El tema fue abordado durante la reunión de gabinete de este lunes, la primera desde el regreso del presidente Javier Milei a la Casa Rosada después de 45 días. Durante el encuentro se analizó además la evolución de la morosidad, que en junio se ubicó en 12,8%, el mismo nivel registrado en mayo. Sin embargo, hubo comportamientos diferentes según el tipo de crédito: mientras disminuyó la morosidad de las tarjetas de crédito, aumentó en los préstamos personales y prendarios, de acuerdo con datos del Banco Central.
Los funcionarios repasaron las alternativas de refinanciación que ya se encuentran disponibles. Entre ellas, se destacó una línea del Banco Nación a 10 años, con una tasa anual del 31% para sus clientes, por debajo del 64% correspondiente a los préstamos personales. Dentro del Gobierno consideran que este esquema podría servir como referencia para otras entidades financieras, aunque también plantean la necesidad de mejorar la difusión de este tipo de alternativas.
Hasta el momento, los bancos refinanciaron las deudas de unas 360.000 personas, aproximadamente el 16% del total de los morosos. Los mayores niveles de endeudamiento se concentran en el sistema bancario, mientras que las tasas de morosidad son más elevadas en las empresas financieras digitales, las casas de crédito rápido y los comercios de electrodomésticos.
A pesar del deterioro de los indicadores, dentro del gabinete se sostuvo que “no hay una crisis” y se rechazó la posibilidad de establecer una solución generalizada para el conjunto de los deudores. Milei cuestionó la idea de una medida de ese tipo y la calificó como “injusta e inmoral”.
El oficialismo también mantiene su rechazo a los proyectos impulsados por sectores de la oposición en el Congreso que buscan establecer límites a las tasas de interés y facilitar planes de pago de hasta 36 meses. El Presidente considera que esas iniciativas constituyen “soluciones paternalistas”.
Al mismo tiempo, dentro del Gobierno reconocen que existe un problema relacionado con la información que reciben quienes toman un crédito. Por eso, una de las alternativas que comenzó a evaluarse consiste en reforzar la claridad de las condiciones de los préstamos, incluyendo la discriminación de impuestos y una exposición más precisa del Costo Financiero Total (CFT).
La publicidad de las tasas y del CFT ya se encuentra alcanzada por las normas de defensa del consumidor, la legislación sobre tarjetas de crédito y las regulaciones del Banco Central. Sin embargo, persisten reclamos vinculados con la forma en que se presentan los costos de los préstamos.
La propuesta que se analiza apunta a que los usuarios puedan conocer de manera sencilla cuánto terminarán pagando antes de asumir una deuda. El objetivo es evitar que una persona tome un crédito considerando una determinada tasa y luego se encuentre con un costo final sustancialmente mayor debido a intereses, seguros, gastos e impuestos.
El Banco Central señaló que evalúa de manera permanente iniciativas destinadas a mejorar la información disponible sobre los productos financieros. Las obligaciones de informar los costos alcanzan tanto a los bancos como a las empresas financieras digitales.
Los préstamos deben presentar las tasas de manera que permitan realizar comparaciones. Por ejemplo, un crédito personal de $100.000 con una Tasa Nominal Anual del 60% implica una tasa mensual del 5%. Si los intereses se capitalizan mensualmente durante un año, la Tasa Efectiva Anual alcanza el 79,6%. Al incorporar seguros, gastos e IVA, el Costo Financiero Total Efectivo Anual puede ser aún mayor.
La discusión sobre la transparencia cobró mayor relevancia luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconociera la existencia de tasas que consideró “abusivas”. El tema también se vincula con los reclamos por una mayor educación financiera y con cuestionamientos recibidos por funcionarios sobre la información disponible para los usuarios de servicios financieros digitales.
Mercado Pago quedó involucrado en esa discusión a partir de cuestionamientos sobre la forma de calcular y presentar la Tasa Efectiva Anual. Su titular, Marcos Galperín, cuestionó públicamente ese indicador y planteó que debería eliminarse. También comparó las tasas ofrecidas por la plataforma con las de otras entidades financieras.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció que se analizarán las tasas aplicadas por las empresas financieras digitales y no descartó la aplicación de sanciones económicas.
Durante el primer semestre, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación registró 200 reclamos vinculados con tasas excesivas, acoso a usuarios y falta de información. Entre los principales motivos aparecen la ausencia de datos claros sobre las tasas de interés, la omisión del CFT, información confusa o incompleta y la falta de entrega de contratos y documentación.
La discusión también expone diferencias dentro del Gobierno sobre la relación entre los bancos y las empresas financieras digitales. Un antecedente se produjo cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había incorporado en la reforma laboral un artículo que establecía que las empresas financieras digitales debían poder acreditar cuentas sueldo. La iniciativa finalmente fue descartada por decisión de Luis Caputo y Patricia Bullrich.
El hecho de que la morosidad, que se encuentra en niveles elevados en términos históricos, haya sido incorporada a la agenda de una reunión de gabinete muestra la creciente preocupación del Gobierno por la evolución del endeudamiento de las familias y su impacto sobre el consumo.
Los niveles de mora también tienen impacto sobre la capacidad de consumo de los hogares, debido a que una mayor proporción de los ingresos debe destinarse al pago de deudas. Esta situación se suma a la discusión dentro del Gobierno sobre cómo mejorar las condiciones de acceso al crédito sin establecer medidas generales de refinanciación.
El tema fue abordado durante la reunión de gabinete de este lunes, la primera desde el regreso del presidente Javier Milei a la Casa Rosada después de 45 días. Durante el encuentro se analizó además la evolución de la morosidad, que en junio se ubicó en 12,8%, el mismo nivel registrado en mayo. Sin embargo, hubo comportamientos diferentes según el tipo de crédito: mientras disminuyó la morosidad de las tarjetas de crédito, aumentó en los préstamos personales y prendarios, de acuerdo con datos del Banco Central.
Los funcionarios repasaron las alternativas de refinanciación que ya se encuentran disponibles. Entre ellas, se destacó una línea del Banco Nación a 10 años, con una tasa anual del 31% para sus clientes, por debajo del 64% correspondiente a los préstamos personales. Dentro del Gobierno consideran que este esquema podría servir como referencia para otras entidades financieras, aunque también plantean la necesidad de mejorar la difusión de este tipo de alternativas.
Hasta el momento, los bancos refinanciaron las deudas de unas 360.000 personas, aproximadamente el 16% del total de los morosos. Los mayores niveles de endeudamiento se concentran en el sistema bancario, mientras que las tasas de morosidad son más elevadas en las empresas financieras digitales, las casas de crédito rápido y los comercios de electrodomésticos.
A pesar del deterioro de los indicadores, dentro del gabinete se sostuvo que “no hay una crisis” y se rechazó la posibilidad de establecer una solución generalizada para el conjunto de los deudores. Milei cuestionó la idea de una medida de ese tipo y la calificó como “injusta e inmoral”.
El oficialismo también mantiene su rechazo a los proyectos impulsados por sectores de la oposición en el Congreso que buscan establecer límites a las tasas de interés y facilitar planes de pago de hasta 36 meses. El Presidente considera que esas iniciativas constituyen “soluciones paternalistas”.
Al mismo tiempo, dentro del Gobierno reconocen que existe un problema relacionado con la información que reciben quienes toman un crédito. Por eso, una de las alternativas que comenzó a evaluarse consiste en reforzar la claridad de las condiciones de los préstamos, incluyendo la discriminación de impuestos y una exposición más precisa del Costo Financiero Total (CFT).
La publicidad de las tasas y del CFT ya se encuentra alcanzada por las normas de defensa del consumidor, la legislación sobre tarjetas de crédito y las regulaciones del Banco Central. Sin embargo, persisten reclamos vinculados con la forma en que se presentan los costos de los préstamos.
La propuesta que se analiza apunta a que los usuarios puedan conocer de manera sencilla cuánto terminarán pagando antes de asumir una deuda. El objetivo es evitar que una persona tome un crédito considerando una determinada tasa y luego se encuentre con un costo final sustancialmente mayor debido a intereses, seguros, gastos e impuestos.
El Banco Central señaló que evalúa de manera permanente iniciativas destinadas a mejorar la información disponible sobre los productos financieros. Las obligaciones de informar los costos alcanzan tanto a los bancos como a las empresas financieras digitales.
Los préstamos deben presentar las tasas de manera que permitan realizar comparaciones. Por ejemplo, un crédito personal de $100.000 con una Tasa Nominal Anual del 60% implica una tasa mensual del 5%. Si los intereses se capitalizan mensualmente durante un año, la Tasa Efectiva Anual alcanza el 79,6%. Al incorporar seguros, gastos e IVA, el Costo Financiero Total Efectivo Anual puede ser aún mayor.
La discusión sobre la transparencia cobró mayor relevancia luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, reconociera la existencia de tasas que consideró “abusivas”. El tema también se vincula con los reclamos por una mayor educación financiera y con cuestionamientos recibidos por funcionarios sobre la información disponible para los usuarios de servicios financieros digitales.
Mercado Pago quedó involucrado en esa discusión a partir de cuestionamientos sobre la forma de calcular y presentar la Tasa Efectiva Anual. Su titular, Marcos Galperín, cuestionó públicamente ese indicador y planteó que debería eliminarse. También comparó las tasas ofrecidas por la plataforma con las de otras entidades financieras.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció que se analizarán las tasas aplicadas por las empresas financieras digitales y no descartó la aplicación de sanciones económicas.
Durante el primer semestre, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación registró 200 reclamos vinculados con tasas excesivas, acoso a usuarios y falta de información. Entre los principales motivos aparecen la ausencia de datos claros sobre las tasas de interés, la omisión del CFT, información confusa o incompleta y la falta de entrega de contratos y documentación.
La discusión también expone diferencias dentro del Gobierno sobre la relación entre los bancos y las empresas financieras digitales. Un antecedente se produjo cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había incorporado en la reforma laboral un artículo que establecía que las empresas financieras digitales debían poder acreditar cuentas sueldo. La iniciativa finalmente fue descartada por decisión de Luis Caputo y Patricia Bullrich.
El hecho de que la morosidad, que se encuentra en niveles elevados en términos históricos, haya sido incorporada a la agenda de una reunión de gabinete muestra la creciente preocupación del Gobierno por la evolución del endeudamiento de las familias y su impacto sobre el consumo.
Los niveles de mora también tienen impacto sobre la capacidad de consumo de los hogares, debido a que una mayor proporción de los ingresos debe destinarse al pago de deudas. Esta situación se suma a la discusión dentro del Gobierno sobre cómo mejorar las condiciones de acceso al crédito sin establecer medidas generales de refinanciación.
