Casi seis de cada diez empresas consultadas consideran que el impacto de esta situación sobre su actividad es alto o muy alto. En particular, el 35% lo calificó como alto y otro 24,7% lo definió como muy alto.
La principal consecuencia señalada es la caída de las ventas, mencionada por el 48,4% de las compañías que reportaron un impacto elevado. También aparecen la presión para bajar precios, con el 15,2%; la reducción de la rentabilidad, con el 13,3%; y la pérdida de participación de mercado, con el 10,9%.
El impacto es especialmente marcado en determinadas ramas industriales. En metales comunes, el 88,2% de las empresas indicó que la problemática tiene una incidencia alta o muy alta. En productos textiles, la proporción alcanza el 84,6%, mientras que en confecciones, cuero y calzado llega al 76,2%.
También se registran niveles elevados de impacto en sectores como papel, cartón y madera, autopartes, caucho y plástico. Dentro de la categoría de otras industrias, que comprende actividades como juguetes, instrumentos musicales, artículos deportivos, muebles, colchones y equipamiento, el 86,3% de las empresas relevadas manifestó una incidencia alta o muy alta.
En alimentos, bebidas y tabaco, el efecto señalado es menor, aunque también resulta significativo: el 34,8% de las empresas lo calificó como alto y el 8,7% como muy alto.
Los precios constituyen uno de los principales puntos de preocupación. La mitad de las empresas consultadas sostuvo que los productos importados ingresan al mercado a valores artificialmente bajos, lo que también genera presión sobre los precios de la producción nacional.
A esto se suman otras situaciones vinculadas con la competencia desleal. El 15,3% mencionó la falta de certificaciones obligatorias, el 13,8% señaló la ausencia de trazabilidad y el 13,2% identificó la venta sin factura u otras modalidades de informalidad.
También se observan distintos canales a través de los cuales se comercializan estos productos. Los mayoristas y distribuidores concentran el 26,4% de las menciones, seguidos por los comercios minoristas, con 16,2%; las plataformas internacionales de venta directa al consumidor, con 15,1%; las redes sociales, con 14,9%; y los marketplaces, con 11,9%.
Frente a este escenario, las empresas plantean la necesidad de reforzar los controles. El 19,4% considera que los controles aduaneros tienen un impacto negativo sobre su actividad porque resultan insuficientes para impedir el ingreso de productos irregulares.
En cambio, el 27,6% entiende que esos controles tienen un efecto positivo y sostiene que su fortalecimiento permitiría mejorar las condiciones de competencia, reducir la subfacturación y limitar el ingreso de productos de menor calidad.
Entre las medidas más reclamadas aparece el fortalecimiento de los controles aduaneros y de la fiscalización de la facturación, con el 33,2% de las menciones. Le sigue el pedido de una mayor fiscalización de la facturación, con el 31,5%; el refuerzo de los controles sobre el comercio electrónico, con el 15,1%; mejoras en el etiquetado y la trazabilidad, con el 7,5%; y mecanismos de denuncia más ágiles, con el 5,6%.
El relevamiento muestra así que, para una parte importante de la industria, el problema no está únicamente relacionado con el volumen de productos importados, sino también con las condiciones en las que ingresan y se comercializan en el mercado argentino.
Casi seis de cada diez empresas consultadas consideran que el impacto de esta situación sobre su actividad es alto o muy alto. En particular, el 35% lo calificó como alto y otro 24,7% lo definió como muy alto.
La principal consecuencia señalada es la caída de las ventas, mencionada por el 48,4% de las compañías que reportaron un impacto elevado. También aparecen la presión para bajar precios, con el 15,2%; la reducción de la rentabilidad, con el 13,3%; y la pérdida de participación de mercado, con el 10,9%.
El impacto es especialmente marcado en determinadas ramas industriales. En metales comunes, el 88,2% de las empresas indicó que la problemática tiene una incidencia alta o muy alta. En productos textiles, la proporción alcanza el 84,6%, mientras que en confecciones, cuero y calzado llega al 76,2%.
También se registran niveles elevados de impacto en sectores como papel, cartón y madera, autopartes, caucho y plástico. Dentro de la categoría de otras industrias, que comprende actividades como juguetes, instrumentos musicales, artículos deportivos, muebles, colchones y equipamiento, el 86,3% de las empresas relevadas manifestó una incidencia alta o muy alta.
En alimentos, bebidas y tabaco, el efecto señalado es menor, aunque también resulta significativo: el 34,8% de las empresas lo calificó como alto y el 8,7% como muy alto.
Los precios constituyen uno de los principales puntos de preocupación. La mitad de las empresas consultadas sostuvo que los productos importados ingresan al mercado a valores artificialmente bajos, lo que también genera presión sobre los precios de la producción nacional.
A esto se suman otras situaciones vinculadas con la competencia desleal. El 15,3% mencionó la falta de certificaciones obligatorias, el 13,8% señaló la ausencia de trazabilidad y el 13,2% identificó la venta sin factura u otras modalidades de informalidad.
También se observan distintos canales a través de los cuales se comercializan estos productos. Los mayoristas y distribuidores concentran el 26,4% de las menciones, seguidos por los comercios minoristas, con 16,2%; las plataformas internacionales de venta directa al consumidor, con 15,1%; las redes sociales, con 14,9%; y los marketplaces, con 11,9%.
Frente a este escenario, las empresas plantean la necesidad de reforzar los controles. El 19,4% considera que los controles aduaneros tienen un impacto negativo sobre su actividad porque resultan insuficientes para impedir el ingreso de productos irregulares.
En cambio, el 27,6% entiende que esos controles tienen un efecto positivo y sostiene que su fortalecimiento permitiría mejorar las condiciones de competencia, reducir la subfacturación y limitar el ingreso de productos de menor calidad.
Entre las medidas más reclamadas aparece el fortalecimiento de los controles aduaneros y de la fiscalización de la facturación, con el 33,2% de las menciones. Le sigue el pedido de una mayor fiscalización de la facturación, con el 31,5%; el refuerzo de los controles sobre el comercio electrónico, con el 15,1%; mejoras en el etiquetado y la trazabilidad, con el 7,5%; y mecanismos de denuncia más ágiles, con el 5,6%.
El relevamiento muestra así que, para una parte importante de la industria, el problema no está únicamente relacionado con el volumen de productos importados, sino también con las condiciones en las que ingresan y se comercializan en el mercado argentino.
