La Cámara de Senadores se prepara para una sesión maratónica mañana, 24 de diciembre, en un hecho casi inédito. El centro del conflicto hoy es el rechazo por parte de la oposición (con ayuda de algunos aliados) al artículo 75 en Diputados, que eliminaba el piso de financiamiento para universidades, discapacidad y el Hospital Garrahan. El Ejecutivo presiona para que el Senado reponga este artículo, pero los gobernadores de la “Liga del Norte” y del PRO han plantado bandera: no habrá quórum si no se garantizan partidas específicas para las cajas previsionales provinciales y obras viales.
Victoria Villarruel ha pasado el día de hoy recibiendo a senadores de la UCR y del peronismo dialoguista. Su estrategia es introducir cambios en la reglamentación para evitar que el proyecto vuelva a Diputados, una maniobra de alta costura legislativa que en la Casa Rosada miran con sospecha. “Victoria está jugando su propio partido de gobernabilidad”, deslizan cerca del despacho de Karina Milei, donde la desconfianza hacia la Vicepresidente no cesa.
El Presidente Javier Milei, desde su cuenta en X (antes Twitter), volvió a ratificar hoy que el “Déficit Cero” es el centro de gravedad de su gestión. Si el Congreso aprueba gastos sin financiamiento, el veto total está sobre la mesa. Esta postura de “todo o nada” ha puesto nerviosos a los inversores internacionales, que esperaban un cierre de año institucionalmente más ordenado.
En el bloque de Unión por la Patria, el kirchnerismo duro se mantiene abroquelado. Saben que si logran estirar la discusión hasta enero, el Gobierno llegará al vencimiento de deuda de los Bopreal y los soberanos sin una ley de gastos aprobada, lo que podría generar ruido en la cotización de los bonos.
Mañana será el día de la verdad. Si el presupuesto cae, Milei gobernará 2026 nuevamente por decreto, lo que le daría una discrecionalidad total sobre los fondos, pero a un costo de legitimidad política muy alto en un año donde debe consolidar su poder legislativo.
La negociación de último minuto incluye una partida extra de $21.347 millones para el Poder Judicial, un “guiño” que busca aceitar voluntades en una Corte Suprema que también tiene fallos sensibles pendientes para el inicio del próximo año.
