Política

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

La decisión alcanzó a otros 18 acusados y además se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias

“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las droguerías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios a la Agencia Nacional de Discapacidad “a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”.

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

La Agencia “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, agregó el juez.

Competencia de precios y puesta en escena

La resolución remarcó que hubo una “puesta en escena” a la hora de la competencia de precios, el paso imprescindible para las contrataciones públicas, en la adquisición de medicamentos de alto costo y baja incidencia.

Se invitaba a las cuatro droguerías implicadas, que en la mayor parte de los casos se “turnaban” para ofertar: en los procesos de adquisición de medicamentos generalmente lo hacían Profarma y Génesis (y eran adjudicadas), mientras que en las compras de insumos (principalmente, en la categoría de “implantes auditivos”) presentaban oferta New Farma y Floresta (y también eran adjudicadas), detalla el fallo. Además todas estaban vinculadas entre sí, fueron dadas de alta como prestadoras en ANDIS el mismo día y en respuesta a un pedido urgente de autoridades del organismo.

A este escenario se sumó el pago de sobreprecios. “En concreto, las ofertas de estas empresas eran injustificadamente caras, incluso en comparación con otras compulsas que transitaban paralela y simultáneamente en la propia ANDIS”, para adquisición de medicamentos generales, detalló el fallo.

La máquina de contar billetes y el mueblero

En este contexto, la prueba revela que durante la gestión de Spagnuolo el funcionamiento de la ANDIS “se orientó a favorecer de manera oculta e indebida determinados intereses privados, en el marco de claros conflictos de interés que incluyeron el pago de sobornos”.

“El detrás de escena refleja no sólo un estrecho vínculo (personal, comercial, laboral) entre los funcionarios (ubicados en posiciones claves, tal como fuera abordado) y los distintos actores privados, sino una coordinación, sostenida en el tiempo, determinada a la adjudicación direccionada de adquisición de medicamentos e insumos PACBI, con sobreprecios”, se analizó en el procesamiento.

Spagnuolo fue “la máxima autoridad y estuvo a cargo de la gestión de la Agencia durante el período en el que tuvieron lugar las prácticas corruptas”, concluyó el juez.

Además de haber colocado en puestos claves a “personas que respondían a intereses ajenos a la administración -los de la organización delictiva-, articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías, a cambio de sobornos”.

Spagnuolo argumentó “ceguera frente a los hechos” en contraste con reclamos que recibía por parte de droguerías excluídas del Programa Federal Incluir Salud.

Por ejemplo, un directivo de una de estas firmas declaró como testigo bajo juramento de verdad que puso al descubierto lo que pasaba ante el entonces funcionario y le reclamó por “un puñado de empresas seleccionadas a dedo, y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras”.

Entre otros elementos para procesar a Spaguolo, el juez tuvo en cuenta la máquina de contar billetes encontrada en la casa del funcionario “necesaria para instrumentar la entrega y recibo de dinero dado que la ilicitud de las maniobras forzaba su clandestinidad (la calidad de funcionario de Spagnuolo impedía, por ejemplo, recurrir a transferencias bancarias)”.

También enumeró los encuentros presenciales entre el director de la agencia y otro procesado, Miguel Angel Calvete o gente de su entorno: quedó registro de cinco visitas realizadas por Calvete en la vivienda de Spagnuolo y también se probaron pagos de Calvete a un “mueblero” contratado por el ex titular de ANDIS.

Los audios y el rechazo de las nulidades

El expediente se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en notas periodísticas que replicaban la filtración de audios explosivos. En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo confesaba la interna política: “Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear”.

Las defensas intentaron derribar la causa alegando que esos audios eran ilegales, habían sido manipulados y pidieron la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, en paralelo a los procesamientos, Casanello rechazó hoy esos planteos. El juez y el fiscal Franco Picardi lograron corroborar el contenido de las denuncias mediante pruebas independientes (expedientes y testimonios), sin depender procesalmente de las grabaciones, que de hecho no fueron usadas como prueba directa en el fallo, se remarcó en la resolución.

Los cuatro “jefes”

La resolución, de más de 300 páginas, describe una estructura jerárquica clara. Spagnuolo no habría actuado solo. El juez lo procesó como presunto jefe de la asociación ilícita junto a su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y a dos supuestos operadores: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Estos dos últimos, vinculados históricamente al negocio de las droguerías y con pasado en la política, fueron señalados como los cerebros externos que “controlaban la ANDIS desde afuera”. Según la prueba recolectada, habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

Aunque los procesados permanecerán en libertad, el golpe económico es fuerte: Casanello trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi similares para cada uno de los cuatro principales acusados.

“Otro nivel de complicidades”

Uno de los tramos más inquietantes de la resolución apunta hacia arriba. Casanello advirtió que lo descubierto hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg y sugirió que la responsabilidad política podría escalar.

“El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”, escribió el magistrado. Y agregó: “A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades“.

Para el juez, la investigación “no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Nuevas indagatorias y empresas bajo la lupa

Para avanzar sobre esos “márgenes difusos”, el juez ordenó una nueva batería de indagatorias que incluye a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Además, la Justicia irá contra las estructuras societarias utilizadas para el fraude. Casanello citó a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro firmas clave: Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.

La lista completa de los 19 procesados

La resolución alcanza a funcionarios de la gestión libertaria, empleados de carrera y empresarios. La nómina completa es la siguiente:

Procesados como jefes de la asociación ilícita:

• Diego Orlando Spagnuolo (Ex Director Ejecutivo de ANDIS)
• Daniel María Garbellini (Ex Subdirector)
• Miguel Ángel Calvete (Operador externo)
• Pablo Atchabahian (Operador externo)

Procesados como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (Ex Director de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (Ex Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (Empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (Ex funcionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.