embargo, la prioridad del Gobierno está puesta en el Presupuesto. El objetivo es conseguir dictamen en la Cámara de Diputados y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre. Para alcanzar esa meta, el oficialismo negocia con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, mientras Diego Santilli mantiene conversaciones con los gobernadores para sumar apoyos.
Las tratativas no se limitan a reunir los votos para aprobar la iniciativa. Los bloques dialoguistas reclaman modificaciones en partidas destinadas a discapacidad, universidades, asignaciones sociales y obras públicas. Los gobernadores, por su parte, buscan incorporar recursos para rutas, obras paralizadas y sistemas previsionales provinciales.
El Gobierno sostiene que cualquier cambio deberá preservar el equilibrio fiscal y el superávit primario. Esa condición constituye uno de los principales límites de la negociación, en un debate que también tiene implicancias políticas: será el segundo Presupuesto de la gestión de Javier Milei y establecerá el marco fiscal para un año electoral. El proyecto fue presentado en el Congreso en septiembre y se convirtió en una pieza central de las conversaciones entre el oficialismo y sus posibles aliados.
La reforma electoral es el otro gran objetivo de la Casa Rosada. La propuesta contempla eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, además de introducir cambios en el régimen de partidos políticos y otras modificaciones vinculadas con el sistema electoral y la Boleta Única.
El principal obstáculo está en el Senado, donde el proyecto necesita al menos 37 votos. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe conseguir el respaldo de otros espacios, entre ellos la UCR, el PRO y los bloques provinciales. Ante la falta de consenso, el debate quedó estancado y el Gobierno decidió no volver a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta contar con mayores garantías de apoyo.
La intención de emitir dictamen durante octubre quedó postergada y las negociaciones se trasladaron a noviembre. El oficialismo también busca vincular la discusión electoral con los acuerdos que mantiene con los gobernadores por recursos, obras y compromisos políticos para el próximo año. De ese modo, el Presupuesto y la eliminación de las PASO forman parte de una misma estrategia de negociación.
En paralelo, el Congreso mantiene otras iniciativas pendientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ya fue aprobado por Diputados con modificaciones y debe regresar al Senado para completar su trámite. La propuesta se vincula con los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de propiedad intelectual con Estados Unidos.
La reforma de la Ley de Salud Mental, en cambio, enfrenta diferencias relacionadas con su financiamiento. El proyecto oficial propone modificar el régimen de internaciones, incorporar herramientas para abordar las adicciones y establecer nuevas disposiciones sobre directivas anticipadas, pero todavía no consiguió el consenso necesario para avanzar.
También integran la agenda el marco regulatorio de biocombustibles, que ya obtuvo dictamen en el Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Ejecutivo pretende llevar al recinto junto con otras iniciativas económicas. A esa lista se suman la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la desregulación del mercado de seguros y otras reformas previstas para el cierre del año.
El calendario legislativo impone un margen acotado para las negociaciones. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y se prevé una actividad parlamentaria reducida durante la primera quincena de ese mes. Por eso, el oficialismo busca asegurar primero los acuerdos para el Presupuesto y mantener abierta la posibilidad de avanzar con la reforma electoral, mientras intenta definir qué otros proyectos podrán tratarse antes de fin de año.
La Cámara Alta tendrá una instancia clave este miércoles a las 14, cuando se reúna Labor Parlamentaria para definir si habrá sesión el jueves. Entre los temas previstos figuran la reforma de la Ley de Salud Mental, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y el Mercado Voluntario de Carbono. La convocatoria representa una nueva prueba para Patricia Bullrich, que busca reunir los respaldos necesarios para retomar el debate en el recinto después de varias semanas de negociaciones.
Sin embargo, la prioridad del Gobierno está puesta en el Presupuesto. El objetivo es conseguir dictamen en la Cámara de Diputados y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre. Para alcanzar esa meta, el oficialismo negocia con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, mientras Diego Santilli mantiene conversaciones con los gobernadores para sumar apoyos.
Las tratativas no se limitan a reunir los votos para aprobar la iniciativa. Los bloques dialoguistas reclaman modificaciones en partidas destinadas a discapacidad, universidades, asignaciones sociales y obras públicas. Los gobernadores, por su parte, buscan incorporar recursos para rutas, obras paralizadas y sistemas previsionales provinciales.
El Gobierno sostiene que cualquier cambio deberá preservar el equilibrio fiscal y el superávit primario. Esa condición constituye uno de los principales límites de la negociación, en un debate que también tiene implicancias políticas: será el segundo Presupuesto de la gestión de Javier Milei y establecerá el marco fiscal para un año electoral. El proyecto fue presentado en el Congreso en septiembre y se convirtió en una pieza central de las conversaciones entre el oficialismo y sus posibles aliados.
La reforma electoral es el otro gran objetivo de la Casa Rosada. La propuesta contempla eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, además de introducir cambios en el régimen de partidos políticos y otras modificaciones vinculadas con el sistema electoral y la Boleta Única.
El principal obstáculo está en el Senado, donde el proyecto necesita al menos 37 votos. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe conseguir el respaldo de otros espacios, entre ellos la UCR, el PRO y los bloques provinciales. Ante la falta de consenso, el debate quedó estancado y el Gobierno decidió no volver a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta contar con mayores garantías de apoyo.
La intención de emitir dictamen durante octubre quedó postergada y las negociaciones se trasladaron a noviembre. El oficialismo también busca vincular la discusión electoral con los acuerdos que mantiene con los gobernadores por recursos, obras y compromisos políticos para el próximo año. De ese modo, el Presupuesto y la eliminación de las PASO forman parte de una misma estrategia de negociación.
En paralelo, el Congreso mantiene otras iniciativas pendientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ya fue aprobado por Diputados con modificaciones y debe regresar al Senado para completar su trámite. La propuesta se vincula con los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de propiedad intelectual con Estados Unidos.
La reforma de la Ley de Salud Mental, en cambio, enfrenta diferencias relacionadas con su financiamiento. El proyecto oficial propone modificar el régimen de internaciones, incorporar herramientas para abordar las adicciones y establecer nuevas disposiciones sobre directivas anticipadas, pero todavía no consiguió el consenso necesario para avanzar.
También integran la agenda el marco regulatorio de biocombustibles, que ya obtuvo dictamen en el Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Ejecutivo pretende llevar al recinto junto con otras iniciativas económicas. A esa lista se suman la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la desregulación del mercado de seguros y otras reformas previstas para el cierre del año.
El calendario legislativo impone un margen acotado para las negociaciones. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y se prevé una actividad parlamentaria reducida durante la primera quincena de ese mes. Por eso, el oficialismo busca asegurar primero los acuerdos para el Presupuesto y mantener abierta la posibilidad de avanzar con la reforma electoral, mientras intenta definir qué otros proyectos podrán tratarse antes de fin de año.
