El cronograma parlamentario establece que los proyectos relacionados con discapacidad serán analizados el 16 y el 23 de septiembre, mientras que las iniciativas vinculadas con morosidad deberán ser abordadas el 29 de septiembre.
La decisión se tomó luego de una sesión en la que el quórum se alcanzó con 135 diputados presentes. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, señaló que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de ampliar el respaldo a la iniciativa y evitar que la votación quedara limitada al apoyo que había recibido una propuesta anterior.
Según explicó el diputado, algunos integrantes de La Libertad Avanza permanecieron de pie dentro del recinto y el oficialismo había evaluado internamente quiénes participarían de la sesión. Juliano también sostuvo que representantes del Gobierno se habían comunicado durante la mañana con su espacio para anticipar que concurrirían.
El legislador atribuyó parte del resultado al respaldo de bloques provinciales, que permitió alcanzar el número necesario para abrir la sesión y posteriormente aprobar el emplazamiento.
El tratamiento de los proyectos sobre morosidad había sufrido demoras. Juliano recordó que unos 15 días antes había presentado una propuesta similar, que había obtenido 133 votos. A partir de ese antecedente, consideró que se generaron las condiciones para avanzar ahora con una fecha concreta de discusión.
La iniciativa busca establecer herramientas para las personas que enfrentan dificultades para cumplir con sus deudas, aunque con el objetivo de preservar al mismo tiempo el acceso futuro al crédito. Entre las alternativas planteadas aparecen mecanismos de refinanciación, criterios de segmentación y un procedimiento extrajudicial para resolver los conflictos sin recurrir necesariamente a la Justicia.
En ese esquema, Juliano propuso tomar como referencia mecanismos de mediación y experiencias desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, donde se aplicaron planes de refinanciación y programas destinados a trabajadores estatales.
El diputado también cuestionó la posibilidad de que la Comisión de Presupuesto intervenga en el tratamiento, debido a que, según su planteo, podría demorar la elaboración de un dictamen. Por ese motivo, propuso concentrar el debate en las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas y evitar iniciativas que impliquen impacto fiscal.
La intención, según explicó, es elaborar una propuesta que pueda reunir respaldo parlamentario y que no quede expuesta a un eventual veto presidencial.
Uno de los proyectos impulsados por Juliano lleva el nombre de “Segunda oportunidad” y apunta a diferenciar las situaciones según el monto de las deudas y el nivel de incumplimiento. El objetivo es evitar que una deuda de bajo monto termine excluyendo durante años del sistema financiero a una persona que posteriormente regularizó su situación.
En ese sentido, el diputado cuestionó que una persona pueda permanecer registrada durante cinco años por una obligación que ya fue cancelada y sostuvo que una dificultad financiera inicial no debería impedir el acceso posterior a nuevos créditos.
Durante su exposición, Juliano señaló que el 40% de las personas morosas son menores de 25 años. También citó datos que atribuyó a estudios del Banco Central, según los cuales quienes acumulan más de tres meses de mora registran deudas de entre $370.000 y $420.000 y alrededor de 1,8 millones de personas no logran superar esa situación.
Las diferencias también aparecen según el tipo de prestador. De acuerdo con las cifras mencionadas por el legislador, la morosidad ronda el 7% entre los bancos, se ubica entre el 19% y el 21% en las billeteras virtuales y alcanza aproximadamente el 36% entre los prestadores no bancarios.
Para Juliano, el desafío del Congreso consiste en generar mecanismos que permitan resolver las situaciones de endeudamiento sin cerrar el acceso al financiamiento. En ese marco, planteó que la refinanciación y una instancia extrajudicial podrían permitir recuperar a quienes quedaron fuera del sistema y evitar que los incumplimientos se prolonguen durante períodos extensos.
El cronograma parlamentario establece que los proyectos relacionados con discapacidad serán analizados el 16 y el 23 de septiembre, mientras que las iniciativas vinculadas con morosidad deberán ser abordadas el 29 de septiembre.
La decisión se tomó luego de una sesión en la que el quórum se alcanzó con 135 diputados presentes. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, señaló que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de ampliar el respaldo a la iniciativa y evitar que la votación quedara limitada al apoyo que había recibido una propuesta anterior.
Según explicó el diputado, algunos integrantes de La Libertad Avanza permanecieron de pie dentro del recinto y el oficialismo había evaluado internamente quiénes participarían de la sesión. Juliano también sostuvo que representantes del Gobierno se habían comunicado durante la mañana con su espacio para anticipar que concurrirían.
El legislador atribuyó parte del resultado al respaldo de bloques provinciales, que permitió alcanzar el número necesario para abrir la sesión y posteriormente aprobar el emplazamiento.
El tratamiento de los proyectos sobre morosidad había sufrido demoras. Juliano recordó que unos 15 días antes había presentado una propuesta similar, que había obtenido 133 votos. A partir de ese antecedente, consideró que se generaron las condiciones para avanzar ahora con una fecha concreta de discusión.
La iniciativa busca establecer herramientas para las personas que enfrentan dificultades para cumplir con sus deudas, aunque con el objetivo de preservar al mismo tiempo el acceso futuro al crédito. Entre las alternativas planteadas aparecen mecanismos de refinanciación, criterios de segmentación y un procedimiento extrajudicial para resolver los conflictos sin recurrir necesariamente a la Justicia.
En ese esquema, Juliano propuso tomar como referencia mecanismos de mediación y experiencias desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, donde se aplicaron planes de refinanciación y programas destinados a trabajadores estatales.
El diputado también cuestionó la posibilidad de que la Comisión de Presupuesto intervenga en el tratamiento, debido a que, según su planteo, podría demorar la elaboración de un dictamen. Por ese motivo, propuso concentrar el debate en las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas y evitar iniciativas que impliquen impacto fiscal.
La intención, según explicó, es elaborar una propuesta que pueda reunir respaldo parlamentario y que no quede expuesta a un eventual veto presidencial.
Uno de los proyectos impulsados por Juliano lleva el nombre de “Segunda oportunidad” y apunta a diferenciar las situaciones según el monto de las deudas y el nivel de incumplimiento. El objetivo es evitar que una deuda de bajo monto termine excluyendo durante años del sistema financiero a una persona que posteriormente regularizó su situación.
En ese sentido, el diputado cuestionó que una persona pueda permanecer registrada durante cinco años por una obligación que ya fue cancelada y sostuvo que una dificultad financiera inicial no debería impedir el acceso posterior a nuevos créditos.
Durante su exposición, Juliano señaló que el 40% de las personas morosas son menores de 25 años. También citó datos que atribuyó a estudios del Banco Central, según los cuales quienes acumulan más de tres meses de mora registran deudas de entre $370.000 y $420.000 y alrededor de 1,8 millones de personas no logran superar esa situación.
Las diferencias también aparecen según el tipo de prestador. De acuerdo con las cifras mencionadas por el legislador, la morosidad ronda el 7% entre los bancos, se ubica entre el 19% y el 21% en las billeteras virtuales y alcanza aproximadamente el 36% entre los prestadores no bancarios.
Para Juliano, el desafío del Congreso consiste en generar mecanismos que permitan resolver las situaciones de endeudamiento sin cerrar el acceso al financiamiento. En ese marco, planteó que la refinanciación y una instancia extrajudicial podrían permitir recuperar a quienes quedaron fuera del sistema y evitar que los incumplimientos se prolonguen durante períodos extensos.
