La relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional continúa bajo una relación tensa. Sin embargo, Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) aclaró: “Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA”.
“La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar”
Sin embargo, el titular de dicho organismo explicó que la entidad futbolística sigue sujeta al control de este organismo, ya que no completó los procedimientos legales necesarios para trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según Vitolo, la AFA resolvió en una asamblea mudar su sede a la provincia, pero esta decisión carece de validez hasta que se reforme el estatuto, se obtenga la aprobación de la IGJ y se cumplan todos los trámites administrativos, incluyendo la notificación a la jurisdicción original una vez finalizado el proceso. “La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”,
El funcionario detalló que la AFA no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea, que adelantó un año la renovación de autoridades por un período de cinco años, fue impugnada por la IGJ y actualmente se encuentra judicializada, a la espera de una resolución de la Corte Suprema.
Además, Vitolo señaló que la AFA mantiene deudas informativas con la IGJ desde 2017, relacionadas con inconsistencias detectadas en los estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, explicó, y agregó que la entidad tampoco respondió a los requerimientos de aclaración sobre el destino de esos fondos.
El titular de la IGJ sostuvo que la AFA parece buscar iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires, dejando atrás las observaciones pendientes, pero advirtió que esto no será posible sin cumplir con las exigencias legales. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, subrayó. Vitolo también mencionó que la AFA celebró asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y sostuvo públicamente que ya está bajo la fiscalización de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, algo que “legalmente no es posible”.
En cuanto a la posibilidad de intervención de la AFA, Vitolo explicó que existen tres escenarios legales. El primero, bajo la órbita de la IGJ, se daría si se comprobara una violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento, lo que permitiría recomendar la intervención al ministro de Justicia de la Nación. No obstante, Vitolo descartó que esta opción esté siendo considerada actualmente por el Poder Ejecutivo.
El segundo escenario corresponde al ámbito penal, donde un juez podría tomar medidas para preservar bienes y pruebas en el marco de investigaciones por lavado de dinero. El tercero es de naturaleza civil, y permitiría que un club afiliado solicite la intervención judicial de la AFA ante la Justicia Civil Ordinaria de la Capital Federal, en caso de considerar que la institución está en peligro por el accionar de sus administradores. Las intervenciones pueden variar desde la designación de un veedor informante hasta la intervención plena con desplazamiento de autoridades.
Polémica por los balances de la AFA
Respecto a las herramientas legales disponibles, Vitolo explicó que la IGJ opera bajo una ley de 1980 y un decreto reglamentario de 1982, lo que limita sus facultades en materia de estados contables. En estos casos, la IGJ puede no aprobar los balances y aplicar multas, pero no tiene atribuciones para intervenir una asociación civil por la sola falta de aclaración de partidas, siempre que los estados contables hayan sido presentados. “La AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”, precisó, y detalló que la primera observación data de 2017 y la última corresponde a 2024.
Entre las partidas cuestionadas, Vitolo mencionó gastos de administración y gestión por dieciocho millones de dólares, pagos globales al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica por tres millones y medio de dólares, y gastos de selecciones nacionales por cuarenta y cuatro millones de dólares. También se refirió a aportes y subsidios a la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol por doce millones y medio de dólares. “La AFA tiene que explicar gastos por ciento once millones de dólares”, enfatizó, aunque aclaró que no se está afirmando que los fondos hayan sido mal utilizados, sino que es necesario conocer su composición para poder aprobar los balances.
La situación se replica en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, una asociación civil vinculada a la AFA y constituida en 2017 para la comercialización de derechos televisivos. Vitolo indicó que la Superliga debe justificar trescientos cuarenta y ocho millones de dólares, y que en los estados contables de 2020 figura un rubro de “rendiciones a clubes” por setenta y dos millones de dólares, sin especificar el destino de esos fondos. “¿Cómo puedo hacer yo un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió qué club?”, cuestionó.
Vitolo advirtió que la Superliga, al modificar su objeto social para centrarse casi exclusivamente en la comercialización de derechos, corre el riesgo de desnaturalizar su carácter de asociación civil sin fines de lucro, aunque el Código Civil permite ciertos fines de lucro secundarios desde 2015. La IGJ señaló estas observaciones y la Superliga realizó ajustes estatutarios, pero persisten las dudas sobre la transparencia de sus operaciones.
