El anuncio se produce mientras la demanda por los créditos hipotecarios UVA había comenzado a disminuir. El nuevo esquema apunta a facilitar que los bancos puedan volver a ofrecer préstamos a plazos extensos, aunque mantiene a la UVA como unidad de referencia.
Los créditos UVA fueron implementados en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento hipotecario. Su principal característica es que tanto el capital como las cuotas se actualizan mediante una unidad cuyo valor varía diariamente de acuerdo con la inflación.
El sistema permitió inicialmente ofrecer tasas más bajas y plazos más largos que los créditos tradicionales. De esta manera, las cuotas iniciales resultaban más accesibles y permitían que familias que no podían afrontar un préstamo convencional pudieran acceder a una vivienda.
El principal cuestionamiento apareció durante los períodos de alta inflación. Como la UVA se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor, cuando aumentan los precios también se incrementan el valor de la unidad, el capital adeudado y las cuotas.
La aceleración inflacionaria generó dificultades para numerosos deudores, especialmente cuando los ingresos no acompañaron el ritmo de aumento de los precios. En distintos momentos se implementaron congelamientos temporales y medidas para reducir el impacto sobre quienes ya habían tomado estos préstamos, mientras la oferta de nuevas hipotecas se redujo considerablemente.
La experiencia dejó planteado uno de los principales desafíos del sistema: aunque la indexación permite ofrecer una cuota inicial más baja, su evolución posterior depende de la capacidad de los ingresos para acompañar el aumento de precios.
Ahora, el Gobierno busca reactivar el mercado. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un programa de $2 billones que utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mejorar el financiamiento de las entidades bancarias.
Los fondos se distribuirán mediante licitaciones de $200.000 millones y estarán destinados a préstamos para la compra, construcción, ampliación o mejora de una primera vivienda.
El esquema contempla dos plazos de financiamiento para los bancos: uno de un año, con una tasa mínima equivalente a UVA más un spread del 2,50%, y otro de cinco años, con una tasa mínima de UVA más un spread del 4,50%.
Para los créditos otorgados con estos recursos se estableció una tasa máxima de UVA más 7,50%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por préstamo.
El objetivo es atender una dificultad estructural del sistema financiero argentino: los bancos suelen captar depósitos a corto plazo, mientras que los créditos hipotecarios requieren fondos durante períodos mucho más extensos, que pueden alcanzar 15, 20 o 30 años.
El nuevo mecanismo busca reducir esa diferencia mediante recursos con plazos compatibles con el financiamiento hipotecario. Las entidades que accedan a ellos deberán destinarlos a nuevos créditos dentro del período establecido.
Actualmente, el stock de créditos hipotecarios representa alrededor del 2% del Producto Bruto Interno, una proporción considerablemente menor que la registrada en otros países de la región. Según las estimaciones oficiales, los $2 billones del programa podrían generar entre 17.000 y 18.000 soluciones habitacionales.
La reactivación del financiamiento vuelve a colocar a los créditos UVA en el centro de la discusión. El desafío será ampliar la oferta de préstamos de largo plazo y facilitar el acceso a la vivienda, mientras persiste el antecedente de los períodos de elevada inflación.
El atractivo del sistema continúa siendo la posibilidad de acceder a una cuota inicial más baja que en otras modalidades, pero su evolución queda vinculada al comportamiento de la inflación y a la capacidad de los ingresos para acompañar la actualización de las cuotas y del capital.
El anuncio se produce mientras la demanda por los créditos hipotecarios UVA había comenzado a disminuir. El nuevo esquema apunta a facilitar que los bancos puedan volver a ofrecer préstamos a plazos extensos, aunque mantiene a la UVA como unidad de referencia.
Los créditos UVA fueron implementados en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento hipotecario. Su principal característica es que tanto el capital como las cuotas se actualizan mediante una unidad cuyo valor varía diariamente de acuerdo con la inflación.
El sistema permitió inicialmente ofrecer tasas más bajas y plazos más largos que los créditos tradicionales. De esta manera, las cuotas iniciales resultaban más accesibles y permitían que familias que no podían afrontar un préstamo convencional pudieran acceder a una vivienda.
El principal cuestionamiento apareció durante los períodos de alta inflación. Como la UVA se actualiza en función del Índice de Precios al Consumidor, cuando aumentan los precios también se incrementan el valor de la unidad, el capital adeudado y las cuotas.
La aceleración inflacionaria generó dificultades para numerosos deudores, especialmente cuando los ingresos no acompañaron el ritmo de aumento de los precios. En distintos momentos se implementaron congelamientos temporales y medidas para reducir el impacto sobre quienes ya habían tomado estos préstamos, mientras la oferta de nuevas hipotecas se redujo considerablemente.
La experiencia dejó planteado uno de los principales desafíos del sistema: aunque la indexación permite ofrecer una cuota inicial más baja, su evolución posterior depende de la capacidad de los ingresos para acompañar el aumento de precios.
Ahora, el Gobierno busca reactivar el mercado. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un programa de $2 billones que utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mejorar el financiamiento de las entidades bancarias.
Los fondos se distribuirán mediante licitaciones de $200.000 millones y estarán destinados a préstamos para la compra, construcción, ampliación o mejora de una primera vivienda.
El esquema contempla dos plazos de financiamiento para los bancos: uno de un año, con una tasa mínima equivalente a UVA más un spread del 2,50%, y otro de cinco años, con una tasa mínima de UVA más un spread del 4,50%.
Para los créditos otorgados con estos recursos se estableció una tasa máxima de UVA más 7,50%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por préstamo.
El objetivo es atender una dificultad estructural del sistema financiero argentino: los bancos suelen captar depósitos a corto plazo, mientras que los créditos hipotecarios requieren fondos durante períodos mucho más extensos, que pueden alcanzar 15, 20 o 30 años.
El nuevo mecanismo busca reducir esa diferencia mediante recursos con plazos compatibles con el financiamiento hipotecario. Las entidades que accedan a ellos deberán destinarlos a nuevos créditos dentro del período establecido.
Actualmente, el stock de créditos hipotecarios representa alrededor del 2% del Producto Bruto Interno, una proporción considerablemente menor que la registrada en otros países de la región. Según las estimaciones oficiales, los $2 billones del programa podrían generar entre 17.000 y 18.000 soluciones habitacionales.
La reactivación del financiamiento vuelve a colocar a los créditos UVA en el centro de la discusión. El desafío será ampliar la oferta de préstamos de largo plazo y facilitar el acceso a la vivienda, mientras persiste el antecedente de los períodos de elevada inflación.
El atractivo del sistema continúa siendo la posibilidad de acceder a una cuota inicial más baja que en otras modalidades, pero su evolución queda vinculada al comportamiento de la inflación y a la capacidad de los ingresos para acompañar la actualización de las cuotas y del capital.
