La causa quedó ahora bajo la conducción del fiscal Hernán Biglino, quien deberá continuar con las actuaciones relacionadas con los dos imputados que permanecen bajo investigación. Márquez todavía no pudo ser notificado y se prevé que sea citado a indagatoria.
Para disponer el archivo de las actuaciones contra Parisini, Pérez y Pazos, Ramírez analizó las publicaciones cuestionadas y concluyó que no encuadraban en las figuras penales investigadas. La fiscalía consideró que se trataba de expresiones de tono ácido, irónico y de fuerte descalificación política, vinculadas con discusiones de interés público y con la actividad parlamentaria de Paulón.
En el caso de Parisini, el análisis incluyó publicaciones realizadas entre febrero de 2024 y julio de 2025. La resolución las describió como cuestionamientos severos a la trayectoria pública del legislador, en algunos casos expresados mediante una retórica de carácter sarcástico.
La investigación tampoco encontró elementos que permitieran establecer que las publicaciones de los tres influencers formaran parte de una estructura coordinada con objetivos delictivos. Según la resolución, se trató de manifestaciones individuales relacionadas con el debate público y no se acreditó la existencia de un acuerdo criminal entre ellos.
La denuncia había contemplado posibles delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva, hostigamiento y discriminación. Luego de analizar esos elementos, Ramírez dispuso el archivo respecto de Parisini, Pérez y Pazos por considerar que no existía delito.
Paulón anticipó que apelará la decisión ante la Cámara para intentar que se revise el cierre de las actuaciones respecto de los tres acusados. El diputado sostuvo que el archivo habría sido consecuencia de una intervención política y señaló al Ministerio de Justicia de la Nación y a asesores del presidente Javier Milei. Se trata de una acusación formulada por el legislador, que deberá ser evaluada en las instancias correspondientes.
La denuncia continúa, en cambio, contra Sarubbi Benítez y Márquez. Paulón había presentado como elementos de prueba distintas publicaciones realizadas en X y contenidos difundidos en programas de streaming, que, según su planteo, formaban parte de una campaña de hostigamiento relacionada con su orientación sexual y su actividad política.
Entre las expresiones cuestionadas figuran acusaciones vinculadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y la pedofilia, que el diputado considera amenazantes y capaces de promover situaciones de violencia.
Sarubbi Benítez ya declaró en el expediente. Durante esa instancia cuestionó la actuación de Ramírez y sostuvo que la fiscal tenía un problema personal con él y que había vulnerado sus derechos en distintas oportunidades.
La salida de Ramírez del expediente se produjo después de una recusación presentada por Sarubbi Benítez. Tras el archivo parcial, la investigación pasó a manos de Biglino.
Márquez, por su parte, todavía no pudo ser indagado debido a que la Policía de la Ciudad no logró concretar la notificación correspondiente. El nuevo fiscal deberá avanzar ahora con su citación.
El conflicto entre Sarubbi Benítez y Ramírez ya había aparecido en otro expediente. En esa causa, originada en una denuncia por amenazas presentada por la diputada Marcela Pagano, el abogado también había recusado a la fiscal y denunciado a distintas personas, entre ellas Pagano y Jorge Rial, a quienes acusó de integrar una supuesta asociación ilícita.
En el ámbito de la Justicia porteña también existen antecedentes relacionados con Manuel Gorostiaga, conocido como Danann, quien en el pasado formó parte del espacio de influencers libertarios y posteriormente se distanció del Gobierno de Milei.
En marzo de 2024, Gorostiaga fue condenado por discriminación contra una mujer trans a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales. La resolución incluyó una multa y la prohibición de referirse a la víctima en cualquier medio o plataforma.
Un mes después, en otra causa por hostigamiento en redes sociales relacionado con cuestiones de género contra una periodista, acordó una probation. El acuerdo contempló 40 horas de tareas comunitarias y la participación en un taller de formación sobre violencia de género.
La causa quedó ahora bajo la conducción del fiscal Hernán Biglino, quien deberá continuar con las actuaciones relacionadas con los dos imputados que permanecen bajo investigación. Márquez todavía no pudo ser notificado y se prevé que sea citado a indagatoria.
Para disponer el archivo de las actuaciones contra Parisini, Pérez y Pazos, Ramírez analizó las publicaciones cuestionadas y concluyó que no encuadraban en las figuras penales investigadas. La fiscalía consideró que se trataba de expresiones de tono ácido, irónico y de fuerte descalificación política, vinculadas con discusiones de interés público y con la actividad parlamentaria de Paulón.
En el caso de Parisini, el análisis incluyó publicaciones realizadas entre febrero de 2024 y julio de 2025. La resolución las describió como cuestionamientos severos a la trayectoria pública del legislador, en algunos casos expresados mediante una retórica de carácter sarcástico.
La investigación tampoco encontró elementos que permitieran establecer que las publicaciones de los tres influencers formaran parte de una estructura coordinada con objetivos delictivos. Según la resolución, se trató de manifestaciones individuales relacionadas con el debate público y no se acreditó la existencia de un acuerdo criminal entre ellos.
La denuncia había contemplado posibles delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva, hostigamiento y discriminación. Luego de analizar esos elementos, Ramírez dispuso el archivo respecto de Parisini, Pérez y Pazos por considerar que no existía delito.
Paulón anticipó que apelará la decisión ante la Cámara para intentar que se revise el cierre de las actuaciones respecto de los tres acusados. El diputado sostuvo que el archivo habría sido consecuencia de una intervención política y señaló al Ministerio de Justicia de la Nación y a asesores del presidente Javier Milei. Se trata de una acusación formulada por el legislador, que deberá ser evaluada en las instancias correspondientes.
La denuncia continúa, en cambio, contra Sarubbi Benítez y Márquez. Paulón había presentado como elementos de prueba distintas publicaciones realizadas en X y contenidos difundidos en programas de streaming, que, según su planteo, formaban parte de una campaña de hostigamiento relacionada con su orientación sexual y su actividad política.
Entre las expresiones cuestionadas figuran acusaciones vinculadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y la pedofilia, que el diputado considera amenazantes y capaces de promover situaciones de violencia.
Sarubbi Benítez ya declaró en el expediente. Durante esa instancia cuestionó la actuación de Ramírez y sostuvo que la fiscal tenía un problema personal con él y que había vulnerado sus derechos en distintas oportunidades.
La salida de Ramírez del expediente se produjo después de una recusación presentada por Sarubbi Benítez. Tras el archivo parcial, la investigación pasó a manos de Biglino.
Márquez, por su parte, todavía no pudo ser indagado debido a que la Policía de la Ciudad no logró concretar la notificación correspondiente. El nuevo fiscal deberá avanzar ahora con su citación.
El conflicto entre Sarubbi Benítez y Ramírez ya había aparecido en otro expediente. En esa causa, originada en una denuncia por amenazas presentada por la diputada Marcela Pagano, el abogado también había recusado a la fiscal y denunciado a distintas personas, entre ellas Pagano y Jorge Rial, a quienes acusó de integrar una supuesta asociación ilícita.
En el ámbito de la Justicia porteña también existen antecedentes relacionados con Manuel Gorostiaga, conocido como Danann, quien en el pasado formó parte del espacio de influencers libertarios y posteriormente se distanció del Gobierno de Milei.
En marzo de 2024, Gorostiaga fue condenado por discriminación contra una mujer trans a raíz de publicaciones realizadas en redes sociales. La resolución incluyó una multa y la prohibición de referirse a la víctima en cualquier medio o plataforma.
Un mes después, en otra causa por hostigamiento en redes sociales relacionado con cuestiones de género contra una periodista, acordó una probation. El acuerdo contempló 40 horas de tareas comunitarias y la participación en un taller de formación sobre violencia de género.
