La discusión sobre el destino de los tres jueces -los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y el juez Germán Castelli– lleva varios meses ocupando la agenda pública.
En julio de este año, el kirchnerismo pidió en el Consejo de la Magistratura que se revisaran los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y otros siete magistrados impulsados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esos tres nombres se destacaron en la lista porque, como camaristas, los dos primeros ratificaron los procesamientos de Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su administración en la causa de los Cuadernos de las Coimas, y a su vez Castelli es miembro del Tribunal Oral Federal 7, el encargado de llevar adelante la etapa oral de esa misma investigación.
El Senado, con amplia mayoría kirchnerista, revocó esos tres traslados bajo el argumento de que habían sido designados con acuerdo de esa misma cámara en otros destinos, con lo cual les ordenó que regresaran a sus puestos originales.
Esa clase de traslados, sin embargo, fueron habilitados por la Corte Suprema de Justicia varias veces en los últimos años y se vienen haciendo desde la década del ’90 en forma habitual.
Según un recuento oficial, desde esa época se hicieron 65 traslados de jueces, 23 de los cuales se llevaron a cabo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Para intentar seguir en sus puestos y revertir la decisión del Senado -que también fue ratificada por el Presidente Alberto Fernández- Bruglia, Bertuzzi y Castelli hicieron presentaciones ante la Justicia y también solicitaron un proceso de per saltum para que la Corte Suprema trate directamente el tema, un pedido que fue aceptado por los magistrados, que este martes se reunieron de manera virtual.
Los cinco jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Helena Highton venían trabajando en sus dictámenes desde hace días y bajo un hermetismo total. No quisieron que se conozcan ni anticipen los detalles de la decisión de cada uno.
Hace una semana, en otra de las reuniones virtuales, discutieron sobre la situación de los magistrados pero no lograron un acuerdo. El sábado, Clarín adelantó que el fallo sería inminente porque al menos dos ministros de la Corte plantearon que se intercambien proyectos y se busquen consensos para votar.
Más allá de la discusión dentro de la Corte, el contexto en que emitirán una solución es de máxima tensión política.
El Gobierno tiene puesto un ojo en el tribunal sobre el que desconfía y acusa de jugarle en contra. Sobre todo apuntan contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
