La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys pidió la captura de Leonardo Cositorto, cabeza visible de Generación Zoe, y de cinco de los directivos locales por supuesta estafa y asociación ilícita.
Las oficinas de la empresa, una de las que está bajo la mira de la Comisión Nacional de Valores por supuestas estafas, fueron allanadas este viernes a la mañana en Villa María, Córdoba a partir de denuncias por supuesto fraude financiero mediante el denominado “esquema ponzi” o sistema piramidal, según publicó el diario La Voz.
El Ministerio Público fiscal señaló que la Fiscalía a cargo de Juliana Companys encabezó “un operativo con cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad a raíz de tres denuncias por supuestas estafas contra Generación ZOE, sede Villa María. El local de esa empresa amaneció cerrado el jueves 17 de febrero y hay una gran incertidumbre en torno a su situación”.
Companys ordenó ocho detenciones tras los allanamientos. Además de Cositorto las órdenes de detención libradas por la fiscal involucran a Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Alvarez y Florencia Anahí Álvarez.
Los allanamientos fueron en la sede de la empresa (sobre avenida Alem) y también en domicilios particulares de personas vinculadas a la organización. Las oficinas de Villa María están cerradas desde hace unos días y para comunicarse con la empresa hay que hacerlo por whatsapp. Según dos personas confirmaron a La Voz, este mes se habían registrado por primera vez retrasos en las fechas habituales de pago.
Cositorto dijo desde República Dominicana en una entrevista con el canal C5N que en la sede de Villa María habían ingresado a robar.
La Comisión Nacional de Valores inició un sumario administrativo a Generación Zoe, Universidad del Trading y a Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.
La CNV además emitió una alerta internacional en el portal de IOSCO –organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo- y comunicaciones específicas a los reguladores de Colombia, España y Paraguay –países donde se ha detectado actividad de estos sujetos- informando la apertura del sumario y alertando a los demás reguladores y al público inversor en general sobre los hallazgos de la presente investigación.
Las actividades del conjunto de emprendimientos que aparecieron bajo el paraguas de Zoe habían llamado la atención por su rápida expansión pero sobre todo porque -en términos financieros- ofrecían rentabilidades absolutamente inconsistentes con la realidad de los mercados. Así, hablaban de retornos “garantizados” de arriba del 7% mensual, algo imposible de “garantizar”. Es una utilidad que podría lograrse asumiendo riesgos altísimos.
También Inspección General de Justicia (IGJ) empezó a investigar a Zoe por supuesta “captación masiva e indebida de ahorro público”. El organismo, que fiscaliza sociedades comerciales, lanzó una advertencia a posibles adherentes para que tomen “los recaudos que estimen adecuados”. La IGJ detectó una serie de “operaciones sospechosas” que están bajo investigación.
El sumario que hizo la IGJ fue múltiple, debido a que Zoe tiene 12 sociedades, entre las que se destacan “Zoe Capital S.A.”, “Zoe Sidema S.A.”, “Zoe Burger S.A.” (una hamburguesería) y “Universidad del Trading S.A.”, entre otras, que conforman el “Fideicomiso Latam Zoe”.
El 11 de febrero el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Cositorto y su requerimiento implicó el comienzo de una investigación penal.
La ONG Bitcoin Argentina también denunció a Zoe, en este caso, ante la Procuración General de la Nación (PROCELAC) el pasado 12 de febrero.
