La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y establece que la documentación deberá presentarse antes del 31 de octubre de 2026 a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) estará a cargo de las tareas de auditoría interna y del seguimiento de la información requerida.
Entre los datos que deberán aportar las universidades figuran sus actividades previstas, las recomendaciones de auditoría y las medidas correctivas que correspondan. También tendrán que adjuntar documentación respaldatoria y adaptar sus presentaciones a las características de cada institución, considerando su dimensión, estructura, distribución territorial y actividades específicas, además del perfil de los profesionales involucrados.
Uno de los principales ejes de la presentación será la información presupuestaria y financiera. Los requerimientos abarcan gastos, compras y contrataciones, transferencias, convenios, patrimonio, infraestructura, personal y liquidación de haberes. Con estos elementos, las autoridades nacionales evaluarán la planificación y la documentación correspondiente a la gestión de los recursos públicos.
La decisión se conoce en medio de la disputa entre el Ejecutivo y las universidades por el financiamiento de la educación superior. Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei cuestionó públicamente el manejo de los fondos universitarios y reclamó controles sobre las instituciones. En 2024, llegó a calificar de «chorros» a quienes, según sus declaraciones, se resistían a las auditorías.
Las exigencias de control se suman a las diferencias por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y al conflicto en torno al cumplimiento de una resolución judicial vinculada con esa normativa. El escenario también está marcado por las movilizaciones de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, que reclaman recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y mejores condiciones salariales.
La nueva resolución establece procedimientos administrativos de planificación, seguimiento y auditoría, pero no constituye por sí misma una denuncia de irregularidades ni determina que existan gastos indebidos. Las universidades, por su parte, cuentan con mecanismos propios de control y auditorías periódicas en el marco de su funcionamiento institucional.
Con la fecha límite fijada para fines de octubre, las instituciones deberán reunir y presentar la información solicitada para que sus planes de 2027 sean examinados dentro del esquema de control dispuesto por la SIGEN, en una etapa de tensión por el presupuesto y la autonomía universitaria.
La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y establece que la documentación deberá presentarse antes del 31 de octubre de 2026 a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC). La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) estará a cargo de las tareas de auditoría interna y del seguimiento de la información requerida.
Entre los datos que deberán aportar las universidades figuran sus actividades previstas, las recomendaciones de auditoría y las medidas correctivas que correspondan. También tendrán que adjuntar documentación respaldatoria y adaptar sus presentaciones a las características de cada institución, considerando su dimensión, estructura, distribución territorial y actividades específicas, además del perfil de los profesionales involucrados.
Uno de los principales ejes de la presentación será la información presupuestaria y financiera. Los requerimientos abarcan gastos, compras y contrataciones, transferencias, convenios, patrimonio, infraestructura, personal y liquidación de haberes. Con estos elementos, las autoridades nacionales evaluarán la planificación y la documentación correspondiente a la gestión de los recursos públicos.
La decisión se conoce en medio de la disputa entre el Ejecutivo y las universidades por el financiamiento de la educación superior. Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei cuestionó públicamente el manejo de los fondos universitarios y reclamó controles sobre las instituciones. En 2024, llegó a calificar de «chorros» a quienes, según sus declaraciones, se resistían a las auditorías.
Las exigencias de control se suman a las diferencias por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y al conflicto en torno al cumplimiento de una resolución judicial vinculada con esa normativa. El escenario también está marcado por las movilizaciones de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, que reclaman recursos para el funcionamiento de las casas de estudio y mejores condiciones salariales.
La nueva resolución establece procedimientos administrativos de planificación, seguimiento y auditoría, pero no constituye por sí misma una denuncia de irregularidades ni determina que existan gastos indebidos. Las universidades, por su parte, cuentan con mecanismos propios de control y auditorías periódicas en el marco de su funcionamiento institucional.
Con la fecha límite fijada para fines de octubre, las instituciones deberán reunir y presentar la información solicitada para que sus planes de 2027 sean examinados dentro del esquema de control dispuesto por la SIGEN, en una etapa de tensión por el presupuesto y la autonomía universitaria.
