El Gobierno argentino ya analiza modificaciones para destrabar el tratamiento parlamentario, que fue postergado por la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. La Cámara de Diputados prevé retomar el debate hacia fines de octubre, aunque todavía no hay una fecha confirmada. En el oficialismo estiman que podrán reunir los votos necesarios una vez acordados los cambios.
La preocupación estadounidense fue reconocida públicamente por Landau durante una actividad en la Cancillería. El funcionario sostuvo que la legislación es una decisión soberana de la Argentina, pero remarcó que su país sigue de cerca el impacto sobre los intereses privados estadounidenses y que considera natural que los gobiernos protejan a sus empresas.
El encuentro en la Casa Rosada contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. La agenda incluirá cuestiones de seguridad regional, lucha contra el terrorismo y cooperación económica.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el alcance de las sanciones previstas en el Título I. La inquietud de Washington se concentra en las posibles consecuencias para compañías vinculadas de manera indirecta con las petroleras que operan sin autorización argentina en las islas, incluidas filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores. Las empresas involucradas en esas actividades fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
Tras las consultas con el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el oficialismo se comprometió a revisar distintos aspectos de la iniciativa.
Entre los cambios en evaluación figura limitar las sanciones a las operadoras directas, las licenciatarias, los proveedores y los accionistas directos de proyectos considerados ilegales en territorio argentino. De ese modo, quedarían excluidos los fondos de inversión que participen indirectamente. También se incorporaría la facultad del nuevo Consejo de Seguridad Nacional para aprobar o rechazar inversiones de Estados y empresas con capital extranjero.
Otro de los ajustes previstos apunta a restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas a situaciones en las que esté comprometida la defensa nacional. Además, se crearía una comisión bicameral del Congreso para supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, integrado exclusivamente por representantes del Poder Ejecutivo.
El artículo 111, que contempla sanciones por injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación, también está bajo revisión. La intención es excluir expresamente de esas disposiciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la defensa pública de intereses.
La discusión sobre la legislación argentina coincide con otro tema sensible en la relación bilateral: la propuesta de Estados Unidos de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo ante el cual la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Malvinas frente al Reino Unido desde 1965.
Landau respaldó la posibilidad de eliminar ese comité en el marco de una reforma más amplia de los organismos multilaterales. Argumentó que algunas de sus actuaciones adoptaron posiciones contrarias a los intereses estadounidenses, en particular sobre Puerto Rico, y sostuvo que existen numerosas estructuras de la ONU cuya actividad ha sido limitada. También pidió que la iniciativa no se interprete como una medida dirigida específicamente contra el reclamo argentino.
Quirno, por su parte, calificó la reivindicación de soberanía sobre las islas como “innegociable” y aseguró que una eventual disolución del organismo no modificaría la posición nacional. Según explicó, las resoluciones que respaldan la causa argentina son de carácter general dentro de las Naciones Unidas y no dependen exclusivamente de ese comité, aunque reconoció que se trata de un espacio en el que el país presenta anualmente sus argumentos.
El debate se produce después de que la Argentina se abstuviera, el 15 de octubre, en dos de los 23 proyectos tratados por la Cuarta Comisión de la ONU en materia de descolonización. El canciller atribuyó la decisión a cuestiones técnicas, mientras que sectores de la oposición interpretaron la abstención como un gesto hacia Washington.
En la Casa Rosada reconocen que la propuesta estadounidense llegó en un momento delicado para la discusión legislativa. Dentro del Ejecutivo consideran que la desaparición del comité no sería conveniente para los intereses argentinos, porque permite mantener activo el reclamo en el ámbito internacional. Sin embargo, no esperan avances inmediatos en la disputa de soberanía y entienden que el planteo de Trump también forma parte de una discusión política más amplia.
La visita de Landau incluye, además, anuncios de cooperación en seguridad y financiamiento. Quirno informó que la administración estadounidense aprobó 13 millones de dólares para programas contra el narcotráfico: 7,5 millones se destinarán a proyectos en la Argentina y el resto a iniciativas regionales.
En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con el funcionario estadounidense el Pacto para la Protección de la Infancia, que contempla un aporte de hasta 10 millones de dólares para combatir la trata de menores. También se anunció una contribución no reembolsable de 15 millones de dólares para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.
En relación con el uso de tecnología china en obras de infraestructura, Quirno negó que exista una política de discriminación por nacionalidad. Sostuvo que las decisiones se toman en función de evaluaciones de seguridad informática y de la necesidad de extremar los controles sobre quiénes administran las tecnologías utilizadas en el país.
Landau también se refirió a las restricciones de visas como herramienta de política exterior. El funcionario defendió esa política al afirmar que Estados Unidos no quiere admitir como visitantes a personas que representen una amenaza para su seguridad.
El vicesecretario de Estado destacó, además, el nivel de entendimiento entre ambos gobiernos y aseguró que la Argentina es el país con el que Washington mantiene mayor alineamiento. Según planteó, los acuerdos comerciales bilaterales podrían impulsar inversiones de gran magnitud y abrir una nueva etapa de crecimiento económico.
Consultado sobre si el respaldo estadounidense está condicionado a una victoria electoral de Milei en 2027, Quirno afirmó que la continuidad del rumbo económico es el principal requisito para generar previsibilidad. En ese sentido, mencionó el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal como factores centrales para atraer inversiones de largo plazo.
El Gobierno argentino ya analiza modificaciones para destrabar el tratamiento parlamentario, que fue postergado por la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. La Cámara de Diputados prevé retomar el debate hacia fines de octubre, aunque todavía no hay una fecha confirmada. En el oficialismo estiman que podrán reunir los votos necesarios una vez acordados los cambios.
La preocupación estadounidense fue reconocida públicamente por Landau durante una actividad en la Cancillería. El funcionario sostuvo que la legislación es una decisión soberana de la Argentina, pero remarcó que su país sigue de cerca el impacto sobre los intereses privados estadounidenses y que considera natural que los gobiernos protejan a sus empresas.
El encuentro en la Casa Rosada contará con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. La agenda incluirá cuestiones de seguridad regional, lucha contra el terrorismo y cooperación económica.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el alcance de las sanciones previstas en el Título I. La inquietud de Washington se concentra en las posibles consecuencias para compañías vinculadas de manera indirecta con las petroleras que operan sin autorización argentina en las islas, incluidas filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores. Las empresas involucradas en esas actividades fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
Tras las consultas con el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el oficialismo se comprometió a revisar distintos aspectos de la iniciativa.
Entre los cambios en evaluación figura limitar las sanciones a las operadoras directas, las licenciatarias, los proveedores y los accionistas directos de proyectos considerados ilegales en territorio argentino. De ese modo, quedarían excluidos los fondos de inversión que participen indirectamente. También se incorporaría la facultad del nuevo Consejo de Seguridad Nacional para aprobar o rechazar inversiones de Estados y empresas con capital extranjero.
Otro de los ajustes previstos apunta a restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas a situaciones en las que esté comprometida la defensa nacional. Además, se crearía una comisión bicameral del Congreso para supervisar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, integrado exclusivamente por representantes del Poder Ejecutivo.
El artículo 111, que contempla sanciones por injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación, también está bajo revisión. La intención es excluir expresamente de esas disposiciones al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la defensa pública de intereses.
La discusión sobre la legislación argentina coincide con otro tema sensible en la relación bilateral: la propuesta de Estados Unidos de disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, organismo ante el cual la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Malvinas frente al Reino Unido desde 1965.
Landau respaldó la posibilidad de eliminar ese comité en el marco de una reforma más amplia de los organismos multilaterales. Argumentó que algunas de sus actuaciones adoptaron posiciones contrarias a los intereses estadounidenses, en particular sobre Puerto Rico, y sostuvo que existen numerosas estructuras de la ONU cuya actividad ha sido limitada. También pidió que la iniciativa no se interprete como una medida dirigida específicamente contra el reclamo argentino.
Quirno, por su parte, calificó la reivindicación de soberanía sobre las islas como “innegociable” y aseguró que una eventual disolución del organismo no modificaría la posición nacional. Según explicó, las resoluciones que respaldan la causa argentina son de carácter general dentro de las Naciones Unidas y no dependen exclusivamente de ese comité, aunque reconoció que se trata de un espacio en el que el país presenta anualmente sus argumentos.
El debate se produce después de que la Argentina se abstuviera, el 15 de octubre, en dos de los 23 proyectos tratados por la Cuarta Comisión de la ONU en materia de descolonización. El canciller atribuyó la decisión a cuestiones técnicas, mientras que sectores de la oposición interpretaron la abstención como un gesto hacia Washington.
En la Casa Rosada reconocen que la propuesta estadounidense llegó en un momento delicado para la discusión legislativa. Dentro del Ejecutivo consideran que la desaparición del comité no sería conveniente para los intereses argentinos, porque permite mantener activo el reclamo en el ámbito internacional. Sin embargo, no esperan avances inmediatos en la disputa de soberanía y entienden que el planteo de Trump también forma parte de una discusión política más amplia.
La visita de Landau incluye, además, anuncios de cooperación en seguridad y financiamiento. Quirno informó que la administración estadounidense aprobó 13 millones de dólares para programas contra el narcotráfico: 7,5 millones se destinarán a proyectos en la Argentina y el resto a iniciativas regionales.
En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con el funcionario estadounidense el Pacto para la Protección de la Infancia, que contempla un aporte de hasta 10 millones de dólares para combatir la trata de menores. También se anunció una contribución no reembolsable de 15 millones de dólares para un centro de operaciones de ciberseguridad, que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.
En relación con el uso de tecnología china en obras de infraestructura, Quirno negó que exista una política de discriminación por nacionalidad. Sostuvo que las decisiones se toman en función de evaluaciones de seguridad informática y de la necesidad de extremar los controles sobre quiénes administran las tecnologías utilizadas en el país.
Landau también se refirió a las restricciones de visas como herramienta de política exterior. El funcionario defendió esa política al afirmar que Estados Unidos no quiere admitir como visitantes a personas que representen una amenaza para su seguridad.
El vicesecretario de Estado destacó, además, el nivel de entendimiento entre ambos gobiernos y aseguró que la Argentina es el país con el que Washington mantiene mayor alineamiento. Según planteó, los acuerdos comerciales bilaterales podrían impulsar inversiones de gran magnitud y abrir una nueva etapa de crecimiento económico.
Consultado sobre si el respaldo estadounidense está condicionado a una victoria electoral de Milei en 2027, Quirno afirmó que la continuidad del rumbo económico es el principal requisito para generar previsibilidad. En ese sentido, mencionó el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal como factores centrales para atraer inversiones de largo plazo.
