Carla Martín, presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, expuso la perspectiva del sector empresarial en una reciente entrevista: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín subrayó que su organización respalda la iniciativa para derogar la norma actual, apuntando que el eje del reclamo se centra en la forma de informar al consumidor y en los problemas que, según argumentan, genera el sistema de etiquetado vigente.
El sistema de octógonos negros, instaurado para advertir sobre excesos en azúcares, grasas, sodio y calorías, es el núcleo del debate. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero enfatizó que el actual mecanismo “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas”, y no favorece una dieta variada y equilibrada.
Desde la óptica de COPAL, los octógonos negros no distinguen adecuadamente entre productos con diferentes valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín puso de relieve un ejemplo: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Según su visión, el sistema no permite reflejar estas variaciones, lo que lleva a que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Cuestionada sobre la opción de mejorar el sistema actual en lugar de eliminarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. De acuerdo a su análisis, la única salida posible es derogar la ley existente para abrir el debate hacia una herramienta diferente que oriente más eficientemente a la población.
Martín también reconoció que las advertencias en las gaseosas, como la leyenda “no recomendada para niños”, juegan un rol informativo. Sin embargo, remarcó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que el mecanismo actual no fomenta que la industria mejore las fórmulas de sus productos debido a que los umbrales son demasiado altos.
La polémica en torno a la ley también involucra un análisis de su efectividad para alterar los hábitos de consumo. Según Martín, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. La presidenta de COPAL declaró que la herramienta vigente “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
Asimismo, Martín destacó la relevancia de la educación alimentaria y del acceso económico como los principales factores que identifican la población para cambiar sus hábitos, apuntando que la etiqueta de precios tiene un mayor impacto en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL destacó que, previo a la aprobación de la ley, la industria ya estaba trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en coordinación con el Ministerio de Salud. “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”, afirmó Martín.
La organización empresarial aboga por una regulación armonizada en el Mercosur. Martín recalcó que “para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Además, destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
Como modelo alternativo, COPAL menciona el sistema brasileño, que, según Martín, “logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. La entidad argumenta que una convergencia regulatoria facilitaría afrontar las dificultades del sistema de cálculo argentino.
Martín reconoció la existencia de más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y comentó que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. En el contexto del Mercosur, sostuvo que todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque existen diferencias significativas en la metodología empleada.
La discusión legislativa incluye proyectos tanto en el Senado como en Diputados, mientras se avanza en la agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió sobre la coexistencia de “dos instancias: una discusión local y otra regional”, subrayando la importancia de “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de contar con una nueva norma”.
El Gobierno está participando en negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal aún necesita ser armonizado. Martín expresó su expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.
Carla Martín, presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, expuso la perspectiva del sector empresarial en una reciente entrevista: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.
Martín subrayó que su organización respalda la iniciativa para derogar la norma actual, apuntando que el eje del reclamo se centra en la forma de informar al consumidor y en los problemas que, según argumentan, genera el sistema de etiquetado vigente.
El sistema de octógonos negros, instaurado para advertir sobre excesos en azúcares, grasas, sodio y calorías, es el núcleo del debate. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero enfatizó que el actual mecanismo “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas”, y no favorece una dieta variada y equilibrada.
Desde la óptica de COPAL, los octógonos negros no distinguen adecuadamente entre productos con diferentes valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín puso de relieve un ejemplo: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Según su visión, el sistema no permite reflejar estas variaciones, lo que lleva a que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.
Cuestionada sobre la opción de mejorar el sistema actual en lugar de eliminarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. De acuerdo a su análisis, la única salida posible es derogar la ley existente para abrir el debate hacia una herramienta diferente que oriente más eficientemente a la población.
Martín también reconoció que las advertencias en las gaseosas, como la leyenda “no recomendada para niños”, juegan un rol informativo. Sin embargo, remarcó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que el mecanismo actual no fomenta que la industria mejore las fórmulas de sus productos debido a que los umbrales son demasiado altos.
La polémica en torno a la ley también involucra un análisis de su efectividad para alterar los hábitos de consumo. Según Martín, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. La presidenta de COPAL declaró que la herramienta vigente “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.
Asimismo, Martín destacó la relevancia de la educación alimentaria y del acceso económico como los principales factores que identifican la población para cambiar sus hábitos, apuntando que la etiqueta de precios tiene un mayor impacto en la elección de productos que los octógonos negros.
COPAL destacó que, previo a la aprobación de la ley, la industria ya estaba trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en coordinación con el Ministerio de Salud. “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”, afirmó Martín.
La organización empresarial aboga por una regulación armonizada en el Mercosur. Martín recalcó que “para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Además, destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.
Como modelo alternativo, COPAL menciona el sistema brasileño, que, según Martín, “logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. La entidad argumenta que una convergencia regulatoria facilitaría afrontar las dificultades del sistema de cálculo argentino.
Martín reconoció la existencia de más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y comentó que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. En el contexto del Mercosur, sostuvo que todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque existen diferencias significativas en la metodología empleada.
La discusión legislativa incluye proyectos tanto en el Senado como en Diputados, mientras se avanza en la agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió sobre la coexistencia de “dos instancias: una discusión local y otra regional”, subrayando la importancia de “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de contar con una nueva norma”.
El Gobierno está participando en negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal aún necesita ser armonizado. Martín expresó su expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.











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