El mandatario aclaró que el concepto de “shutdown” que plantea su administración no sería equivalente al utilizado en Estados Unidos, sino un mecanismo destinado a reducir determinadas erogaciones del Estado cuando no se alcance el equilibrio fiscal.
Entre los sectores que podrían verse alcanzados por la medida se encuentran los legisladores nacionales. La propuesta contempla que diputados y senadores no perciban sus dietas si el Estado no cuenta con los recursos necesarios para sostener esos pagos.
Un análisis sobre el impacto potencial de la iniciativa, elaborado por una entidad especializada en presupuesto y administración financiera pública, señaló que cerca del 70% del gasto estatal habitual continuaría ejecutándose incluso ante la activación del mecanismo.
El estudio tomó como referencia el gasto devengado durante 2025 por la Administración Pública Nacional, que alcanzó los $123,5 billones. De ese total, unos $88,7 billones corresponden a partidas consideradas esenciales, equivalentes al 71,9% del gasto total.
Dentro de esos recursos se incluyen principalmente jubilaciones y pensiones, con un costo de $56,5 billones; asignaciones familiares, por $8,8 billones; seguro de desempleo, por $337.032 millones; y partidas destinadas a defensa, seguridad y salud, con montos de $5,9 billones y $6,8 billones, respectivamente. También se contemplan $10,1 billones correspondientes al pago de intereses de deuda.
El resto del gasto, estimado en unos $34,8 billones, quedaría dentro de la categoría de no indispensable e incluiría distintos gastos operativos y de funcionamiento del Estado.
Durante una cadena nacional, Milei explicó que el proyecto busca establecer un mecanismo de control fiscal permanente, al que definió como un “grillete fiscal”. Según la propuesta, si el déficit se mantiene en el tiempo, el Congreso debería intervenir para modificar el presupuesto y corregir el desequilibrio.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, se activaría el esquema de reducción del gasto no esencial, que implicaría la suspensión de nuevas erogaciones, la imposibilidad de avanzar con determinados contratos públicos y la restricción para incorporar personal.
El proyecto también establece que el Presidente, ministros, secretarios y legisladores dejarían de percibir sus ingresos hasta que se alcance nuevamente el equilibrio fiscal.
El mecanismo argentino presenta diferencias con el sistema aplicado en Estados Unidos. Allí, el llamado “shutdown” ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto necesario para financiar la administración pública, y no como consecuencia directa de un déficit fiscal.
En ese país existen determinados gastos considerados prioritarios que continúan funcionando aun durante un cierre administrativo. Además, el déficit presupuestario suele ser aprobado con frecuencia como parte de la política fiscal.
La iniciativa impulsada por el Gobierno argentino apunta a establecer una regla que impida que futuras administraciones gasten por encima de sus ingresos. De esta manera, busca limitar la posibilidad de que el Congreso habilite presupuestos con déficit.
Sin embargo, especialistas advierten que una regla de este tipo podría reducir el margen de maniobra de un gobierno para realizar determinadas inversiones públicas que requieran mayor gasto y financiamiento, como obras de infraestructura.
Actualmente, la normativa de administración financiera permite al Poder Ejecutivo prorrogar el presupuesto anterior cuando el Congreso no aprueba uno nuevo. Además, el Gobierno puede modificar partidas mediante herramientas administrativas para reasignar recursos entre distintas áreas.
En ese sentido, el mecanismo propuesto podría tener efectos similares a una reorganización del gasto público, aunque con mayores restricciones establecidas por ley.
Al igual que otras reformas económicas impulsadas por la administración nacional, la iniciativa apunta a fijar reglas de largo plazo que condicionen la política fiscal de futuros gobiernos, más allá del signo político de quienes estén al frente del Poder Ejecutivo.
El mandatario aclaró que el concepto de “shutdown” que plantea su administración no sería equivalente al utilizado en Estados Unidos, sino un mecanismo destinado a reducir determinadas erogaciones del Estado cuando no se alcance el equilibrio fiscal.
Entre los sectores que podrían verse alcanzados por la medida se encuentran los legisladores nacionales. La propuesta contempla que diputados y senadores no perciban sus dietas si el Estado no cuenta con los recursos necesarios para sostener esos pagos.
Un análisis sobre el impacto potencial de la iniciativa, elaborado por una entidad especializada en presupuesto y administración financiera pública, señaló que cerca del 70% del gasto estatal habitual continuaría ejecutándose incluso ante la activación del mecanismo.
El estudio tomó como referencia el gasto devengado durante 2025 por la Administración Pública Nacional, que alcanzó los $123,5 billones. De ese total, unos $88,7 billones corresponden a partidas consideradas esenciales, equivalentes al 71,9% del gasto total.
Dentro de esos recursos se incluyen principalmente jubilaciones y pensiones, con un costo de $56,5 billones; asignaciones familiares, por $8,8 billones; seguro de desempleo, por $337.032 millones; y partidas destinadas a defensa, seguridad y salud, con montos de $5,9 billones y $6,8 billones, respectivamente. También se contemplan $10,1 billones correspondientes al pago de intereses de deuda.
El resto del gasto, estimado en unos $34,8 billones, quedaría dentro de la categoría de no indispensable e incluiría distintos gastos operativos y de funcionamiento del Estado.
Durante una cadena nacional, Milei explicó que el proyecto busca establecer un mecanismo de control fiscal permanente, al que definió como un “grillete fiscal”. Según la propuesta, si el déficit se mantiene en el tiempo, el Congreso debería intervenir para modificar el presupuesto y corregir el desequilibrio.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, se activaría el esquema de reducción del gasto no esencial, que implicaría la suspensión de nuevas erogaciones, la imposibilidad de avanzar con determinados contratos públicos y la restricción para incorporar personal.
El proyecto también establece que el Presidente, ministros, secretarios y legisladores dejarían de percibir sus ingresos hasta que se alcance nuevamente el equilibrio fiscal.
El mecanismo argentino presenta diferencias con el sistema aplicado en Estados Unidos. Allí, el llamado “shutdown” ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto necesario para financiar la administración pública, y no como consecuencia directa de un déficit fiscal.
En ese país existen determinados gastos considerados prioritarios que continúan funcionando aun durante un cierre administrativo. Además, el déficit presupuestario suele ser aprobado con frecuencia como parte de la política fiscal.
La iniciativa impulsada por el Gobierno argentino apunta a establecer una regla que impida que futuras administraciones gasten por encima de sus ingresos. De esta manera, busca limitar la posibilidad de que el Congreso habilite presupuestos con déficit.
Sin embargo, especialistas advierten que una regla de este tipo podría reducir el margen de maniobra de un gobierno para realizar determinadas inversiones públicas que requieran mayor gasto y financiamiento, como obras de infraestructura.
Actualmente, la normativa de administración financiera permite al Poder Ejecutivo prorrogar el presupuesto anterior cuando el Congreso no aprueba uno nuevo. Además, el Gobierno puede modificar partidas mediante herramientas administrativas para reasignar recursos entre distintas áreas.
En ese sentido, el mecanismo propuesto podría tener efectos similares a una reorganización del gasto público, aunque con mayores restricciones establecidas por ley.
Al igual que otras reformas económicas impulsadas por la administración nacional, la iniciativa apunta a fijar reglas de largo plazo que condicionen la política fiscal de futuros gobiernos, más allá del signo político de quienes estén al frente del Poder Ejecutivo.
