Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso analiza el levantamiento de restricciones para la compra por extranjeros

Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comentó que “la Ley de Tierras, aprobada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente efectiva”, ya que permitía crear estructuras societarias utilizando a argentinos como intermediarios para acceder a inversores foráneos.

Entre los elementos clave de la reforma se incluye la eliminación del límite del 15% en la compra de tierras por parte de extranjeros, la anulación del tope máximo según nacionalidad y la supresión del límite regional de mil hectáreas en la zona pampeana. Además, se autorizaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, práctica que estaba vetada para compradores no argentinos.

Esta propuesta legislativa también prevé modificar la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, significaría que el Estado tendría que pagar más por las tierras que necesite expropiar para llevar adelante proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, facilitaría que empresas y particulares extranjeros puedan adquirir tierras rurales, eliminando las restricciones existentes.

Morales destacó que no hay una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique esta reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó, recordando que el registro habilitado por la anterior Ley de Tierras nunca alcanzó el tope del 15% y que la norma incluía controles razonables.

Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, manifestó su preocupación en un espacio de streaming, advirtiendo que la medida “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana mencionó la importancia del acceso a fuentes de agua dulce y cuestionó si la reforma podría facilitar proyectos extractivos que no favorezcan el desarrollo local ni la protección ambiental.

Morales también mencionó que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para la planificación de proyectos económicos, pero enfatizó que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está previsto en la Constitución, y que Argentina carece de una ley que la regule adecuadamente. “Hay numerosos temas relacionados con amplios sectores de la población que no tienen seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y de las que dependen para producir”, agregó.

La actual legislación ha permitido en la práctica que se eludan restricciones mediante la creación de sociedades por argentinos que actúan como intermediarios, algo que Morales puntualizó sugiriendo que el registro servía para identificar a las empresas dueñas de las tierras. Indicó que algunas adquisiciones de grandes extensiones, como las de ciertos empresarios, se realizaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras se llevaron a cabo posteriormente utilizando estructuras legales complejas.

El debate sobre la transparencia en estas operaciones continúa. Morales destacó que el Estado puede investigar la titularidad efectiva de la tierra mediante el registro vigente, aunque reconoció las dificultades para rastrear testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.

En cuanto a la gestión ambiental y el control de los recursos naturales, Liebana subrayó la falta de claridad en la nueva normativa respecto a la protección de áreas sensibles, como nacientes y cursos de agua. Insistió en la necesidad de desarrollar mejores capacidades de control ambiental y expresó su inquietud por la reducción de recursos públicos destinados a la fiscalización y al control de incendios.

El oficialismo busca asegurar los votos necesarios para la aprobación de la reforma, después de retirar algunos artículos objeto de controversia relacionados con desalojos inmediatos en respuesta a las demandas de organizaciones sociales y de la Iglesia. Morales confirmó que el Gobierno ha ajustado el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, restringiéndolo a los casos de falta de pago, excluyendo a comunidades con ocupación histórica.

La discusión parlamentaria se da en un marco de tensiones entre quienes abogan por la inversión extranjera y quienes defienden la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales comentó la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto sobre qué planea el Estado en relación con un bien como la tierra”.

La discusión proseguirá en el Congreso, con la mirada puesta en la sesión prevista para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posturas críticas y demandan un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría alterar de manera significativa el régimen de tenencia de tierras en Argentina.

Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comentó que “la Ley de Tierras, aprobada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente efectiva”, ya que permitía crear estructuras societarias utilizando a argentinos como intermediarios para acceder a inversores foráneos.

Entre los elementos clave de la reforma se incluye la eliminación del límite del 15% en la compra de tierras por parte de extranjeros, la anulación del tope máximo según nacionalidad y la supresión del límite regional de mil hectáreas en la zona pampeana. Además, se autorizaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, práctica que estaba vetada para compradores no argentinos.

Esta propuesta legislativa también prevé modificar la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, significaría que el Estado tendría que pagar más por las tierras que necesite expropiar para llevar adelante proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, facilitaría que empresas y particulares extranjeros puedan adquirir tierras rurales, eliminando las restricciones existentes.

Morales destacó que no hay una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique esta reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó, recordando que el registro habilitado por la anterior Ley de Tierras nunca alcanzó el tope del 15% y que la norma incluía controles razonables.

Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, manifestó su preocupación en un espacio de streaming, advirtiendo que la medida “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana mencionó la importancia del acceso a fuentes de agua dulce y cuestionó si la reforma podría facilitar proyectos extractivos que no favorezcan el desarrollo local ni la protección ambiental.

Morales también mencionó que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para la planificación de proyectos económicos, pero enfatizó que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está previsto en la Constitución, y que Argentina carece de una ley que la regule adecuadamente. “Hay numerosos temas relacionados con amplios sectores de la población que no tienen seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y de las que dependen para producir”, agregó.

La actual legislación ha permitido en la práctica que se eludan restricciones mediante la creación de sociedades por argentinos que actúan como intermediarios, algo que Morales puntualizó sugiriendo que el registro servía para identificar a las empresas dueñas de las tierras. Indicó que algunas adquisiciones de grandes extensiones, como las de ciertos empresarios, se realizaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras se llevaron a cabo posteriormente utilizando estructuras legales complejas.

El debate sobre la transparencia en estas operaciones continúa. Morales destacó que el Estado puede investigar la titularidad efectiva de la tierra mediante el registro vigente, aunque reconoció las dificultades para rastrear testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.

En cuanto a la gestión ambiental y el control de los recursos naturales, Liebana subrayó la falta de claridad en la nueva normativa respecto a la protección de áreas sensibles, como nacientes y cursos de agua. Insistió en la necesidad de desarrollar mejores capacidades de control ambiental y expresó su inquietud por la reducción de recursos públicos destinados a la fiscalización y al control de incendios.

El oficialismo busca asegurar los votos necesarios para la aprobación de la reforma, después de retirar algunos artículos objeto de controversia relacionados con desalojos inmediatos en respuesta a las demandas de organizaciones sociales y de la Iglesia. Morales confirmó que el Gobierno ha ajustado el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, restringiéndolo a los casos de falta de pago, excluyendo a comunidades con ocupación histórica.

La discusión parlamentaria se da en un marco de tensiones entre quienes abogan por la inversión extranjera y quienes defienden la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales comentó la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto sobre qué planea el Estado en relación con un bien como la tierra”.

La discusión proseguirá en el Congreso, con la mirada puesta en la sesión prevista para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posturas críticas y demandan un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría alterar de manera significativa el régimen de tenencia de tierras en Argentina.