El Tribunal Oral Federal N° 5 solicitó una serie de medidas de pruebas contra Cristina y Máximo Kirchner en el causa Hotesur-Los Sauces que aún espera fecha de juicio.
Los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Pallioti hicieron lugar al pedido del fiscal Diego Velasco y ordenaron este miércoles a Edesur, Metrogas, Telecom y Telefónica a que informen a nombre de quién se encontraban contratados esos servicios en los departamentos de Puerto Madero, vinculados a Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Uno de los pedidos está dirigido a la administración del Complejo Madero Center para que informen si hubo vehículos que hayan utilizado las cocheras de los inmuebles ubicados en ese edificio.
Los magistrados ordenaron también nuevas pericias contables sobre el patrimonio de la expresidenta y su hijo para determinar si hubo retornos por adjudicación de obras públicas por parte de Lázaro Báez.
“Atento al estado de los presentes actuados, hágase saber al Colegio Pericial interviniente, que deberá retomar la ejecución de las tareas oportunamente encomendadas e informar el plazo de su finalización”, sostiene la resolución del TOF.
Los pedidos de informes también se libraron en la provincia de Santa Cruz, ya que, según el dictamen fiscal, “ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
Por eso, con “carácter de muy urgente y en el término de 10 días, se remitan los antecedentes y permisos de construcción que existan respecto del predio ubicado en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y la calle Günter Pluschow; debiendo remitir un plano de catastro de la ciudad donde se indique la ubicación del terreno”, solicitaron los jueces.
También se deberán informar “los datos catastrales del predio en cuestión, como así también el historial de los sucesivos titulares y sus respectivos datos personales”.
Una vez que el TOF reciba estos documentos deberá fijar la fecha de juicio y será la primera vez que la expresidenta este en el banquillo de los acusados junto a su hijo Máximo.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema ordenó que la causa por lavado de dinero y asociación ilícita sea elevada a juicio.
El entramado involucra a los hoteles, propiedad de la familia Kirchner: la Justicia cree que emitía facturas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre otros empresarios, para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos -apelados por el fiscal Diego Velasco-que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Fededal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.
El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.
Los Sauces-Hotesur es una de las causas que la expresidenta tiene elevadas a juicio oral. La otra es el Pacto con Irán.
En diciembre la Corte confirmó el sobreseimiento en “Dólar futuro”. En noviembre de este año, comenzará el juicio por “Cuadernos de la coima” en el Tribunal Oral Federal 7 y la Corte debe resolver sobre la condena de 6 años que la expresidenta recibió por “Vialidad”.
