A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastian Casanello extendió por diez días el secreto de sumario impuesto sobre la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, esta mañana el juez aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano.
Este lunes, la fundación se había presentado en el Juzgado Federal Nº 11 para solicitar su participación como querellante en la causa.
El pedido fue formalizado por el presidente de la organización, Pablo Secchi, junto a los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, quienes firmaron el escrito presentado ante el juez. Al quedar aceptada la petición, la ONG tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación a la par de la del fiscal Picardi.
En el escrito presentado en el Juzgado, Poder Ciudadano argumentó que los hechos investigados en la causa resultan, sin lugar a dudas, comprensivos de los intereses colectivos que representan. Se sostuvo que la corrupción no tiene una víctima individualizable, sino que el interés afectado es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas.
Por otro lado, remarcaron que al encontrarse la investigación bajo secreto de sumario, resulta complejo “ahondar en mayores precisiones” sobre los hechos.
La decisión de Casanello se basó en el mismo criterio que el magistrado sostuvo en la causa del Polo Obrero, y tuvo en cuenta la trayectoria de 30 años de la entidad, que en 1993 fue elegida como el Capítulo Argentino de Transparency International, una organización global líder en la lucha contra la corrupción.
La fundación también fue reconocida como parte querellante en otras actuaciones judiciales. Entre otras, tomaron intervención en el caso de Julio “Chocolate” Rigau, que tramitó ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata.
Cómo avanza la causa
Todavía sin imputaciones formales, los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron este lunes un nuevo escrito en el que buscan frenar la investigación por presuntos hechos de corrupción. La defensa alegó la existencia de “cosa juzgada” similar que tramitó en otro juzgado, aunque de acuerdo con la jurisprudencia solo podría aplicarse si hubiera existido una imputación previa con posterior sobreseimiento, algo que no sucedió.
De momento, la investigación del fiscal Picardi se centra en el análisis de los teléfonos secuestrados, la documentación incautada en Nordelta y la verificación de las compras que hizo el Estado a la droguería.
Además, esta semana fue procesado Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, quien habría demorado deliberadamente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo de barrios privados, supuestamente para darle tiempo a los dueños de la droguería Suizo Argentina, previo al allanamiento.
