La operación contempla la transferencia de la totalidad de las acciones de AySA que actualmente están en manos del Estado nacional. El procedimiento se desarrolla bajo un esquema de etapas múltiples y sin precio base, con el objetivo de seleccionar a un único operador estratégico para la compañía.
Dos grupos habían superado previamente la evaluación técnica y quedaron habilitados para presentar sus propuestas económicas. Uno de ellos es Rowing S.A., integrado por Transclor, de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.
El otro participante es Roggio ROAS S.A.U., del Grupo Roggio, conformado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo tiene actualmente participación en la operación de Aguas Cordobesas y en distintos servicios vinculados con infraestructura.
La empresa que resulte adjudicataria deberá afrontar un programa de inversiones superior a los US$2.000 millones entre 2027 y 2031. El plan previsto en los pliegos contempla trabajos de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.
Entre los objetivos fijados para 2031 se encuentra alcanzar una cobertura del 75,3% en el servicio de agua potable y del 63,9% en cloacas. Para el final de la concesión, establecida inicialmente por 30 años con posibilidad de prórroga, la cobertura deberá llegar como mínimo al 90% para agua y al 75% para la red cloacal.
El proceso está encuadrado en la Ley de Bases, que incluyó a AySA entre las empresas estatales sujetas a privatización, junto con las disposiciones de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.
El esquema de concesión también contempla definiciones sobre el régimen tarifario, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control y supervisión regulatoria que deberán aplicarse durante la prestación del servicio.
Uno de los puntos que adquiere relevancia dentro del proceso es la participación de Mauricio Filiberti. El empresario es propietario de Transclor, una compañía que históricamente abastece a AySA con insumos químicos necesarios para la potabilización del agua, entre ellos productos derivados del complejo cloro-soda y policloruro de aluminio (PAC). Al mismo tiempo, integra el consorcio encabezado por Rowing S.A., que presentó la oferta económica.
Esta situación plantea como uno de los aspectos a controlar, en caso de concretarse la adjudicación, el funcionamiento del sistema de compras, la contratación de compañías vinculadas y las condiciones de competencia entre los distintos proveedores.
Filiberti también posee participación accionaria en Edenor, empresa distribuidora de electricidad que tiene a AySA entre sus principales clientes industriales debido al elevado consumo energético de las plantas potabilizadoras, los sistemas de bombeo y las estaciones depuradoras.
En paralelo con el proceso de privatización, el esquema tarifario de AySA será analizado en una audiencia pública convocada para el 26 de octubre por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). El encuentro tendrá como eje el pedido de la empresa para modificar los coeficientes zonales y actualizar el régimen tarifario.
La convocatoria fue formalizada a través del Boletín Oficial y contempla el análisis de la propuesta técnica presentada por AySA. El planteo apunta a modificar un esquema que no tuvo una revisión integral desde su diseño original.
Uno de los cambios propuestos consiste en simplificar el sistema zonal aplicado al régimen no medido. Actualmente existen 11 coeficientes, con valores que van de 1,10 a 3,50. La propuesta de la empresa plantea reemplazarlos por cinco niveles, con una escala que iría de 0,75 a 2,75.
La evolución del proceso de privatización quedará así vinculada tanto con la definición del nuevo operador como con las condiciones de inversión, cobertura y tarifas que regirán durante la concesión.
La operación contempla la transferencia de la totalidad de las acciones de AySA que actualmente están en manos del Estado nacional. El procedimiento se desarrolla bajo un esquema de etapas múltiples y sin precio base, con el objetivo de seleccionar a un único operador estratégico para la compañía.
Dos grupos habían superado previamente la evaluación técnica y quedaron habilitados para presentar sus propuestas económicas. Uno de ellos es Rowing S.A., integrado por Transclor, de Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.
El otro participante es Roggio ROAS S.A.U., del Grupo Roggio, conformado por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo tiene actualmente participación en la operación de Aguas Cordobesas y en distintos servicios vinculados con infraestructura.
La empresa que resulte adjudicataria deberá afrontar un programa de inversiones superior a los US$2.000 millones entre 2027 y 2031. El plan previsto en los pliegos contempla trabajos de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.
Entre los objetivos fijados para 2031 se encuentra alcanzar una cobertura del 75,3% en el servicio de agua potable y del 63,9% en cloacas. Para el final de la concesión, establecida inicialmente por 30 años con posibilidad de prórroga, la cobertura deberá llegar como mínimo al 90% para agua y al 75% para la red cloacal.
El proceso está encuadrado en la Ley de Bases, que incluyó a AySA entre las empresas estatales sujetas a privatización, junto con las disposiciones de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.
El esquema de concesión también contempla definiciones sobre el régimen tarifario, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control y supervisión regulatoria que deberán aplicarse durante la prestación del servicio.
Uno de los puntos que adquiere relevancia dentro del proceso es la participación de Mauricio Filiberti. El empresario es propietario de Transclor, una compañía que históricamente abastece a AySA con insumos químicos necesarios para la potabilización del agua, entre ellos productos derivados del complejo cloro-soda y policloruro de aluminio (PAC). Al mismo tiempo, integra el consorcio encabezado por Rowing S.A., que presentó la oferta económica.
Esta situación plantea como uno de los aspectos a controlar, en caso de concretarse la adjudicación, el funcionamiento del sistema de compras, la contratación de compañías vinculadas y las condiciones de competencia entre los distintos proveedores.
Filiberti también posee participación accionaria en Edenor, empresa distribuidora de electricidad que tiene a AySA entre sus principales clientes industriales debido al elevado consumo energético de las plantas potabilizadoras, los sistemas de bombeo y las estaciones depuradoras.
En paralelo con el proceso de privatización, el esquema tarifario de AySA será analizado en una audiencia pública convocada para el 26 de octubre por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). El encuentro tendrá como eje el pedido de la empresa para modificar los coeficientes zonales y actualizar el régimen tarifario.
La convocatoria fue formalizada a través del Boletín Oficial y contempla el análisis de la propuesta técnica presentada por AySA. El planteo apunta a modificar un esquema que no tuvo una revisión integral desde su diseño original.
Uno de los cambios propuestos consiste en simplificar el sistema zonal aplicado al régimen no medido. Actualmente existen 11 coeficientes, con valores que van de 1,10 a 3,50. La propuesta de la empresa plantea reemplazarlos por cinco niveles, con una escala que iría de 0,75 a 2,75.
La evolución del proceso de privatización quedará así vinculada tanto con la definición del nuevo operador como con las condiciones de inversión, cobertura y tarifas que regirán durante la concesión.
