En una resolución que marca el cierre de una de las etapas iniciales de la investigación sobre el uso indebido de fondos públicos en el programa Potenciar Trabajo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 de Buenos Aires, liderado por Sebastián Casanello, ha decidido llevar a juicio oral la acusación de administración fraudulenta contra Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero. Esta acusación se enmarca en un caso que habría ocasionado un perjuicio que supera los $49.417.301 a la administración pública nacional.
El expediente se enfoca en la supuesta emisión de facturas falsas a través de la empresa Coxtex SA. Las maniobras descritas por los denunciantes se consideran parte de un esquema organizado destinado al desvío de recursos que debían ser utilizados por las unidades de gestión del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, según lo que se expone en el documento judicial.
En una sección adicional de la investigación, Eduardo Belliboni y otros líderes de esta agrupación piquetera de izquierda ya han sido procesados y la causa ha sido llevada a juicio oral por los presuntos delitos de administración fraudulenta en detrimento del Estado. Se ha indicado que existen pruebas suficientes para establecer que el dirigente desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del Plan Potenciar Trabajo, y que al menos parte de estos fondos fueron empleados para financiar actividades partidarias.
El juez menciona que esta acción se llevó a cabo mediante la presentación de facturas falsas al Estado y el uso de una empresa fantasma, denominada Rumbos, que en teoría actuaba como proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero que en la práctica carecía de una actividad genuina, funcionando como una “caja partidaria” destinada a “diseñar” gastos y canalizar recursos.
Casanello señala que incluso se realizaron depósitos en la cuenta de Rumbos provenientes de “cápitas”, aportes que los beneficiarios de los planes debían realizar para no perder su ayuda estatal, según los hallazgos de la investigación. Las “amenazas coactivas” representan otro de los delitos que están bajo investigación en este caso.
La reciente decisión de Casanello indica que la elevación a juicio fue solicitada de manera unánime por el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción, la Fundación Poder Ciudadano y la Unidad de Información Financiera, quienes presentaron los hechos y pruebas recolectadas durante la instrucción.
Además de los detalles sobre la maniobra, la resolución menciona un aspecto relevante que hasta ahora había pasado desapercibido: las indagaciones se sustentaron en información forense digital extraída de los teléfonos de los acusados, incluyendo mensajes que evidencian una coordinación sistemática para la creación y uso de empresas fantasma.
Las evidencias aportadas por la fiscalía y los demandantes demuestran, con el nivel de certeza propio de esta fase del proceso, la presencia de una “matriz delictiva” dentro del Polo Obrero. Según el requerimiento de elevación consignado en el expediente el 13 de noviembre de 2025, entre junio de 2020 y marzo de 2024 se de.
