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El desafío de las pymes bonaerenses: aprovechar el boom de inversiones en energía y minería

8 septiembre, 2026
in Economía
El desafío de las pymes bonaerenses: aprovechar el boom de inversiones en energía y minería
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Con cerca de 8.000 empleos industriales perdidos en el último año, la provincia de Buenos Aires busca que sus pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar la demanda generada por los grandes proyectos de energía y minería incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires impulsa un programa al que denomina “Tinder industrial”, cuyo objetivo es vincular a las pymes fabriles con las necesidades de insumos y servicios de los grandes emprendimientos. La iniciativa busca que parte de la demanda que actualmente se cubre mediante importaciones pueda ser atendida por proveedores nacionales.

Hasta agosto, las importaciones asociadas a proyectos incorporados al RIGI alcanzaron casi USD 460 millones, con un aumento cercano a USD 140 millones solamente durante ese mes. El monto representa alrededor del 1% de los USD 47.073 millones correspondientes a inversiones proyectadas en los proyectos aprobados. El régimen establece que, como mínimo, el 20% de cada inversión debe realizarse mediante compras a proveedores nacionales.

El programa funciona a partir del cruce entre las necesidades de los sectores energético, minero y de oil & gas y las capacidades disponibles dentro del entramado industrial bonaerense. Más de 60 empresas de diferentes actividades, entre ellas metalmecánica y fabricación de equipos para oil & gas, ya participan de la iniciativa. La convocatoria se realizó mediante cámaras sectoriales y territoriales.

La provincia concentra el 46% de las industrias manufactureras del país, aunque solamente cuatro de los 23 proyectos aprobados hasta el momento bajo el RIGI en energía y minería se encuentran en territorio bonaerense. Una parte importante de las inversiones restantes está vinculada con otras regiones, especialmente con Vaca Muerta.

Entre los proyectos radicados en Buenos Aires se encuentran una planta siderúrgica en San Nicolás, un parque eólico en Olavarría, la ampliación de una planta de Mega destinada a la exportación de líquidos de gas y una planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca. Este último emprendimiento contempla una inversión de USD 2.700 millones para construir una de las mayores plantas de urea del mundo.

En conjunto, los cuatro proyectos representan inversiones comprometidas por USD 3.620 millones y una proyección de 17.257 empleos, de acuerdo con los registros oficiales.

Sin embargo, la concentración de los proyectos fuera de Buenos Aires no es considerada un impedimento para la iniciativa. La intención es que las empresas bonaerenses también puedan convertirse en proveedoras de emprendimientos ubicados en otras provincias. En esa línea, ya se produjeron contactos con grandes compañías petroleras y con el área de proveedores de YPF.

Para concretar esas vinculaciones, se realizó un relevamiento de las capacidades productivas, certificaciones y características de las empresas participantes. Esa información se compara con los requerimientos de los grandes compradores para identificar qué pymes podrían incorporarse a las cadenas de valor de la minería y del sector de petróleo y gas.

Muchas de esas compañías ya abastecen a otras industrias, pero necesitan realizar modificaciones específicas para cumplir con las exigencias de estos nuevos mercados. Uno de los principales obstáculos es el proceso de certificación, que puede demorar hasta seis meses y, en algunos casos, exceder los tiempos establecidos para las licitaciones.

Con el objetivo de acelerar esos procedimientos, se estableció un acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y se mantienen conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para analizar mecanismos que permitan agilizar la homologación de certificaciones y facilitar el acceso de proveedores locales a proyectos mineros.

El programa también contempla acompañar a las pymes en la adaptación de sus procesos productivos. La incorporación a una nueva cadena de valor puede requerir el desarrollo de productos específicos, inversiones, incorporación de tecnología, innovación y financiamiento.

En materia crediticia, se mantienen conversaciones con distintas entidades bancarias para generar líneas destinadas a que las empresas puedan reconvertir sus procesos o incorporar bienes de capital.

La estrategia también incluye una dimensión internacional. A través de contactos con embajadas de países con actividad minera, se busca promover asociaciones que permitan a empresas bonaerenses abastecer esos mercados y, al mismo tiempo, intercambiar conocimientos técnicos.

La propuesta se complementa con un reclamo por una menor carga tributaria para los proveedores locales, con el argumento de mejorar su posición frente a competidores internacionales que pueden participar de los proyectos del RIGI.

En este punto, se trabaja en una modificación del impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires que preserve el equilibrio fiscal. El planteo contempla elevar inicialmente el mínimo no imponible para dejar exentas a las micro y pequeñas empresas y avanzar luego, durante un período de entre tres y cinco años, hacia una ampliación progresiva del beneficio para medianas y grandes compañías, hasta alcanzar una eventual eliminación del tributo para el sector.

La industria bonaerense había estado exenta de Ingresos Brutos hasta 2008. La propuesta actual forma parte de un pedido más amplio para establecer incentivos específicos destinados a las empresas que integren las cadenas de valor de los sectores energético y minero, como complemento de los beneficios previstos por el RIGI.

El planteo empresario apunta a que las nuevas inversiones no queden concentradas únicamente en los grandes proyectos, sino que también generen oportunidades para los proveedores industriales locales. Para ello, el sector considera necesarias condiciones de financiamiento, certificación y tributación que permitan a las pymes competir con proveedores del exterior.

El desafío también involucra la competitividad general de la economía. Para las empresas industriales, competir por una provisión frente a firmas de Brasil, México o China no depende únicamente de la productividad de cada fábrica, sino también de las condiciones económicas y tributarias existentes tanto a nivel nacional como provincial.

Con cerca de 8.000 empleos industriales perdidos en el último año, la provincia de Buenos Aires busca que sus pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar la demanda generada por los grandes proyectos de energía y minería incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires impulsa un programa al que denomina “Tinder industrial”, cuyo objetivo es vincular a las pymes fabriles con las necesidades de insumos y servicios de los grandes emprendimientos. La iniciativa busca que parte de la demanda que actualmente se cubre mediante importaciones pueda ser atendida por proveedores nacionales.

Hasta agosto, las importaciones asociadas a proyectos incorporados al RIGI alcanzaron casi USD 460 millones, con un aumento cercano a USD 140 millones solamente durante ese mes. El monto representa alrededor del 1% de los USD 47.073 millones correspondientes a inversiones proyectadas en los proyectos aprobados. El régimen establece que, como mínimo, el 20% de cada inversión debe realizarse mediante compras a proveedores nacionales.

El programa funciona a partir del cruce entre las necesidades de los sectores energético, minero y de oil & gas y las capacidades disponibles dentro del entramado industrial bonaerense. Más de 60 empresas de diferentes actividades, entre ellas metalmecánica y fabricación de equipos para oil & gas, ya participan de la iniciativa. La convocatoria se realizó mediante cámaras sectoriales y territoriales.

La provincia concentra el 46% de las industrias manufactureras del país, aunque solamente cuatro de los 23 proyectos aprobados hasta el momento bajo el RIGI en energía y minería se encuentran en territorio bonaerense. Una parte importante de las inversiones restantes está vinculada con otras regiones, especialmente con Vaca Muerta.

Entre los proyectos radicados en Buenos Aires se encuentran una planta siderúrgica en San Nicolás, un parque eólico en Olavarría, la ampliación de una planta de Mega destinada a la exportación de líquidos de gas y una planta de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca. Este último emprendimiento contempla una inversión de USD 2.700 millones para construir una de las mayores plantas de urea del mundo.

En conjunto, los cuatro proyectos representan inversiones comprometidas por USD 3.620 millones y una proyección de 17.257 empleos, de acuerdo con los registros oficiales.

Sin embargo, la concentración de los proyectos fuera de Buenos Aires no es considerada un impedimento para la iniciativa. La intención es que las empresas bonaerenses también puedan convertirse en proveedoras de emprendimientos ubicados en otras provincias. En esa línea, ya se produjeron contactos con grandes compañías petroleras y con el área de proveedores de YPF.

Para concretar esas vinculaciones, se realizó un relevamiento de las capacidades productivas, certificaciones y características de las empresas participantes. Esa información se compara con los requerimientos de los grandes compradores para identificar qué pymes podrían incorporarse a las cadenas de valor de la minería y del sector de petróleo y gas.

Muchas de esas compañías ya abastecen a otras industrias, pero necesitan realizar modificaciones específicas para cumplir con las exigencias de estos nuevos mercados. Uno de los principales obstáculos es el proceso de certificación, que puede demorar hasta seis meses y, en algunos casos, exceder los tiempos establecidos para las licitaciones.

Con el objetivo de acelerar esos procedimientos, se estableció un acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y se mantienen conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para analizar mecanismos que permitan agilizar la homologación de certificaciones y facilitar el acceso de proveedores locales a proyectos mineros.

El programa también contempla acompañar a las pymes en la adaptación de sus procesos productivos. La incorporación a una nueva cadena de valor puede requerir el desarrollo de productos específicos, inversiones, incorporación de tecnología, innovación y financiamiento.

En materia crediticia, se mantienen conversaciones con distintas entidades bancarias para generar líneas destinadas a que las empresas puedan reconvertir sus procesos o incorporar bienes de capital.

La estrategia también incluye una dimensión internacional. A través de contactos con embajadas de países con actividad minera, se busca promover asociaciones que permitan a empresas bonaerenses abastecer esos mercados y, al mismo tiempo, intercambiar conocimientos técnicos.

La propuesta se complementa con un reclamo por una menor carga tributaria para los proveedores locales, con el argumento de mejorar su posición frente a competidores internacionales que pueden participar de los proyectos del RIGI.

En este punto, se trabaja en una modificación del impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires que preserve el equilibrio fiscal. El planteo contempla elevar inicialmente el mínimo no imponible para dejar exentas a las micro y pequeñas empresas y avanzar luego, durante un período de entre tres y cinco años, hacia una ampliación progresiva del beneficio para medianas y grandes compañías, hasta alcanzar una eventual eliminación del tributo para el sector.

La industria bonaerense había estado exenta de Ingresos Brutos hasta 2008. La propuesta actual forma parte de un pedido más amplio para establecer incentivos específicos destinados a las empresas que integren las cadenas de valor de los sectores energético y minero, como complemento de los beneficios previstos por el RIGI.

El planteo empresario apunta a que las nuevas inversiones no queden concentradas únicamente en los grandes proyectos, sino que también generen oportunidades para los proveedores industriales locales. Para ello, el sector considera necesarias condiciones de financiamiento, certificación y tributación que permitan a las pymes competir con proveedores del exterior.

El desafío también involucra la competitividad general de la economía. Para las empresas industriales, competir por una provisión frente a firmas de Brasil, México o China no depende únicamente de la productividad de cada fábrica, sino también de las condiciones económicas y tributarias existentes tanto a nivel nacional como provincial.

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Hasta agosto, las importaciones asociadas a proyectos incorporados al RIGI alcanzaron casi USD 460 millones, con un aumento cercano a USD 140 millones solamente durante ese mes. El monto representa alrededor del 1% de los USD 47.073 millones correspondientes a inversiones proyectadas en los proyectos aprobados. El régimen establece que, como mínimo, el 20% de cada inversión debe realizarse mediante compras a proveedores nacionales.

El programa funciona a partir del cruce entre las necesidades de los sectores energético, minero y de oil & gas y las capacidades disponibles dentro del entramado industrial bonaerense. Más de 60 empresas de diferentes actividades, entre ellas metalmecánica y fabricación de equipos para oil & gas, ya participan de la iniciativa. La convocatoria se realizó mediante cámaras sectoriales y territoriales.

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Sin embargo, la concentración de los proyectos fuera de Buenos Aires no es considerada un impedimento para la iniciativa. La intención es que las empresas bonaerenses también puedan convertirse en proveedoras de emprendimientos ubicados en otras provincias. En esa línea, ya se produjeron contactos con grandes compañías petroleras y con el área de proveedores de YPF.

Para concretar esas vinculaciones, se realizó un relevamiento de las capacidades productivas, certificaciones y características de las empresas participantes. Esa información se compara con los requerimientos de los grandes compradores para identificar qué pymes podrían incorporarse a las cadenas de valor de la minería y del sector de petróleo y gas.

Muchas de esas compañías ya abastecen a otras industrias, pero necesitan realizar modificaciones específicas para cumplir con las exigencias de estos nuevos mercados. Uno de los principales obstáculos es el proceso de certificación, que puede demorar hasta seis meses y, en algunos casos, exceder los tiempos establecidos para las licitaciones.

Con el objetivo de acelerar esos procedimientos, se estableció un acuerdo con el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y se mantienen conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para analizar mecanismos que permitan agilizar la homologación de certificaciones y facilitar el acceso de proveedores locales a proyectos mineros.

El programa también contempla acompañar a las pymes en la adaptación de sus procesos productivos. La incorporación a una nueva cadena de valor puede requerir el desarrollo de productos específicos, inversiones, incorporación de tecnología, innovación y financiamiento.

En materia crediticia, se mantienen conversaciones con distintas entidades bancarias para generar líneas destinadas a que las empresas puedan reconvertir sus procesos o incorporar bienes de capital.

La estrategia también incluye una dimensión internacional. A través de contactos con embajadas de países con actividad minera, se busca promover asociaciones que permitan a empresas bonaerenses abastecer esos mercados y, al mismo tiempo, intercambiar conocimientos técnicos.

La propuesta se complementa con un reclamo por una menor carga tributaria para los proveedores locales, con el argumento de mejorar su posición frente a competidores internacionales que pueden participar de los proyectos del RIGI.

En este punto, se trabaja en una modificación del impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires que preserve el equilibrio fiscal. El planteo contempla elevar inicialmente el mínimo no imponible para dejar exentas a las micro y pequeñas empresas y avanzar luego, durante un período de entre tres y cinco años, hacia una ampliación progresiva del beneficio para medianas y grandes compañías, hasta alcanzar una eventual eliminación del tributo para el sector.

La industria bonaerense había estado exenta de Ingresos Brutos hasta 2008. La propuesta actual forma parte de un pedido más amplio para establecer incentivos específicos destinados a las empresas que integren las cadenas de valor de los sectores energético y minero, como complemento de los beneficios previstos por el RIGI.

El planteo empresario apunta a que las nuevas inversiones no queden concentradas únicamente en los grandes proyectos, sino que también generen oportunidades para los proveedores industriales locales. Para ello, el sector considera necesarias condiciones de financiamiento, certificación y tributación que permitan a las pymes competir con proveedores del exterior.

El desafío también involucra la competitividad general de la economía. Para las empresas industriales, competir por una provisión frente a firmas de Brasil, México o China no depende únicamente de la productividad de cada fábrica, sino también de las condiciones económicas y tributarias existentes tanto a nivel nacional como provincial.
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