En este marco, desde el Palacio de Hacienda se llevan adelante negociaciones con el sector para saldar deudas con contratistas estatales. Se han presentado propuestas que apuntan a reactivar la construcción de viviendas para la clase media, las cuales incluirían la venta de acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) y la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).
Se están preparando medidas en el Ministerio de Economía para incentivar el acceso al crédito en el rubro de la construcción. El viceministro, José Luis Daza, confirmó recientemente que se están evaluando diferentes canales para facilitar el crédito, tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, los participantes de las mesas de negociación sostienen que las propuestas que se presentan ante los funcionarios de Caputo son revisadas pero no avanzan con la rapidez deseada.
Dentro de este contexto, el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, ha tomado un rol clave en las conversaciones con las empresas. Herrmann se ha convertido en el interlocutor principal con la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco), sobre todo tras la renuncia de Carlos Frugoni. Este martes, Herrmann sostendrá una reunión crucial con las autoridades de Cammarco para discutir las condiciones del bono que se utilizará para cancelar deudas con contratistas estatales, cuyo monto podría alcanzar los 220.000 millones de pesos.
Fuentes del sector empresarial han expresado sus dudas sobre la aceptación del bono, ya que las empresas tendrían que renunciar a cualquier otro reclamo frente al Estado. “Depende de las empresas: algunas van a adherir porque no tienen reclamos, otras quizás lo hagan porque sus reclamos no son significativos y habrá quienes opten por otro camino. Dado que no está claro el nivel de adhesión, aún se desconoce si el monto será suficiente”, señaló un consultado.
El bono en discusión forma parte de un conjunto más amplio de negociaciones. Empresarios han presentado propuestas para revitalizar el mercado de vivienda para la clase media. Una de las ideas clave consiste en utilizar los ingresos de la venta de acciones del FSG, algo que requeriría la aprobación de una ley en el Congreso, para destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a la reducción de hipotecas, buscando así ampliar el acceso al crédito habitacional.
Otra propuesta importante se centra en el diseño del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para agrupar en una o varias cuentas grandes en lugar de tener cuentas individuales por empresa. Esto podría dirigir el remanente no utilizado para indemnizaciones hacia hipotecas, aumentando la capacidad de financiamiento. “Si se concentran todas en un FAL, como el monto utilizado para indemnizaciones es mínimo, se generará un remanente considerable que podrá ser utilizado para hipotecas”, explicaron quienes participan en el debate.
No obstante, el FAL enfrenta su propia serie de postergaciones. En mayo, el Gobierno pospuso su implementación hasta el 1° de noviembre de 2026, en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para mantener el superávit fiscal. La Ley de Modernización permitió este aplazamiento, aunque dentro del oficialismo crece la preocupación por la necesidad de nuevas demoras si los ingresos fiscales no mejoran. Cualquier nueva prorroga requeriría de una ley adicional del Congreso.
Así, las negociaciones con el sector de la construcción ponen de manifiesto la diversidad de intereses y expectativas en juego. El equipo de Caputo se muestra receptivo a las propuestas, pero muchas de ellas aún están bajo evaluación, sin plazos determinados ni consensos automáticos. Herrmann, como responsable del diálogo, se consolida como el canal para acercar posturas entre las demandas empresariales y las limitaciones que impone la situación fiscal.
El debate sobre el uso del FAL añade una complejidad adicional. La sugerencia de agrupar fondos y destinarlos a hipotecas podría liberar capitales ociosos y fortalecer el crédito; sin embargo, su implementación dependerá de cambios normativos y consensos políticos que todavía no se han logrado. El aplazamiento oficial introduce incertidumbre sobre los plazos y la efectividad de esta herramienta, que permanece bajo la atenta observación de funcionarios y empresarios.
En este marco, desde el Palacio de Hacienda se llevan adelante negociaciones con el sector para saldar deudas con contratistas estatales. Se han presentado propuestas que apuntan a reactivar la construcción de viviendas para la clase media, las cuales incluirían la venta de acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FSG) y la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).
Se están preparando medidas en el Ministerio de Economía para incentivar el acceso al crédito en el rubro de la construcción. El viceministro, José Luis Daza, confirmó recientemente que se están evaluando diferentes canales para facilitar el crédito, tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, los participantes de las mesas de negociación sostienen que las propuestas que se presentan ante los funcionarios de Caputo son revisadas pero no avanzan con la rapidez deseada.
Dentro de este contexto, el secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, ha tomado un rol clave en las conversaciones con las empresas. Herrmann se ha convertido en el interlocutor principal con la Cámara Argentina de la Construcción (Cammarco), sobre todo tras la renuncia de Carlos Frugoni. Este martes, Herrmann sostendrá una reunión crucial con las autoridades de Cammarco para discutir las condiciones del bono que se utilizará para cancelar deudas con contratistas estatales, cuyo monto podría alcanzar los 220.000 millones de pesos.
Fuentes del sector empresarial han expresado sus dudas sobre la aceptación del bono, ya que las empresas tendrían que renunciar a cualquier otro reclamo frente al Estado. “Depende de las empresas: algunas van a adherir porque no tienen reclamos, otras quizás lo hagan porque sus reclamos no son significativos y habrá quienes opten por otro camino. Dado que no está claro el nivel de adhesión, aún se desconoce si el monto será suficiente”, señaló un consultado.
El bono en discusión forma parte de un conjunto más amplio de negociaciones. Empresarios han presentado propuestas para revitalizar el mercado de vivienda para la clase media. Una de las ideas clave consiste en utilizar los ingresos de la venta de acciones del FSG, algo que requeriría la aprobación de una ley en el Congreso, para destinar entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones a la reducción de hipotecas, buscando así ampliar el acceso al crédito habitacional.
Otra propuesta importante se centra en el diseño del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para agrupar en una o varias cuentas grandes en lugar de tener cuentas individuales por empresa. Esto podría dirigir el remanente no utilizado para indemnizaciones hacia hipotecas, aumentando la capacidad de financiamiento. “Si se concentran todas en un FAL, como el monto utilizado para indemnizaciones es mínimo, se generará un remanente considerable que podrá ser utilizado para hipotecas”, explicaron quienes participan en el debate.
No obstante, el FAL enfrenta su propia serie de postergaciones. En mayo, el Gobierno pospuso su implementación hasta el 1° de noviembre de 2026, en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para mantener el superávit fiscal. La Ley de Modernización permitió este aplazamiento, aunque dentro del oficialismo crece la preocupación por la necesidad de nuevas demoras si los ingresos fiscales no mejoran. Cualquier nueva prorroga requeriría de una ley adicional del Congreso.
Así, las negociaciones con el sector de la construcción ponen de manifiesto la diversidad de intereses y expectativas en juego. El equipo de Caputo se muestra receptivo a las propuestas, pero muchas de ellas aún están bajo evaluación, sin plazos determinados ni consensos automáticos. Herrmann, como responsable del diálogo, se consolida como el canal para acercar posturas entre las demandas empresariales y las limitaciones que impone la situación fiscal.
El debate sobre el uso del FAL añade una complejidad adicional. La sugerencia de agrupar fondos y destinarlos a hipotecas podría liberar capitales ociosos y fortalecer el crédito; sin embargo, su implementación dependerá de cambios normativos y consensos políticos que todavía no se han logrado. El aplazamiento oficial introduce incertidumbre sobre los plazos y la efectividad de esta herramienta, que permanece bajo la atenta observación de funcionarios y empresarios.
