El Gobierno ha establecido un incremento trimestral del 6,6% para los trabajadores del sector público, además de un bono único de $50.000 que se pagará en agosto. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha manifestado su aceptación a esta propuesta, aunque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la ha rechazado.
La oferta contempla que el aumento salarial será desglosado en tres etapas: un 2,4% aplicado en junio, un 2,2% desde julio y un 1,9% en agosto.
“Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”, destacó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Las negociaciones se han llevado a cabo en medio de una notable tensión entre los sindicatos estatales y el Ejecutivo, luego de meses de reclamaciones por la disminución del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos.
Por otra parte, el descontento entre los docentes y trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires hacia el gobierno de Axel Kicillof se intensifica, a la espera de una nueva convocatoria para alcanzar un acuerdo paritario.
La propuesta de la administración de Javier Milei aclara que los aumentos serán acumulativos. Asimismo, el acuerdo paritario tendrá repercusiones en los salarios de los funcionarios nacionales. De acuerdo con el decreto 931/2025, los aumentos negociados para los empleados de la Administración Pública Nacional también se aplicarán a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades de rango similar.
En mayo, el salario bruto del jefe de Gabinete y de los ministros ascendió a $8.020.866, mientras que los secretarios percibieron $7.346.575 y los subsecretarios $6.672.510.
En contraste, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel han mantenido sus remuneraciones congeladas desde diciembre de 2023, recibiendo $4.066.018 y $3.764.820, respectivamente.
El gobierno provincial de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, ha decidido establecer un cuarto intermedio en las negociaciones paritarias con los trabajadores estatales, docentes y judiciales.
Las autoridades de la provincia y los sindicatos no lograron llegar a un consenso, lo que llevó a posponer la mesa paritaria. “Necesitamos seguir discutiendo la pérdida del poder adquisitivo de los estatales de la provincia a raíz del ajuste del gobierno nacional”, enfatizó Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires.
El acuerdo salarial en la provincia de Buenos Aires expiró en mayo y había incluido un aumento del 9,3% para el período de febrero a mayo, distribuyéndose en tres cuotas y con una cláusula de revisión.
