Pese a lo anunciado por Javier Milei, el Gobierno evalúa no judicializar el aumento a las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la caída del veto en el Senado. Se trata de una de las estrategias que tiene en carpeta el Ejecutivo, que asegura que no aplicará el incremento de fondos que ordena la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En la Casa Rosada estudian la alternativa de no presentar una denuncia ante la Justicia para ganar tiempo y, llegado el momento, responder una demanda presentada por la oposición contra la decisión de Nación de no ejecutar los fondos. “No vamos a promulgar la ley y estamos definiendo el mecanismo que más lo dilate”, agregan.
La estrategia está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla.
La mesa jurídica de Balcarce 50 planteó también otras opciones, como presentar un recurso ante la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en la que se sancionó la ley. En Nación insisten con el argumento de que “la autoconvocatoria de Senado es ilegal” y que, por ese motivo, lo aprobado no tiene validez.
Otra alternativa que analizó el oficialismo es presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento de que la ley no “contempla más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla”. Invocan a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y apelan al “impacto fiscal”.
El Gobierno asegura además que no impulsará un aumento en las prestaciones de discapacidad más allá de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que lo estaban considerando, en medio de la votación por el rechazo al veto en la Cámara de Diputados. “Fue un pedido de diputados aliados. No va a suceder hasta que se resuelva lo judicial”
