La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, destacó el “esfuerzo fiscal” que realizó el Gobierno argentino para mitigar los efectos de la pandemia y reiteró la necesidad de auxiliar a los países de la región con una expansión de los derechos especiales de giro (DEG) a través del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Argentina hizo un esfuerzo fiscal muy importante, que rondó el 4,9%, incluso por encima del promedio regional que fue del 4,1% del PBI”, afirmó Bárcena durante su participación en las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central.
La afirmación de Bárcena, que reconoció el esfuerzo fiscal de la Argentina para minimizar el impacto de la pandemia, tuvo su correlato en acciones concretas del Gobierno argentino a partir de las restricciones que se produjeron durante el mes de marzo producto de la emergencia sanitaria.
Las dos medidas más importantes que adoptó la administración del presidente Alberto Fernández fueron la implementación de los programas Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Programa de Asistencia al Trabajo (ATP), que en su conjunto beneficiaron a cerca de 11 millones de personas.
El IFE se aplicó en un universo aproximado de 9 millones de personas con un pago mensual de $10.000 que incluyó a trabajadores y trabajadoras informales y de casas particulares, como así también a los monotributistas sociales y de las categorías A y B.
En el caso del ATP más de 1.800.000 trabajadores recibieron parte del sueldo desde el Estado, con depósitos directos en las cuentas bancarias de cada uno de los beneficiados.
Adicionalmente se impulsó una amplia moratoria que permitió regularizar obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras en hasta 120 cuotas que se comenzarán a pagar mensualmente a partir del próximo 16 de diciembre.
Todas estas acciones concretas para amortiguar el impacto de la pandemia se complementaron, además, con la refinanciación de deudas acumuladas en las tarjetas de crédito, préstamos personales a tasa 0 para trabajadores autónomos y la continuidad de los programas de precios cuidados, con valores máximos en algunos sectores.
La titular de la Cepal mostró su preocupación por el impacto que dejará la pandemia de coronavirus en los países de la región, a la vez que manifestó su escepticismo respecto de una rápida recuperación de las economías.
“Los impactos de la pandemia serán muy graves y las secuelas serán más largas de lo esperado”, alertó.
En este sentido, recordó que “la deuda mundial alcanza el 320% del PBI y vemos caída en la rentabilidad del sistema financiero. Mientras se espera que la economía mundial caiga un 8,1% este año, nosotros en la región vamos a estar cayendo un 9,1%”.
En términos comparativos, señaló que el PBI per cápita “retrocederá a los niveles de 2010, con una pobreza extrema de 96 millones de personas y 40 millones de hogares sin conexión a internet”.
“Si tuviésemos un crecimiento sostenido del 3% anual, llegaríamos al nivel de 2019 recién en el 2023, por eso será fundamental una política fiscal activa como también una política monetaria expansiva”, explicó.
Bárcena advirtió que la región “aumentó su endeudamiento en 9,3 puntos del PBI y el pago de intereses (de las deudas) nos va comiendo una parte muy importante del gasto público”.
“Uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es saber si el FMI va a aprobar mayores Derechos Especiales de Giro, en el caso de una emisión de US$ 500.000 millones llegarían US$25.000 millones a América del Sur”, puntualizó.
En otro orden, sostuvo que en esta crisis social será indispensable repensar una mejor distribución de los ingresos, con impuestos “sobre el patrimonio y la propiedad”.
“Si nos proponemos vivir en una sociedad más justa, se podría redistribuir por año un 0,5% del coeficiente Gini (mide la desigualdad de los ingresos) y así eliminaríamos la pobreza extrema en el 2024”, concluyó la directora ejecutiva de la Cepal.
