Una investigación judicial sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incorporó nueva documentación que busca reconstruir el recorrido de millones de dólares transferidos a distintas sociedades y beneficiarios en el exterior. Entre los elementos analizados aparecen órdenes de pago emitidas entre 2023 y 2025, con una firma atribuida a un exdirectivo de la entidad.
Los documentos, que fueron incorporados a la causa mediante procedimientos judiciales, contienen instrucciones para realizar transferencias a un total de 63 sociedades y dos personas físicas. Parte de esos movimientos habría permitido canalizar al menos 57 millones de dólares hacia empresas que actualmente están bajo investigación.
En el centro de la operatoria aparece TourProdEnter, una compañía vinculada al empresario Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. La firma habría recibido instrucciones para distribuir fondos provenientes de cuentas relacionadas con ingresos de la AFA hacia diferentes sociedades y destinatarios.
Uno de los aspectos que analiza la Justicia es la participación de Gerardo León, un exdirector ejecutivo de la asociación. Su firma aparece en distintas órdenes de pago que habrían sido emitidas durante el período investigado. Sin embargo, allegados al exdirectivo sostienen que la rúbrica fue falsificada y niegan que haya autorizado esas operaciones.
León había ocupado un cargo ejecutivo en la entidad entre 2017 y 2019 o 2020, según las referencias incorporadas al caso. Posteriormente continuó vinculado a la institución en calidad de asesor. Las órdenes cuestionadas corresponden a un período posterior a su salida de la dirección ejecutiva, un punto que forma parte de las explicaciones presentadas en su entorno.
Entre las sociedades que aparecen como destinatarias de los fondos figuran Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat, cuatro compañías registradas en el estado de Florida, Estados Unidos. En conjunto, habrían recibido más de 42 millones de dólares mediante transferencias vinculadas con la operatoria investigada.
Las cuatro firmas compartían una dirección comercial en Miami y utilizaron el mismo agente registrador para su constitución. Además, fueron disueltas en los registros societarios de Florida dos días después de que se hiciera pública información sobre su existencia y los movimientos financieros asociados.
Otra de las empresas identificadas en la documentación es Mafer Trading, que habría recibido 1.345.000 dólares a través de siete transferencias realizadas en un período de apenas tres meses. También aparece vinculada a los movimientos de fondos la sociedad W Trading.
El listado de destinatarios incluye, además, a Galatronic LLC, que habría recibido más de dos millones de dólares desde una cuenta bancaria vinculada a TourProdEnter. También figuran Blueloom LLC, New Chicago Financial Solutions LLC y otras sociedades registradas en distintos países.
Una parte de estas compañías ya había sido incorporada a investigaciones por posibles irregularidades financieras. Entre ellas aparecen Argen Agro LLC, Spring Stal, Alas del Fin del Mundo SRL, Tankat, Bernal Consulting, Capsen y Tech Global Solution, entre otras.
La documentación también permitió identificar transferencias que requieren establecer qué servicios justificaron los pagos, quiénes autorizaron las operaciones y qué controles se realizaron sobre las empresas que recibieron el dinero.
En paralelo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) elaboró un informe a partir de documentación obtenida mediante procedimientos de producción de pruebas en Estados Unidos. El análisis permitió identificar sociedades, cuentas bancarias y personas de interés, además de reconstruir posibles recorridos de fondos relacionados con actividades comerciales de la AFA.
La investigación continúa enfocada en determinar quiénes participaron efectivamente de las operaciones, cómo se confeccionaron las órdenes de pago y qué contraprestaciones existieron por los desembolsos realizados. También resta establecer quién autorizó las transferencias y si los destinatarios tenían una actividad económica que justificara los montos recibidos.
Por el momento, la documentación incorporada constituye material de análisis para la Justicia y no implica, por sí sola, que todas las personas o sociedades mencionadas hayan cometido delitos.
