En breve, se espera que se firme el requerimiento de justificación para que Manuel Adorni explique las irregularidades en su patrimonio. Asimismo, tras una pericia ordenada, se debe determinar si se reabrirá el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros. Todas estas decisiones recaen en el juez Ariel Lijo.
Al frente del juzgado federal 4 durante más de veinte años, Lijo acumula causas penales que generan un especial interés en el Gobierno y también en el expresidente Alberto Fernández, dado su papel como subrogante del despacho que perteneció a Claudio Bonadio. En un contexto reciente, el juez se reunió en París con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en el marco de la GAFI, lo que suscitó diversas especulaciones. Fuentes del ámbito judicial señalaron que la invitación al encuentro fue extendida de manera separada, y que en la comitiva estaban presentes otros magistrados de Comodoro Py, alejándose de cualquier sospecha.
Después de que el presidente Milei intentara designar a Manuel García-Mansilla y a Lijo para los dos vacantes de la Corte Suprema, el magistrado retornó a sus funciones en los Tribunales de Retiro, donde ha acumulado causas de gran relevancia política.
Un total de 35 indagatorias se llevaron a cabo ante el fiscal federal Franco Picardi tras identificar nuevas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Estas maniobras, que involucraron a funcionarios públicos y empresarios proveedores, hayan costado aproximadamente 75.478.149.019 pesos del erario público, según la acusación formal presentada a los involucrados en Comodoro Py.
El 28 de abril, Diego Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, quien ya había sido procesado por corrupción, regresó a ser indagado debido a nuevos hechos que lo vinculan con el esquema de manejo irregular de fondos públicos. El fiscal Picardi sostiene que las irregularidades se habrían llevado a cabo desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Durante este período, funcionarios de la ANDIS habrían direccionado las compras de insumos de alto costo, asegurando que solo amigos y allegados obtuvieran contratos a cambio de sobornos.
Entre los indagados se encuentran Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, así como una extensa lista de empresarios que presuntamente se beneficiaron de este esquema. Se estableció que los insumos comercializados de manera ilícita incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares y materiales para cirugías complejas, todos gestionados a través del Programa Incluir Salud, dirigido a personas con discapacidad que se encuentran en situaciones vulnerables.
En este contexto, la decisión sobre si procesar nuevamente al exabogado del Presidente recae en el juez Lijo, quien tendrá que convalidar lo investigado por el fiscal Picardi hasta el momento.
La Casa Rosada está atenta a los próximos movimientos del magistrado en otro asunto delicado: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita espera información de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) sobre la evolución del patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, buscando inconsistencias en sus declaraciones de ingresos y egresos.
Una vez que esta documentación sea presentada, se firmará el requerimiento de justificación para que Adorni explique las discrepancias en su patrimonio ya que, según la fiscalía, hay elementos que no concuerdan. Mientras tanto, Lijo tiene en su despacho otra causa relacionada con hechos de corrupción vinculados a los seguros, que llevó a Alberto Fernández a estar al borde del juicio oral, hasta que el máximo tribunal penal decidió revisar ese procesamiento.
Esta medida obliga al juez a realizar una serie de pruebas, incluyendo un peritaje para aclarar el supuesto fraude que se investiga en relación al ex Jefe de Estado. Esta búsqueda de pruebas es esencial ya que es una orden del Tribunal que supervisa las acciones de los jueces de instrucción.
La pericia que el juez Lijo deberá llevar a cabo le dará tiempo a Alberto Fernández, quien estaba a un paso del juicio oral, pues el tribunal había confirmado su procesamiento. Hasta que se complete el estudio técnico-contable, el magistrado no podrá pronunciarse sobre si esto cambiará la situación procesal del ex presidente.
En breve, se espera que se firme el requerimiento de justificación para que Manuel Adorni explique las irregularidades en su patrimonio. Asimismo, tras una pericia ordenada, se debe determinar si se reabrirá el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros. Todas estas decisiones recaen en el juez Ariel Lijo.
Al frente del juzgado federal 4 durante más de veinte años, Lijo acumula causas penales que generan un especial interés en el Gobierno y también en el expresidente Alberto Fernández, dado su papel como subrogante del despacho que perteneció a Claudio Bonadio. En un contexto reciente, el juez se reunió en París con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en el marco de la GAFI, lo que suscitó diversas especulaciones. Fuentes del ámbito judicial señalaron que la invitación al encuentro fue extendida de manera separada, y que en la comitiva estaban presentes otros magistrados de Comodoro Py, alejándose de cualquier sospecha.
Después de que el presidente Milei intentara designar a Manuel García-Mansilla y a Lijo para los dos vacantes de la Corte Suprema, el magistrado retornó a sus funciones en los Tribunales de Retiro, donde ha acumulado causas de gran relevancia política.
Un total de 35 indagatorias se llevaron a cabo ante el fiscal federal Franco Picardi tras identificar nuevas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Estas maniobras, que involucraron a funcionarios públicos y empresarios proveedores, hayan costado aproximadamente 75.478.149.019 pesos del erario público, según la acusación formal presentada a los involucrados en Comodoro Py.
El 28 de abril, Diego Spagnuolo, exfuncionario libertario y exabogado del presidente Javier Milei, quien ya había sido procesado por corrupción, regresó a ser indagado debido a nuevos hechos que lo vinculan con el esquema de manejo irregular de fondos públicos. El fiscal Picardi sostiene que las irregularidades se habrían llevado a cabo desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Durante este período, funcionarios de la ANDIS habrían direccionado las compras de insumos de alto costo, asegurando que solo amigos y allegados obtuvieran contratos a cambio de sobornos.
Entre los indagados se encuentran Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, así como una extensa lista de empresarios que presuntamente se beneficiaron de este esquema. Se estableció que los insumos comercializados de manera ilícita incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares y materiales para cirugías complejas, todos gestionados a través del Programa Incluir Salud, dirigido a personas con discapacidad que se encuentran en situaciones vulnerables.
En este contexto, la decisión sobre si procesar nuevamente al exabogado del Presidente recae en el juez Lijo, quien tendrá que convalidar lo investigado por el fiscal Picardi hasta el momento.
La Casa Rosada está atenta a los próximos movimientos del magistrado en otro asunto delicado: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita espera información de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) sobre la evolución del patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, buscando inconsistencias en sus declaraciones de ingresos y egresos.
Una vez que esta documentación sea presentada, se firmará el requerimiento de justificación para que Adorni explique las discrepancias en su patrimonio ya que, según la fiscalía, hay elementos que no concuerdan. Mientras tanto, Lijo tiene en su despacho otra causa relacionada con hechos de corrupción vinculados a los seguros, que llevó a Alberto Fernández a estar al borde del juicio oral, hasta que el máximo tribunal penal decidió revisar ese procesamiento.
Esta medida obliga al juez a realizar una serie de pruebas, incluyendo un peritaje para aclarar el supuesto fraude que se investiga en relación al ex Jefe de Estado. Esta búsqueda de pruebas es esencial ya que es una orden del Tribunal que supervisa las acciones de los jueces de instrucción.
La pericia que el juez Lijo deberá llevar a cabo le dará tiempo a Alberto Fernández, quien estaba a un paso del juicio oral, pues el tribunal había confirmado su procesamiento. Hasta que se complete el estudio técnico-contable, el magistrado no podrá pronunciarse sobre si esto cambiará la situación procesal del ex presidente.
