El escenario parlamentario se modificó después de que el oficialismo resolviera reincorporar restricciones a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La decisión generó dudas entre algunos bloques provinciales sobre la necesidad de avanzar con la sesión y abrió nuevas negociaciones sobre la participación de sus integrantes.
Entre legisladores vinculados a gobernadores señalaron que, tras el dictamen del proyecto, la convocatoria perdió parte de su sentido y consideraron que la iniciativa se encuentra en línea con una reciente definición de la Corte Suprema. Sin embargo, las conversaciones continuaron y las posiciones de varios bloques seguían sin estar definidas.
La discusión excede la vigencia del decreto de desregulación económica. También entrarán en juego los posicionamientos sobre el financiamiento de las universidades públicas y las medidas destinadas a las personas con discapacidad. En ese contexto, la asistencia de los bloques provinciales será determinante para establecer si la oposición consigue abrir el recinto.
Entre los sectores que todavía generan incertidumbre se encuentran los diputados que responden a gobernadores con vínculos políticos variables con la Casa Rosada. Si la oposición no alcanza el número necesario, el oficialismo evitará el debate sin afrontar necesariamente un costo político inmediato. En cambio, una diferencia ajustada podría aumentar la presión sobre los legisladores que todavía no definieron su postura.
En Santa Fe, referentes del espacio Provincias Unidas sostienen que la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que eliminó el artículo 154, dejó sin vigencia el DNU 70 en los términos discutidos. También advirtieron que modificar el decreto podría perjudicar la política de cielos abiertos. En esa línea, se anticipó la ausencia de un diputado de Chubut alineado con el gobernador provincial.
En Catamarca, el bloque Elijo Catamarca había manifestado su intención de participar de la sesión y defender la Ley 26.737, vinculada con la protección de las tierras rurales. No obstante, durante las últimas horas aumentaron las gestiones del Gobierno nacional para que sus integrantes no concurran. El gobernador de esa provincia había acompañado recientemente al Presidente durante una visita oficial a París.
La situación también permanece abierta en Salta, donde tres diputados responden al gobernador provincial. Una de las legisladoras atraviesa problemas de salud, mientras que los otros dos todavía no habían confirmado su asistencia.
En Tucumán, la postura de los tres diputados que responden al gobernador será otro factor relevante para el conteo de voluntades. Algo similar ocurre en Misiones, donde los cuatro integrantes de la representación provincial mantuvieron conversaciones con el mandatario local para definir su participación.
Córdoba aparece como uno de los distritos que podrían contribuir a la apertura del recinto. De los seis diputados peronistas mencionados en las negociaciones, cinco se sumarían al quórum, aunque la participación de una legisladora todavía genera dudas. Entre quienes manifestaron su disposición a asistir se encuentran representantes vinculados con distintos sectores del peronismo provincial y sus aliados.
Por su parte, dos diputados de Jujuy alineados con el gobernador también se comprometieron a estar presentes para contribuir al número necesario. Sin embargo, al igual que en Catamarca, continuaban las gestiones oficiales para intentar modificar esa decisión.
Con las posiciones todavía sujetas a negociaciones, el resultado dependerá de las definiciones de último momento y de la capacidad de cada espacio para sostener sus compromisos. La convocatoria no solo pondrá a prueba la estrategia opositora frente al DNU 70/2023, sino también el peso de los gobernadores en una Cámara de Diputados donde cada asistencia puede resultar decisiva.
El escenario parlamentario se modificó después de que el oficialismo resolviera reincorporar restricciones a la venta de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La decisión generó dudas entre algunos bloques provinciales sobre la necesidad de avanzar con la sesión y abrió nuevas negociaciones sobre la participación de sus integrantes.
Entre legisladores vinculados a gobernadores señalaron que, tras el dictamen del proyecto, la convocatoria perdió parte de su sentido y consideraron que la iniciativa se encuentra en línea con una reciente definición de la Corte Suprema. Sin embargo, las conversaciones continuaron y las posiciones de varios bloques seguían sin estar definidas.
La discusión excede la vigencia del decreto de desregulación económica. También entrarán en juego los posicionamientos sobre el financiamiento de las universidades públicas y las medidas destinadas a las personas con discapacidad. En ese contexto, la asistencia de los bloques provinciales será determinante para establecer si la oposición consigue abrir el recinto.
Entre los sectores que todavía generan incertidumbre se encuentran los diputados que responden a gobernadores con vínculos políticos variables con la Casa Rosada. Si la oposición no alcanza el número necesario, el oficialismo evitará el debate sin afrontar necesariamente un costo político inmediato. En cambio, una diferencia ajustada podría aumentar la presión sobre los legisladores que todavía no definieron su postura.
En Santa Fe, referentes del espacio Provincias Unidas sostienen que la aprobación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que eliminó el artículo 154, dejó sin vigencia el DNU 70 en los términos discutidos. También advirtieron que modificar el decreto podría perjudicar la política de cielos abiertos. En esa línea, se anticipó la ausencia de un diputado de Chubut alineado con el gobernador provincial.
En Catamarca, el bloque Elijo Catamarca había manifestado su intención de participar de la sesión y defender la Ley 26.737, vinculada con la protección de las tierras rurales. No obstante, durante las últimas horas aumentaron las gestiones del Gobierno nacional para que sus integrantes no concurran. El gobernador de esa provincia había acompañado recientemente al Presidente durante una visita oficial a París.
La situación también permanece abierta en Salta, donde tres diputados responden al gobernador provincial. Una de las legisladoras atraviesa problemas de salud, mientras que los otros dos todavía no habían confirmado su asistencia.
En Tucumán, la postura de los tres diputados que responden al gobernador será otro factor relevante para el conteo de voluntades. Algo similar ocurre en Misiones, donde los cuatro integrantes de la representación provincial mantuvieron conversaciones con el mandatario local para definir su participación.
Córdoba aparece como uno de los distritos que podrían contribuir a la apertura del recinto. De los seis diputados peronistas mencionados en las negociaciones, cinco se sumarían al quórum, aunque la participación de una legisladora todavía genera dudas. Entre quienes manifestaron su disposición a asistir se encuentran representantes vinculados con distintos sectores del peronismo provincial y sus aliados.
Por su parte, dos diputados de Jujuy alineados con el gobernador también se comprometieron a estar presentes para contribuir al número necesario. Sin embargo, al igual que en Catamarca, continuaban las gestiones oficiales para intentar modificar esa decisión.
Con las posiciones todavía sujetas a negociaciones, el resultado dependerá de las definiciones de último momento y de la capacidad de cada espacio para sostener sus compromisos. La convocatoria no solo pondrá a prueba la estrategia opositora frente al DNU 70/2023, sino también el peso de los gobernadores en una Cámara de Diputados donde cada asistencia puede resultar decisiva.
