Política

El diputado nacional Agustín Rossi criticó enfáticamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que introduce modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional. Rossi advirtió que la reforma impulsada por el Gobierno nacional podría degenerar en un esquema “parapolicial” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y anticipó la intención de buscar su rechazo en el ámbito legislativo.

Durante una entrevista, Rossi sostuvo que el decreto “vulnera garantías individuales fundamentales” y aseveró que “transforma a la SIDE en una suerte de policía secreta”, al considerar que supuestamente habilita detenciones sin orden judicial y amplía de manera riesgosa las prerrogativas de inteligencia.

El ex jefe de Gabinete también enfatizó que permitir la intervención de las Fuerzas Armadas y de seguridad en tareas de inteligencia interior constituye una contravención a la Ley de Seguridad Interior y un retroceso en términos democráticos, además de alertar sobre un potencial impacto adverso en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

Acerca del DNU y los límites legales vigentes

Contrariamente a lo postulado por Rossi, el DNU no deroga las garantías constitucionales ni autoriza detenciones arbitrarias sin el correspondiente control judicial. La normativa mantiene la prohibición explícita de llevar a cabo actividades de inteligencia interior sobre ciudadanos por motivos de índole política, social o periodística. Toda actuación que pudiera afectar derechos individuales permanece sujeta al marco legal en vigor y al control del Poder Judicial.

Asimismo, el decreto no suprime la fiscalización parlamentaria: el DNU debe ser examinado por la Comisión Bicameral y, posteriormente, por ambas cámaras del Congreso de la Nación. En dicho proceso, puede ser aprobado o rechazado, preservando así el equilibrio republicano entre los poderes del Estado.

Inteligencia, seguridad y responsabilidad institucional

El Poder Ejecutivo Nacional fundamenta la actualización del sistema de inteligencia en la necesidad de hacer frente a nuevas amenazas de carácter transnacional, tales como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, las cuales demandan una coordinación operativa sin que ello implique la desarticulación de los límites entre las áreas de defensa, seguridad e inteligencia.

En este contexto, el Gobierno sostiene que la reorganización persigue optimizar la eficiencia y la trazabilidad operativa, sin que ello signifique la reinstauración de prácticas ilegales pretéritas ni la habilitación de mecanismos de persecución política.