El aumento fue cuestionado por el titular de una organización sindical que representa a farmacéuticos y bioquímicos, quien también puso en duda la metodología utilizada para medir la evolución de los precios del sector.
Según planteó, el relevamiento contempla una muestra de apenas 20 productos, por lo que el incremento informado podría ser mayor si se incluyera el conjunto de los medicamentos disponibles en las farmacias. También advirtió que el promedio estadístico no necesariamente representa las subas que afrontan los consumidores al momento de comprar sus remedios.
La diferencia entre los precios de los medicamentos y la inflación general también se refleja en los datos acumulados desde junio. Durante ese período, el IPC registró una suba del 5,81%, mientras que el sector farmacéutico acumuló un incremento del 7,12%, más de un punto porcentual por encima del promedio general.
De acuerdo con las cifras difundidas, el aumento acumulado de los medicamentos pasó del 15,1% a fines de junio al 23,3% al cierre de septiembre. La evolución muestra que, durante el período analizado, los incrementos del sector se ubicaron por encima de la variación general de los precios.
La situación genera preocupación por su impacto en la economía de los hogares, especialmente entre las personas que necesitan medicamentos de manera permanente o deben sostener tratamientos para enfermedades crónicas. En esos casos, el costo de los fármacos representa un gasto recurrente que incide directamente en el presupuesto familiar.
Otro de los puntos cuestionados es la concentración del mercado farmacéutico. Desde el sector sindical señalaron que la producción y comercialización de medicamentos continúa en manos de un número limitado de laboratorios, una situación que, según esa postura, restringe la competencia y dificulta una reducción de los precios.
Las críticas también alcanzaron la política de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional y por el ministro Federico Sturzenegger. Desde la organización sindical sostuvieron que las medidas no estarían generando las condiciones de competencia que promueve la administración nacional y cuestionaron sus resultados en el mercado farmacéutico.
El aumento fue cuestionado por el titular de una organización sindical que representa a farmacéuticos y bioquímicos, quien también puso en duda la metodología utilizada para medir la evolución de los precios del sector.
Según planteó, el relevamiento contempla una muestra de apenas 20 productos, por lo que el incremento informado podría ser mayor si se incluyera el conjunto de los medicamentos disponibles en las farmacias. También advirtió que el promedio estadístico no necesariamente representa las subas que afrontan los consumidores al momento de comprar sus remedios.
La diferencia entre los precios de los medicamentos y la inflación general también se refleja en los datos acumulados desde junio. Durante ese período, el IPC registró una suba del 5,81%, mientras que el sector farmacéutico acumuló un incremento del 7,12%, más de un punto porcentual por encima del promedio general.
De acuerdo con las cifras difundidas, el aumento acumulado de los medicamentos pasó del 15,1% a fines de junio al 23,3% al cierre de septiembre. La evolución muestra que, durante el período analizado, los incrementos del sector se ubicaron por encima de la variación general de los precios.
La situación genera preocupación por su impacto en la economía de los hogares, especialmente entre las personas que necesitan medicamentos de manera permanente o deben sostener tratamientos para enfermedades crónicas. En esos casos, el costo de los fármacos representa un gasto recurrente que incide directamente en el presupuesto familiar.
Otro de los puntos cuestionados es la concentración del mercado farmacéutico. Desde el sector sindical señalaron que la producción y comercialización de medicamentos continúa en manos de un número limitado de laboratorios, una situación que, según esa postura, restringe la competencia y dificulta una reducción de los precios.
Las críticas también alcanzaron la política de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional y por el ministro Federico Sturzenegger. Desde la organización sindical sostuvieron que las medidas no estarían generando las condiciones de competencia que promueve la administración nacional y cuestionaron sus resultados en el mercado farmacéutico.
