El proyecto de Presupuesto 2027 contempla transferencias por $7,7 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La discusión se desarrolla luego de una movilización multitudinaria frente al Congreso en reclamo del cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.
Para respaldar la propuesta oficial, Torrendell señaló que las universidades representarían el 3,88% del gasto total del Estado nacional en 2027. Según las cifras que presentó, la proporción fue del 3,52% en 2025, mientras que el promedio de las últimas dos décadas se ubicó en el 3,81%. A partir de esos datos, afirmó que el sistema universitario no perdió participación dentro del presupuesto nacional.
Uno de los ejes de la exposición fue el costo de funcionamiento de las instituciones. De acuerdo con los cálculos expuestos por el funcionario, el costo fiscal consolidado por cada graduado ronda los $80 millones, mientras que el financiamiento promedio anual por estudiante equivalente a tiempo completo alcanza los $12,4 millones.
También señaló diferencias significativas en la distribución de los recursos. Según indicó, ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó a las instituciones de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito entre los casos con asignaciones que pueden llegar o superar los $37 millones por estudiante. El funcionario sostuvo que estas disparidades deben ser explicadas, dado que los fondos provienen del conjunto de la sociedad.
La cantidad de alumnos informada por las universidades fue otro de los puntos cuestionados. Sobre la base de registros correspondientes a 2024, Torrendell indicó que las instituciones nacionales declararon 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado. Sin embargo, 881.000 habían aprobado al menos dos materias durante ese año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000, una medida que busca reflejar la dedicación académica efectiva y no solamente la inscripción.
En ese marco, el secretario planteó diferencias entre los registros de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que informó 349.286 estudiantes en su anuario estadístico y 105.391 en los datos aportados para un ranking internacional. Según cuestionó, una misma institución no debería presentar cifras distintas dependiendo del relevamiento. No obstante, para establecer si existe una discrepancia efectiva, es necesario considerar si ambos registros utilizan los mismos criterios de medición.
Los indicadores de permanencia y egreso también formaron parte de los argumentos oficiales. Torrendell afirmó que el 44,5% de quienes ingresan a universidades estatales abandona sus estudios al finalizar el primer año, mientras que el 18,7% logra graduarse dentro del tiempo teórico de la carrera. Para las instituciones privadas, el porcentaje de graduación en ese plazo alcanza el 40,8%, según los datos presentados.
La expansión del sistema universitario generó otro intercambio durante la exposición. El funcionario recordó que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, lo que representa el 42% del total. Ante los aplausos de legisladores opositores por ese dato, sostuvo que la creación de nuevas instituciones debe traducirse en mejores resultados educativos. En ese sentido, planteó que los principales desafíos pasan por mejorar la retención de estudiantes, la graduación y los aprendizajes, y no solamente por ampliar la cantidad de establecimientos.
En materia educativa, la defensa presupuestaria se extendió a una revisión de la distribución de los recursos destinados a la enseñanza básica en las provincias durante gestiones anteriores. Torrendell afirmó que en 2023 el 34,5% de los fondos nacionales para ese nivel se distribuyó entre más de 200 programas cuyo impacto pedagógico no había sido evaluado. Además, indicó que el 20% se destinó a equipamiento digital y el 21% a incentivos salariales, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya vinculación con mejoras en la enseñanza puso en duda.
Como alternativa, el funcionario defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática. En ese contexto, señaló que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales por encima del resultado de 2023.
La exposición se produjo en medio de la disputa por el financiamiento universitario y de las diferencias entre el Gobierno y las instituciones sobre los fondos necesarios para sostener el sistema. Torrendell sostuvo que la discusión debe incluir tanto el volumen del gasto como su distribución y sus resultados, y defendió la necesidad de orientar los recursos hacia mejoras concretas en los aprendizajes.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla transferencias por $7,7 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La discusión se desarrolla luego de una movilización multitudinaria frente al Congreso en reclamo del cumplimiento de la ley de presupuesto universitario.
Para respaldar la propuesta oficial, Torrendell señaló que las universidades representarían el 3,88% del gasto total del Estado nacional en 2027. Según las cifras que presentó, la proporción fue del 3,52% en 2025, mientras que el promedio de las últimas dos décadas se ubicó en el 3,81%. A partir de esos datos, afirmó que el sistema universitario no perdió participación dentro del presupuesto nacional.
Uno de los ejes de la exposición fue el costo de funcionamiento de las instituciones. De acuerdo con los cálculos expuestos por el funcionario, el costo fiscal consolidado por cada graduado ronda los $80 millones, mientras que el financiamiento promedio anual por estudiante equivalente a tiempo completo alcanza los $12,4 millones.
También señaló diferencias significativas en la distribución de los recursos. Según indicó, ocho universidades reciben más del doble del promedio nacional y mencionó a las instituciones de Tierra del Fuego, Patagonia, San Juan Bosco y Chilecito entre los casos con asignaciones que pueden llegar o superar los $37 millones por estudiante. El funcionario sostuvo que estas disparidades deben ser explicadas, dado que los fondos provienen del conjunto de la sociedad.
La cantidad de alumnos informada por las universidades fue otro de los puntos cuestionados. Sobre la base de registros correspondientes a 2024, Torrendell indicó que las instituciones nacionales declararon 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado. Sin embargo, 881.000 habían aprobado al menos dos materias durante ese año. Al aplicar un criterio de equivalencia a tiempo completo, la cifra se reduce a 642.000, una medida que busca reflejar la dedicación académica efectiva y no solamente la inscripción.
En ese marco, el secretario planteó diferencias entre los registros de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que informó 349.286 estudiantes en su anuario estadístico y 105.391 en los datos aportados para un ranking internacional. Según cuestionó, una misma institución no debería presentar cifras distintas dependiendo del relevamiento. No obstante, para establecer si existe una discrepancia efectiva, es necesario considerar si ambos registros utilizan los mismos criterios de medición.
Los indicadores de permanencia y egreso también formaron parte de los argumentos oficiales. Torrendell afirmó que el 44,5% de quienes ingresan a universidades estatales abandona sus estudios al finalizar el primer año, mientras que el 18,7% logra graduarse dentro del tiempo teórico de la carrera. Para las instituciones privadas, el porcentaje de graduación en ese plazo alcanza el 40,8%, según los datos presentados.
La expansión del sistema universitario generó otro intercambio durante la exposición. El funcionario recordó que, de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023, lo que representa el 42% del total. Ante los aplausos de legisladores opositores por ese dato, sostuvo que la creación de nuevas instituciones debe traducirse en mejores resultados educativos. En ese sentido, planteó que los principales desafíos pasan por mejorar la retención de estudiantes, la graduación y los aprendizajes, y no solamente por ampliar la cantidad de establecimientos.
En materia educativa, la defensa presupuestaria se extendió a una revisión de la distribución de los recursos destinados a la enseñanza básica en las provincias durante gestiones anteriores. Torrendell afirmó que en 2023 el 34,5% de los fondos nacionales para ese nivel se distribuyó entre más de 200 programas cuyo impacto pedagógico no había sido evaluado. Además, indicó que el 20% se destinó a equipamiento digital y el 21% a incentivos salariales, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuya vinculación con mejoras en la enseñanza puso en duda.
Como alternativa, el funcionario defendió la concentración de recursos en el Plan Nacional de Alfabetización y Matemática. En ese contexto, señaló que el 76,9% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua en la evaluación Aprender 2025, diez puntos porcentuales por encima del resultado de 2023.
La exposición se produjo en medio de la disputa por el financiamiento universitario y de las diferencias entre el Gobierno y las instituciones sobre los fondos necesarios para sostener el sistema. Torrendell sostuvo que la discusión debe incluir tanto el volumen del gasto como su distribución y sus resultados, y defendió la necesidad de orientar los recursos hacia mejoras concretas en los aprendizajes.
