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La Justicia ordenó a la Municipalidad de Colón reparar los caminos rurales de acceso a un establecimiento

7 septiembre, 2026
in Economía
La Justicia ordenó a la Municipalidad de Colón reparar los caminos rurales de acceso a un establecimiento
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Después de casi nueve años de reclamos y actuaciones judiciales por el estado de los caminos rurales, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, realizar las obras necesarias para reparar, conservar y mantener las vías de acceso al establecimiento rural La Querencia SA, de unas 591 hectáreas y propiedad de Gastón Aguirre.

La resolución fue dictada el 25 de junio por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino, en el marco de una causa iniciada en 2017. El planteo había comenzado cuando el establecimiento solicitó al municipio que ejecutara trabajos para mejorar el camino utilizado para ingresar al campo, desarrollar las tareas productivas y retirar la producción.

El conflicto se remonta a 2007 y está relacionado con las condiciones del camino de acceso. Según quedó acreditado en el expediente, distintos sectores se encontraban por debajo del nivel de los campos linderos, lo que favorecía la acumulación de agua y dificultaba el tránsito. La situación llegó a impedir el ingreso de camiones durante la cosecha y también complicó el traslado de ganado.

La resolución judicial estableció que existe un derecho a contar con caminos adecuados para acceder al establecimiento y desarrollar la actividad rural. Para el juez, las pruebas incorporadas al expediente no permitieron acreditar que el servicio municipal de conservación y mantenimiento fuera prestado de manera efectiva.

Entre los elementos considerados estuvo un acta notarial realizada en 2017, que dejó constancia de que el camino estaba completamente inundado en un tramo ubicado a unos 150 metros del establecimiento, lo que impedía el paso.

También intervino un perito ingeniero civil, quien constató las dificultades que presentaban los caminos de suelo natural ante la lluvia y la humedad. El informe indicó que en diferentes sectores la traza se encontraba entre 30 y 40 centímetros por debajo del nivel de los campos vecinos, una condición que facilitaba el anegamiento. Además, señaló la falta de cunetas adecuadas y una escasa capacidad de escurrimiento.

El peritaje también observó que no existían indicios de obras recientes de mantenimiento y que posiblemente nunca se habían realizado trabajos adecuados para elevar la superficie del camino, debido a que no se encontraron materiales que permitieran comprobar ese tipo de intervención.

Frente al reclamo, la Municipalidad de Colón sostuvo que realizaba tareas de mantenimiento periódico con recursos propios. También atribuyó parte de los anegamientos a las características del terreno y al escurrimiento proveniente de los campos cercanos. A su vez, hizo referencia a la planificación de un proyecto hidráulico provincial destinado a atender la problemática.

Sin embargo, el magistrado consideró que esos argumentos no alcanzaban para demostrar que el servicio estuviera funcionando correctamente. De acuerdo con la sentencia, las pruebas reunidas mostraron que los caminos utilizados para llegar al establecimiento no podían ser considerados aptos para su uso.

El fallo recordó además que la responsabilidad municipal no consiste únicamente en efectuar reparaciones puntuales. La obligación comprende el cuidado, mantenimiento, conservación y reparación de los caminos que se encuentran bajo su jurisdicción. En ese marco, se destacó la responsabilidad del municipio sobre la red vial provincial de tierra correspondiente a su territorio.

Otro de los puntos analizados fue el pago de la tasa de red vial. El establecimiento abonó ese concepto, pero la Justicia entendió que no se había demostrado que, en su caso, existiera una prestación efectiva del servicio de conservación, reparación y mejoramiento de los caminos.

El deterioro de la red vial rural también generó reclamos de productores de Colón. Recientemente, la Sociedad Rural local y productores independientes presentaron ante el municipio una solicitud de información sobre los ingresos y egresos vinculados con la red vial durante los últimos cuatro años. El pedido estuvo motivado por las condiciones de los caminos y por las dudas planteadas respecto del destino de los recursos recaudados para su mantenimiento.

Aguirre sostuvo que el deterioro se agravó durante los últimos 15 años y que las dificultades para trasladar ganado y granos se volvieron cada vez mayores. Según relató, los productores debieron resolver por sus propios medios distintos problemas para poder mantener la actividad, mientras que en determinadas ocasiones ni siquiera resultaba posible ingresar con una camioneta.

También señaló que las dificultades no aparecen únicamente después de las lluvias, debido a la falta de alcantarillas y cunetas. Como alternativa ante la falta de respuestas, afirmó que llegó a ofrecerse a aportar materiales y combustible para realizar trabajos en los caminos.

El productor manifestó su satisfacción por la resolución judicial, aunque cuestionó que haya sido necesario recurrir a la Justicia después de tantos años. Además, sostuvo que los productores continuaron pagando el impuesto inmobiliario y la tasa de red vial pese al estado que presentan los caminos rurales del partido.

Desde el sector rural local señalaron que, aunque la causa corresponde a un establecimiento en particular, las condiciones descriptas en el expediente serían representativas del estado de la red vial rural de Colón.

En ese sentido, desde la entidad rural indicaron que el propio municipio habría reconocido que apenas el 20% de los caminos rurales se encuentra en condiciones. La red alcanza unos 800 kilómetros y, según el planteo realizado por los productores, durante el período analizado se habría recaudado alrededor del 90% de la tasa vial. También reclamaron información sobre la utilización de esos recursos.

Actualmente, el intendente de Colón es Waldemar Giordano, de Unión por la Patria.

Después de casi nueve años de reclamos y actuaciones judiciales por el estado de los caminos rurales, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, realizar las obras necesarias para reparar, conservar y mantener las vías de acceso al establecimiento rural La Querencia SA, de unas 591 hectáreas y propiedad de Gastón Aguirre.

La resolución fue dictada el 25 de junio por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino, en el marco de una causa iniciada en 2017. El planteo había comenzado cuando el establecimiento solicitó al municipio que ejecutara trabajos para mejorar el camino utilizado para ingresar al campo, desarrollar las tareas productivas y retirar la producción.

El conflicto se remonta a 2007 y está relacionado con las condiciones del camino de acceso. Según quedó acreditado en el expediente, distintos sectores se encontraban por debajo del nivel de los campos linderos, lo que favorecía la acumulación de agua y dificultaba el tránsito. La situación llegó a impedir el ingreso de camiones durante la cosecha y también complicó el traslado de ganado.

La resolución judicial estableció que existe un derecho a contar con caminos adecuados para acceder al establecimiento y desarrollar la actividad rural. Para el juez, las pruebas incorporadas al expediente no permitieron acreditar que el servicio municipal de conservación y mantenimiento fuera prestado de manera efectiva.

Entre los elementos considerados estuvo un acta notarial realizada en 2017, que dejó constancia de que el camino estaba completamente inundado en un tramo ubicado a unos 150 metros del establecimiento, lo que impedía el paso.

También intervino un perito ingeniero civil, quien constató las dificultades que presentaban los caminos de suelo natural ante la lluvia y la humedad. El informe indicó que en diferentes sectores la traza se encontraba entre 30 y 40 centímetros por debajo del nivel de los campos vecinos, una condición que facilitaba el anegamiento. Además, señaló la falta de cunetas adecuadas y una escasa capacidad de escurrimiento.

El peritaje también observó que no existían indicios de obras recientes de mantenimiento y que posiblemente nunca se habían realizado trabajos adecuados para elevar la superficie del camino, debido a que no se encontraron materiales que permitieran comprobar ese tipo de intervención.

Frente al reclamo, la Municipalidad de Colón sostuvo que realizaba tareas de mantenimiento periódico con recursos propios. También atribuyó parte de los anegamientos a las características del terreno y al escurrimiento proveniente de los campos cercanos. A su vez, hizo referencia a la planificación de un proyecto hidráulico provincial destinado a atender la problemática.

Sin embargo, el magistrado consideró que esos argumentos no alcanzaban para demostrar que el servicio estuviera funcionando correctamente. De acuerdo con la sentencia, las pruebas reunidas mostraron que los caminos utilizados para llegar al establecimiento no podían ser considerados aptos para su uso.

El fallo recordó además que la responsabilidad municipal no consiste únicamente en efectuar reparaciones puntuales. La obligación comprende el cuidado, mantenimiento, conservación y reparación de los caminos que se encuentran bajo su jurisdicción. En ese marco, se destacó la responsabilidad del municipio sobre la red vial provincial de tierra correspondiente a su territorio.

Otro de los puntos analizados fue el pago de la tasa de red vial. El establecimiento abonó ese concepto, pero la Justicia entendió que no se había demostrado que, en su caso, existiera una prestación efectiva del servicio de conservación, reparación y mejoramiento de los caminos.

El deterioro de la red vial rural también generó reclamos de productores de Colón. Recientemente, la Sociedad Rural local y productores independientes presentaron ante el municipio una solicitud de información sobre los ingresos y egresos vinculados con la red vial durante los últimos cuatro años. El pedido estuvo motivado por las condiciones de los caminos y por las dudas planteadas respecto del destino de los recursos recaudados para su mantenimiento.

Aguirre sostuvo que el deterioro se agravó durante los últimos 15 años y que las dificultades para trasladar ganado y granos se volvieron cada vez mayores. Según relató, los productores debieron resolver por sus propios medios distintos problemas para poder mantener la actividad, mientras que en determinadas ocasiones ni siquiera resultaba posible ingresar con una camioneta.

También señaló que las dificultades no aparecen únicamente después de las lluvias, debido a la falta de alcantarillas y cunetas. Como alternativa ante la falta de respuestas, afirmó que llegó a ofrecerse a aportar materiales y combustible para realizar trabajos en los caminos.

El productor manifestó su satisfacción por la resolución judicial, aunque cuestionó que haya sido necesario recurrir a la Justicia después de tantos años. Además, sostuvo que los productores continuaron pagando el impuesto inmobiliario y la tasa de red vial pese al estado que presentan los caminos rurales del partido.

Desde el sector rural local señalaron que, aunque la causa corresponde a un establecimiento en particular, las condiciones descriptas en el expediente serían representativas del estado de la red vial rural de Colón.

En ese sentido, desde la entidad rural indicaron que el propio municipio habría reconocido que apenas el 20% de los caminos rurales se encuentra en condiciones. La red alcanza unos 800 kilómetros y, según el planteo realizado por los productores, durante el período analizado se habría recaudado alrededor del 90% de la tasa vial. También reclamaron información sobre la utilización de esos recursos.

Actualmente, el intendente de Colón es Waldemar Giordano, de Unión por la Patria.

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La resolución judicial estableció que existe un derecho a contar con caminos adecuados para acceder al establecimiento y desarrollar la actividad rural. Para el juez, las pruebas incorporadas al expediente no permitieron acreditar que el servicio municipal de conservación y mantenimiento fuera prestado de manera efectiva.

Entre los elementos considerados estuvo un acta notarial realizada en 2017, que dejó constancia de que el camino estaba completamente inundado en un tramo ubicado a unos 150 metros del establecimiento, lo que impedía el paso.

También intervino un perito ingeniero civil, quien constató las dificultades que presentaban los caminos de suelo natural ante la lluvia y la humedad. El informe indicó que en diferentes sectores la traza se encontraba entre 30 y 40 centímetros por debajo del nivel de los campos vecinos, una condición que facilitaba el anegamiento. Además, señaló la falta de cunetas adecuadas y una escasa capacidad de escurrimiento.

El peritaje también observó que no existían indicios de obras recientes de mantenimiento y que posiblemente nunca se habían realizado trabajos adecuados para elevar la superficie del camino, debido a que no se encontraron materiales que permitieran comprobar ese tipo de intervención.

Frente al reclamo, la Municipalidad de Colón sostuvo que realizaba tareas de mantenimiento periódico con recursos propios. También atribuyó parte de los anegamientos a las características del terreno y al escurrimiento proveniente de los campos cercanos. A su vez, hizo referencia a la planificación de un proyecto hidráulico provincial destinado a atender la problemática.

Sin embargo, el magistrado consideró que esos argumentos no alcanzaban para demostrar que el servicio estuviera funcionando correctamente. De acuerdo con la sentencia, las pruebas reunidas mostraron que los caminos utilizados para llegar al establecimiento no podían ser considerados aptos para su uso.

El fallo recordó además que la responsabilidad municipal no consiste únicamente en efectuar reparaciones puntuales. La obligación comprende el cuidado, mantenimiento, conservación y reparación de los caminos que se encuentran bajo su jurisdicción. En ese marco, se destacó la responsabilidad del municipio sobre la red vial provincial de tierra correspondiente a su territorio.

Otro de los puntos analizados fue el pago de la tasa de red vial. El establecimiento abonó ese concepto, pero la Justicia entendió que no se había demostrado que, en su caso, existiera una prestación efectiva del servicio de conservación, reparación y mejoramiento de los caminos.

El deterioro de la red vial rural también generó reclamos de productores de Colón. Recientemente, la Sociedad Rural local y productores independientes presentaron ante el municipio una solicitud de información sobre los ingresos y egresos vinculados con la red vial durante los últimos cuatro años. El pedido estuvo motivado por las condiciones de los caminos y por las dudas planteadas respecto del destino de los recursos recaudados para su mantenimiento.

Aguirre sostuvo que el deterioro se agravó durante los últimos 15 años y que las dificultades para trasladar ganado y granos se volvieron cada vez mayores. Según relató, los productores debieron resolver por sus propios medios distintos problemas para poder mantener la actividad, mientras que en determinadas ocasiones ni siquiera resultaba posible ingresar con una camioneta.

También señaló que las dificultades no aparecen únicamente después de las lluvias, debido a la falta de alcantarillas y cunetas. Como alternativa ante la falta de respuestas, afirmó que llegó a ofrecerse a aportar materiales y combustible para realizar trabajos en los caminos.

El productor manifestó su satisfacción por la resolución judicial, aunque cuestionó que haya sido necesario recurrir a la Justicia después de tantos años. Además, sostuvo que los productores continuaron pagando el impuesto inmobiliario y la tasa de red vial pese al estado que presentan los caminos rurales del partido.

Desde el sector rural local señalaron que, aunque la causa corresponde a un establecimiento en particular, las condiciones descriptas en el expediente serían representativas del estado de la red vial rural de Colón.

En ese sentido, desde la entidad rural indicaron que el propio municipio habría reconocido que apenas el 20% de los caminos rurales se encuentra en condiciones. La red alcanza unos 800 kilómetros y, según el planteo realizado por los productores, durante el período analizado se habría recaudado alrededor del 90% de la tasa vial. También reclamaron información sobre la utilización de esos recursos.

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