Política

El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación. Los equipos jurídicos de Nación ya trabajan sobre los expedientes y prepara la estrategia judicial mientras define una salida administrativa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.

La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.

En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínmos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.

El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.

En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.