El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico tomo este jueves dos medidas de alto impacto para el Goberno. En primer lugar habilitó la feria judicial de enero para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de todo el decreto de necesidad y urgencia que dictó el gobierno de Javier Milei y luego determinó que el fuero laboral (cercano al sindicalismo) sea el que tramite el amparo que presentó la CGT para frenar la reformas al trabajo que impulsó el Presidente.
La decisión va en contra de lo que quería el Gobierno nacional que buscaba que ese tramo pasara el fuero Contencioso Administrativo. De todas maneras, el Gobierno puede apelar la medida.
El juez desarmó el amparo colectivo que inició el Observatorio del Derecho a la Ciudad y en el que se sumaban las distintas demandas contra el decreto y entendió que cada expediente debe tramitarse por separado.
Para habilitar la feria Lavie Pico sostuvo que “torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, explicó el juez.
Lavié Pico es el juez de feria. Quien está a cargo del expediente es Esteban Furnari que había decidido no abrir la feria.
La decisión de desarmar el amparo colectivo complica la estrategia del oficialismo. Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, buscaba que así quede encapsulado en un solo expediente y que cada reclamo se tomara como parte del amparo colectivo.
Con la decisión de Lavié Pico se podrán abrir diferentes causas e incluso así se habilita a que la presentación de la CGT se quede en el fuero laboral, proclive y cercano al sindicalismo. Ese fuero este jueves también habilitó una amparo que presentó la CTA -cercana al kirchnerismo- para frenar la parte del DNU que se refiere a la reforma laboral.
El juez Lavié Pico también consideró que el DNU trata materias muy disímiles y por ese motivo su contenido puede ser tratado por diferentes fueros y no sólo por los juzgados que entienden en lo Contencioso Administrativo. Esa decisión es justamente lo que reclaman la CGT y la CTA, que presentaron sus demandas ante la Justicia Laboral porque denuncian la parte del DNU que, según ellos consideran, afecta los derechos laborales.
Dice Lavié Pico: ” la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales, por lo que podrá, en su caso, examinarse -en los términos del artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional- de manera independiente y en relación a cada materia -en concreto- ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción”.
