El expediente, que investiga una presunta cartelización de la obra pública vial, tiene 51 imputados y comprende 191 hechos de cohecho activo y pasivo. La acusación contra Cristina Kirchner contempla 191 presuntos pagos ilegales y un monto que superaría los 30 millones de dólares.
La investigación se inició el 22 de agosto de 2018, como una derivación de la causa principal de los Cuadernos, luego de que surgieran elementos que vinculaban la presunta asociación ilícita con áreas específicas de la obra pública civil, energía y transporte.
Entre las principales pruebas incorporadas al expediente se encuentran los testimonios de personas que se acogieron a la figura del arrepentido, entre ellas el ex secretario de Obras Públicas José López, Ernesto Clarens y Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción.
Durante una de las últimas jornadas de declaraciones, Juan Manuel Saavedra Vértiz relató ante los jueces y la fiscal Fabiana León cómo fue su contacto con Clarens a partir de una obra de la Ruta Nacional 3, en La Matanza.
Según su relato, el encuentro fue gestionado por Sandro Férgola, funcionario de Vialidad Nacional que también se encuentra bajo investigación. Saavedra Vértiz contó que inicialmente creyó que Clarens formaba parte del equipo técnico del organismo y que, luego de ganar una licitación, recibió una comunicación de la oficina de Férgola para que se pusiera en contacto con él.
En ese encuentro, Clarens le habría explicado que existía una supuesta “política del Gobierno” destinada a recaudar fondos para “la causa” y que el monto solicitado equivalía al 10% del valor de la obra. Saavedra Vértiz sostuvo que su empresa decidió no pagar y que otros integrantes de las compañías involucradas también rechazaron el pedido.
El empresario señaló además que Clarens llevaba una “planilla” con los valores de los contratos adjudicados. En otra oportunidad, según su testimonio, Férgola le recordó que debía comunicarle a Clarens la decisión de no acceder al pago solicitado.
La obra de la Ruta Nacional 3 había sido adjudicada a una UTE integrada por Coarco, Equimac y Costrumex, esta última perteneciente a la familia de Saavedra Vértiz. El empresario indicó que, antes de la reunión con Clarens, su socio le había informado que desde el Gobierno habían pedido que se retiraran del proyecto. La UTE finalmente resolvió no pagar la suma que le habían solicitado.
Consultado sobre las razones de ese pedido, Saavedra Vértiz mencionó un supuesto favoritismo hacia Esuco y Decavial, empresas vinculadas a Carlos Wagner. En ese momento, Wagner presidía la Cámara de la Construcción y posteriormente declaró como arrepentido en la causa.
En su declaración como colaborador, Wagner había señalado que el anticipo financiero habitual de las obras alcanzaba el 10%, del cual se devolvía un 5%. Cuando no existía anticipo financiero, el porcentaje podía ser del 3%. Según su relato, esa información era comunicada a José López, quien posteriormente la transmitía a funcionarios de Vialidad para incorporarla a un listado de pagos.
Wagner también sostuvo que la obra pública había sido utilizada como mecanismo para recaudar fondos destinados a gastos políticos. De acuerdo con su declaración, antes de algunas licitaciones los empresarios interesados se reunían para establecer quién terminaría siendo el adjudicatario.
Otro de los testimonios incorporados fue el de Jorge Cibraro, vinculado a la empresa ICF. El empresario explicó que estuvo relacionado con el control técnico de numerosas obras hasta 2011 y que integró el directorio de la compañía familiar, aunque aclaró que no intervenía en las decisiones financieras.
Cibraro contó que su padre le pidió que mantuviera un encuentro con Clarens. Lo describió como una persona empática y afable y señaló que durante esas conversaciones le ofrecía ayuda para facilitar concesiones de obras. Sin embargo, aseguró que la empresa nunca aceptó los requerimientos económicos.
Según su testimonio, en ese período existían demoras importantes tanto en las adjudicaciones como en los pagos de distintos proyectos. Cibraro sostuvo que Clarens ofrecía intervenir para agilizar las adjudicaciones, aunque no brindaba la misma asistencia frente a los retrasos en los pagos.
Cibraro había sido imputado en el expediente, pero fue sobreseído en abril de 2022. Su declaración se incorporó ahora al tramo de la causa que analiza los presuntos pedidos de dinero vinculados con las contrataciones de obra pública.
El expediente, que investiga una presunta cartelización de la obra pública vial, tiene 51 imputados y comprende 191 hechos de cohecho activo y pasivo. La acusación contra Cristina Kirchner contempla 191 presuntos pagos ilegales y un monto que superaría los 30 millones de dólares.
La investigación se inició el 22 de agosto de 2018, como una derivación de la causa principal de los Cuadernos, luego de que surgieran elementos que vinculaban la presunta asociación ilícita con áreas específicas de la obra pública civil, energía y transporte.
Entre las principales pruebas incorporadas al expediente se encuentran los testimonios de personas que se acogieron a la figura del arrepentido, entre ellas el ex secretario de Obras Públicas José López, Ernesto Clarens y Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción.
Durante una de las últimas jornadas de declaraciones, Juan Manuel Saavedra Vértiz relató ante los jueces y la fiscal Fabiana León cómo fue su contacto con Clarens a partir de una obra de la Ruta Nacional 3, en La Matanza.
Según su relato, el encuentro fue gestionado por Sandro Férgola, funcionario de Vialidad Nacional que también se encuentra bajo investigación. Saavedra Vértiz contó que inicialmente creyó que Clarens formaba parte del equipo técnico del organismo y que, luego de ganar una licitación, recibió una comunicación de la oficina de Férgola para que se pusiera en contacto con él.
En ese encuentro, Clarens le habría explicado que existía una supuesta “política del Gobierno” destinada a recaudar fondos para “la causa” y que el monto solicitado equivalía al 10% del valor de la obra. Saavedra Vértiz sostuvo que su empresa decidió no pagar y que otros integrantes de las compañías involucradas también rechazaron el pedido.
El empresario señaló además que Clarens llevaba una “planilla” con los valores de los contratos adjudicados. En otra oportunidad, según su testimonio, Férgola le recordó que debía comunicarle a Clarens la decisión de no acceder al pago solicitado.
La obra de la Ruta Nacional 3 había sido adjudicada a una UTE integrada por Coarco, Equimac y Costrumex, esta última perteneciente a la familia de Saavedra Vértiz. El empresario indicó que, antes de la reunión con Clarens, su socio le había informado que desde el Gobierno habían pedido que se retiraran del proyecto. La UTE finalmente resolvió no pagar la suma que le habían solicitado.
Consultado sobre las razones de ese pedido, Saavedra Vértiz mencionó un supuesto favoritismo hacia Esuco y Decavial, empresas vinculadas a Carlos Wagner. En ese momento, Wagner presidía la Cámara de la Construcción y posteriormente declaró como arrepentido en la causa.
En su declaración como colaborador, Wagner había señalado que el anticipo financiero habitual de las obras alcanzaba el 10%, del cual se devolvía un 5%. Cuando no existía anticipo financiero, el porcentaje podía ser del 3%. Según su relato, esa información era comunicada a José López, quien posteriormente la transmitía a funcionarios de Vialidad para incorporarla a un listado de pagos.
Wagner también sostuvo que la obra pública había sido utilizada como mecanismo para recaudar fondos destinados a gastos políticos. De acuerdo con su declaración, antes de algunas licitaciones los empresarios interesados se reunían para establecer quién terminaría siendo el adjudicatario.
Otro de los testimonios incorporados fue el de Jorge Cibraro, vinculado a la empresa ICF. El empresario explicó que estuvo relacionado con el control técnico de numerosas obras hasta 2011 y que integró el directorio de la compañía familiar, aunque aclaró que no intervenía en las decisiones financieras.
Cibraro contó que su padre le pidió que mantuviera un encuentro con Clarens. Lo describió como una persona empática y afable y señaló que durante esas conversaciones le ofrecía ayuda para facilitar concesiones de obras. Sin embargo, aseguró que la empresa nunca aceptó los requerimientos económicos.
Según su testimonio, en ese período existían demoras importantes tanto en las adjudicaciones como en los pagos de distintos proyectos. Cibraro sostuvo que Clarens ofrecía intervenir para agilizar las adjudicaciones, aunque no brindaba la misma asistencia frente a los retrasos en los pagos.
Cibraro había sido imputado en el expediente, pero fue sobreseído en abril de 2022. Su declaración se incorporó ahora al tramo de la causa que analiza los presuntos pedidos de dinero vinculados con las contrataciones de obra pública.
