La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick, en el marco del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. Este mecanismo permite que terceros formulen propuestas de acuerdo preventivo y, eventualmente, adquieran las participaciones que representan el capital social de la firma.
El registro permanecerá abierto durante cinco días. Para anotarse, los interesados deberán presentar una solicitud digital en el expediente judicial y depositar $200.000 en la cuenta de la causa. El monto está destinado a cubrir los gastos de publicación de avisos y podría modificarse una vez que se establezca el costo definitivo. Desde el juzgado señalaron que el cumplimiento de ambos requisitos es indispensable para formalizar la inscripción.
En caso de que se presenten interesados, se establecerá el cronograma correspondiente para la audiencia informativa y los demás plazos del procedimiento.
La apertura de esta instancia se produce después de que la empresa cerrara 25 locales y despidiera a unos 150 empleados. Frente al deterioro de su situación financiera, la firma solicitó su propia quiebra, pero el pedido fue rechazado por la Justicia y el proceso continuó bajo la modalidad de concurso preventivo.
La compañía había recurrido inicialmente a ese mecanismo para reestructurar deudas que rondaban los $1.200 millones y sostener sus operaciones. Sin embargo, las medidas adoptadas para revertir la crisis, entre ellas recortes de gastos, renegociaciones de alquileres, cambios de proveedores y reorganizaciones internas, no alcanzaron para compensar la caída de los ingresos.
Entre los factores que afectaron la actividad, la empresa señaló una fuerte contracción de la demanda, el aumento de los costos operativos y una estructura de gastos que quedó sobredimensionada tras la expansión de la cadena. Según sus propios datos, las ventas llegaron a caer más del 50% respecto de sus niveles históricos, lo que agravó los problemas de liquidez y dificultó el sostenimiento de los establecimientos. A esas dificultades se sumaron los costos fijos y las restricciones para acceder a financiamiento.
La crisis también generó conflictos con el personal. Alrededor de 150 trabajadores fueron notificados de sus despidos mediante mensajes de WhatsApp enviados durante la madrugada, según los reclamos difundidos tras el cierre de los locales. En ese momento, denunciaron que todavía no habían recibido los telegramas formales de desvinculación y que no podían ingresar a los establecimientos para retirar sus pertenencias porque las cerraduras habían sido cambiadas.
Los empleados también manifestaron dificultades para comunicarse con los directivos de la empresa, a quienes señalaron por no responder sus llamados ni mensajes. La incertidumbre laboral se sumó a los inconvenientes para cobrar las indemnizaciones correspondientes.
En ese contexto, la Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal (UPPA) indicó que la parte empleadora no se presentó a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo porteña. Ante la falta de respuestas, los trabajadores debían evaluar la posibilidad de iniciar reclamos individuales para intentar percibir las sumas adeudadas.
A su vez, la sindicatura advirtió que la empresa no había acreditado el pago de aportes y contribuciones vinculados con la obra social, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) y el seguro de vida del personal durante el período comprendido entre marzo y julio de 2026.
Con la apertura del registro, el proceso concursal incorpora una nueva instancia para buscar alternativas frente a la crisis de Pandanés. La posibilidad de presentar propuestas queda abierta a los acreedores, a una eventual cooperativa de trabajadores y a otros interesados que cumplan con los requisitos establecidos por la Justicia.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick, en el marco del artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. Este mecanismo permite que terceros formulen propuestas de acuerdo preventivo y, eventualmente, adquieran las participaciones que representan el capital social de la firma.
El registro permanecerá abierto durante cinco días. Para anotarse, los interesados deberán presentar una solicitud digital en el expediente judicial y depositar $200.000 en la cuenta de la causa. El monto está destinado a cubrir los gastos de publicación de avisos y podría modificarse una vez que se establezca el costo definitivo. Desde el juzgado señalaron que el cumplimiento de ambos requisitos es indispensable para formalizar la inscripción.
En caso de que se presenten interesados, se establecerá el cronograma correspondiente para la audiencia informativa y los demás plazos del procedimiento.
La apertura de esta instancia se produce después de que la empresa cerrara 25 locales y despidiera a unos 150 empleados. Frente al deterioro de su situación financiera, la firma solicitó su propia quiebra, pero el pedido fue rechazado por la Justicia y el proceso continuó bajo la modalidad de concurso preventivo.
La compañía había recurrido inicialmente a ese mecanismo para reestructurar deudas que rondaban los $1.200 millones y sostener sus operaciones. Sin embargo, las medidas adoptadas para revertir la crisis, entre ellas recortes de gastos, renegociaciones de alquileres, cambios de proveedores y reorganizaciones internas, no alcanzaron para compensar la caída de los ingresos.
Entre los factores que afectaron la actividad, la empresa señaló una fuerte contracción de la demanda, el aumento de los costos operativos y una estructura de gastos que quedó sobredimensionada tras la expansión de la cadena. Según sus propios datos, las ventas llegaron a caer más del 50% respecto de sus niveles históricos, lo que agravó los problemas de liquidez y dificultó el sostenimiento de los establecimientos. A esas dificultades se sumaron los costos fijos y las restricciones para acceder a financiamiento.
La crisis también generó conflictos con el personal. Alrededor de 150 trabajadores fueron notificados de sus despidos mediante mensajes de WhatsApp enviados durante la madrugada, según los reclamos difundidos tras el cierre de los locales. En ese momento, denunciaron que todavía no habían recibido los telegramas formales de desvinculación y que no podían ingresar a los establecimientos para retirar sus pertenencias porque las cerraduras habían sido cambiadas.
Los empleados también manifestaron dificultades para comunicarse con los directivos de la empresa, a quienes señalaron por no responder sus llamados ni mensajes. La incertidumbre laboral se sumó a los inconvenientes para cobrar las indemnizaciones correspondientes.
En ese contexto, la Unión Personal de Panaderías y Afines de la Capital Federal (UPPA) indicó que la parte empleadora no se presentó a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo porteña. Ante la falta de respuestas, los trabajadores debían evaluar la posibilidad de iniciar reclamos individuales para intentar percibir las sumas adeudadas.
A su vez, la sindicatura advirtió que la empresa no había acreditado el pago de aportes y contribuciones vinculados con la obra social, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) y el seguro de vida del personal durante el período comprendido entre marzo y julio de 2026.
Con la apertura del registro, el proceso concursal incorpora una nueva instancia para buscar alternativas frente a la crisis de Pandanés. La posibilidad de presentar propuestas queda abierta a los acreedores, a una eventual cooperativa de trabajadores y a otros interesados que cumplan con los requisitos establecidos por la Justicia.
