La oposición volverá a la carga en la Cámara de Diputados con proyectos que abordan problemáticas muy sensibles, pero con un impacto fiscal que el gobierno nacional considera inaceptable. Más allá de que reconocen que el oficialismo se fortaleció tras la salida del cepo, con un dólar controlado y una leve mejora en la inflación, confían en que para la Casa Rosada será cada vez más difícil juntar voluntades dispuestas “inmolarse” en su defensa.
El año pasado el presidente Milei tuvo que vetar dos leyes que reunieron amplio consenso opositor: un aumento de jubilaciones (una nueva fórmula de ajuste y un aumento general del 8,2%) y un incremento en el presupuesto universitario. En ese entonces, Milei logró con éxito alinear al PRO, a los gobernadores y hasta fracturó el bloque UCR, dando origen a los “radicales con peluca”. No sólo eso, tampoco pagó un costo político significativo en los ojos de la opinión pública.
Pero el próximo miércoles la oposición volverá a traer al recinto las jubilaciones. Ya lo intentó sin éxito la semana pasada, aunque esta vez dejará fuera del temario la elección de autoridades de la Auditoría General de la Nación -un tema que genera fuertes fricciones entre los bloques- para asegurarse el quórum.
En esta sesión se debatirán varios proyectos, que van desde extender la moratoria previsional por dos años hasta implementar algún tipo de régimen proporcional que tenga en cuenta los aportes realizados en los casos en los que no se llega al mínimo de 30 años. También hay proyectos para otorgar un aumento generalizado de 7,2% a todos los haberes y para llevar el bono de $70 mil a más de $100 mil (y luego actualizarlo por inflación).
A excepción de la extensión de la moratoria, que solo tiene el apoyo de Unión por la Patria y la Izquierda, el resto de las iniciativas tiene chances reales de ser aprobadas y en caso de ser ratificadas en el Senado pondrán en un lugar incómodo al Gobierno.
“Proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI). Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, planteó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, cercano a Karina Milei.
Según calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la prórroga por dos años de la moratoria -el mecanismo que permite comprar los años de aporte faltantes- tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
Por su parte, si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera de $70.000 por mes a $105.000 a partir de junio, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso de que el beneficio subiera a $115.000 el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
Para el equipo del Palacio de Hacienda, que realizó sus propios cálculos y se los comunicó a Martín Menem, la suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones y el aumento del bono tendría un costo de 1,3% del PBI.
La declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 implica -según el dictamen de mayoría- una recomposición de los aranceles de las prestaciones y el establecimiento de una indexación para que la liquidación acompañe la inflación. También se modifican las condiciones para acceder al beneficio y se actualizan los nomencladores y el presupuesto de las pensiones no contributivas.
Esta semana el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó formalmente un proyecto de ley para garantizar el financiamiento de la educación pública superior que, entre otros puntos, establece un ajuste salarial vía paritaria que acompañe la inflación del Indec y propone que el presupuesto destinado a la educación universitaria “se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2031, como mínimo, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año”; comenzando con el 1% del PBI en 2026.
Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Frente de Izquierda y la Coalición Cívica adelantaron que en la próxima sesión buscarán aprobar un emplazamiento para obligar a la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, a tratar el tema. El objetivo de máxima sería llegar al recinto en la semana del 18 de junio.
Las tres iniciativas –jubilaciones, discapacidad y universidades– tocan una fibra sensible en la sociedad y el desafío del Gobierno será volver a bloquear el debate o directamente recurrir al veto presidencial. En las filas opositoras señalan que los 87 “heroes” que Milei pudo juntar para frenar la insistencia parlamentaria (el Congreso puede revertir un veto con dos tercios de los votos de ambas cámaras) podría verse afectado por la dinámica electoral.
En primer lugar, porque son temas antipáticos por los que tanto diputados y senadores pueden pagar costo político en sus provincias en medio de la campaña. “A los cordobeses ya los putearon por no dar quórum para debatir jubilaciones”, señaló un diputado dialoguista. En segundo lugar, porque las negociaciones de las alianzas electorales puede dejar heridos que ya no quieran jugar a fondo con el Gobierno porque no tienen nada que ganar. La lupa estará puesta entonces en gobernadores (por ejemplo Gustavo Sáenz, que perdió Salta capital a manos de los libertarios), macristas del PRO y hasta algún radical que ya no ve con tan buenos ojos a Milei.
“Hay que seguir intentando, nunca se sabe lo que puede pasar”, explicaba a Infobae un diputado dialoguista que recordaba que Milei el año pasado sostuvo los vetos con los votos justos.
