El encuentro fue convocado por el Ministerio de Capital Humano y se realizará a las 11 en el Palacio Pizzurno. Participarán las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu y Conadu Histórica, además del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a más de 60 rectores de universidades.
El conflicto judicial tuvo un nuevo capítulo el 25 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Estado y dejó firme la medida cautelar dictada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick y posteriormente avalada por la Cámara de Apelaciones.
La disputa comenzó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente insistida por ambas cámaras legislativas con una mayoría significativa. Desde entonces, el Gobierno y las universidades mantienen posiciones enfrentadas respecto de su implementación.
Tras la decisión de la Corte Suprema, el CIN pidió al juez Cormick que aplique multas a los funcionarios considerados responsables del incumplimiento. Entre los señalados se encuentran el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el propio presidente Milei. También solicitó que se investigue si pudo existir una desobediencia a una orden judicial.
En ese marco, el juez convocó a una audiencia para el 21 de agosto, con el objetivo de avanzar en una instancia de diálogo entre las partes. Durante ese encuentro, representantes universitarios sostuvieron que el Gobierno había manifestado su intención de cumplir con la ley, aunque posteriormente se negó a dejar asentado ese compromiso en el acta.
La propuesta oficial fue volver a reunirse en un plazo de 30 días. Las universidades consideraron que esa alternativa implicaba extender los plazos sin avanzar de manera concreta en la aplicación de la normativa.
Por su parte, el Gobierno reclama el levantamiento de la medida cautelar y sostiene que ya comenzó a realizar pagos vinculados con la ley. Como argumento, la administración nacional señala el acuerdo paritario alcanzado en mayo, que estableció una mejora salarial del 21%, junto con otro incremento del 3% previsto para octubre.
Desde el Gobierno también sostienen que los sindicatos habían asumido el compromiso de retirar las acciones judiciales como parte del acuerdo, pero que posteriormente mantuvieron sus reclamos ante la Justicia.
El conflicto salarial y presupuestario derivó además en medidas de fuerza. El jueves y viernes de la semana pasada, los gremios docentes y nodocentes realizaron un paro nacional de 48 horas que afectó las actividades académicas y administrativas de las universidades públicas de todo el país.
La nueva reunión paritaria se desarrollará así mientras continúa abierta la disputa judicial y política por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El encuentro fue convocado por el Ministerio de Capital Humano y se realizará a las 11 en el Palacio Pizzurno. Participarán las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu y Conadu Histórica, además del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a más de 60 rectores de universidades.
El conflicto judicial tuvo un nuevo capítulo el 25 de junio, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Estado y dejó firme la medida cautelar dictada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick y posteriormente avalada por la Cámara de Apelaciones.
La disputa comenzó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente insistida por ambas cámaras legislativas con una mayoría significativa. Desde entonces, el Gobierno y las universidades mantienen posiciones enfrentadas respecto de su implementación.
Tras la decisión de la Corte Suprema, el CIN pidió al juez Cormick que aplique multas a los funcionarios considerados responsables del incumplimiento. Entre los señalados se encuentran el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el propio presidente Milei. También solicitó que se investigue si pudo existir una desobediencia a una orden judicial.
En ese marco, el juez convocó a una audiencia para el 21 de agosto, con el objetivo de avanzar en una instancia de diálogo entre las partes. Durante ese encuentro, representantes universitarios sostuvieron que el Gobierno había manifestado su intención de cumplir con la ley, aunque posteriormente se negó a dejar asentado ese compromiso en el acta.
La propuesta oficial fue volver a reunirse en un plazo de 30 días. Las universidades consideraron que esa alternativa implicaba extender los plazos sin avanzar de manera concreta en la aplicación de la normativa.
Por su parte, el Gobierno reclama el levantamiento de la medida cautelar y sostiene que ya comenzó a realizar pagos vinculados con la ley. Como argumento, la administración nacional señala el acuerdo paritario alcanzado en mayo, que estableció una mejora salarial del 21%, junto con otro incremento del 3% previsto para octubre.
Desde el Gobierno también sostienen que los sindicatos habían asumido el compromiso de retirar las acciones judiciales como parte del acuerdo, pero que posteriormente mantuvieron sus reclamos ante la Justicia.
El conflicto salarial y presupuestario derivó además en medidas de fuerza. El jueves y viernes de la semana pasada, los gremios docentes y nodocentes realizaron un paro nacional de 48 horas que afectó las actividades académicas y administrativas de las universidades públicas de todo el país.
La nueva reunión paritaria se desarrollará así mientras continúa abierta la disputa judicial y política por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
