El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió este lunes hasta el 23 de abril el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por más de US$ 7.000 millones, al ratificar a los acreedores que encara “una negociación de buena fe”, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense en un comunicado.
Se trata de un total de US$ 7.148 millones, en la undécima extensión de plazos para redefinir el repago de casi el 70% de la deuda bruta provincial.
Así, se precisó que, “a pesar de la decisión de un grupo de acreedores de presentar demandas de pago en los tribunales de Nueva York, la Provincia sigue comprometida a realizar una negociación de buena fe a fin de reformular los términos y condiciones de los bonos elegibles”.
“El equipo económico de la Provincia que está llevando adelante el proceso de reestructuración de deuda está convencido de que el litigio en los tribunales no es el camino, porque no resuelve el problema de sostenibilidad de la deuda de la Provincia ni aumenta la capacidad de pago existente. Por eso, la solución debe ser consensuada y compartida”, planteó el Ministerio.
Añadió que la Provincia “permanece abierta al diálogo con sus bonistas sobre posibles enmiendas a los términos de la propuesta establecidos en la invitación al canje de deuda, incluidos los informados en el comunicado emitido el pasado 21 de marzo”.
El viernes, en una conferencia de prensa, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había planteado que la provincia “continúa abierta al diálogo con los acreedores internacionales para encontrar una solución conveniente” en la reestructuración de la deuda en moneda extranjera.
Pero el gobernador había remarcado que ese proceso debe darse en el marco de un “esquema de vencimientos que esté dentro de las posibilidades de pago”.
El anuncio
Acompañado por su ministro de Hacienda, Pablo López, el mandatario se refirió a a la demanda que presentó el martes un grupo de bonistas ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York y remarcó que “la denuncia judicial no contribuye a la posibilidad de encontrar una solución”.
La presentación judicial fue impulsada por miembros del Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, que poseen once series de obligaciones con un monto de capital total de más de US$ 7.100 millones emitidas por la provincia, mientras se estaban desarrollando las conversaciones para alcanzar un acuerdo.
Kicillof planteó que “el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal dejó una deuda impagable” y expresó que “fue una pésima decisión dejar deuda en dólares con acreedores extranjeros” aunque sostuvo que desde que asumió, su administración buscó “alcanzar un consenso con los bonistas, situación en la que continuamos”.
“En estos días se pasó primero a conversaciones confidenciales en las que mejoramos nuestra propuesta. Recibimos del otro lado intransigencia e incomprensión. Luego, una denuncia judicial que no contribuye a la posibilidad de encontrar una solución. Así y todo, continuamos abiertos al diálogo con los acreedores”, puso de relieve el mandatario.
Kicillof expresó que su Gobierno desea “encontrar una solución conveniente para que ellos puedan cobrar y el Poder Ejecutivo pueda garantizar pagos”, y apuntó que la propuesta “está en completa sintonía con lo que propuso el Gobierno nacional es un esquema de vencimientos que esté dentro de las posibilidades de pago de la provincia”.
“Cualquier otra cosa sería imposible de afrontar. Cerrar acuerdos imposibles de afrontar es algo que no nos caracteriza. Nuestro gobierno no firma cosas de imposible cumplimiento”, indicó.
En ese tono, López advirtió que la provincia recibió un nivel de deuda en moneda extranjera “insostenible” y planteó que entre 2016 y 2019, “se incrementó 430 por ciento medida en pesos, lo que estuvo muy por encima de la inflación”.
López planteó que desde abril, el proceso pasó por etapas: “primero pidieron tiempo para conocer proceso de reestructuración de la deuda nacional; luego se demoró el vínculo debido al cambio de asesores financieros que ellos realizaron” y “sin embargo, desde enero se intensificaron conversaciones”.
“La recuperación económica que se advierte, permitió presentarle a este fondo una posible nueva propuesta, haciendo un esfuerzo grande, pero del otro lado hubo una actitud de cierta intransigencia con condiciones alejadas a las posibilidades de la provincia”, sostuvo
López reconoció que “está claro que lo que la provincia puede comprometerse a pagar difiere de las expectativas de los acreedores. Esa diferencia no excluye la buena fe y voluntad para llegar a un acuerdo y una solución consensuadas”.
“El único camino posible es seguir buscando una solución consensuada que implique asumir compromisos financieros que no conduzcan a una situación como la actual sino que sean compatibles con la capacidad de pago de la provincia”, subrayó.
