Recientemente, la administración nacional presentó una nueva línea de créditos subsidiados destinada a trabajadores, en el marco de su política de expansión del crédito. Sin embargo, el Banco Central ha dejado clara su postura de no promover un plan general de refinanciación para deudores en mora.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, subrayó que la respuesta al incremento de la mora debería ser gestionada por cada entidad financiera, indicando que el sistema se inclinará a otorgar préstamos de manera “más selectiva”, sin optar por una intervención masiva para reestructurar las deudas de las familias.
Este panorama ha motivado a varias provincias a actuar de manera diferente. Mientras que la política nacional busca mantener la oferta de créditos a través de nuevas líneas de financiamiento, gobernadores como Hugo Passalacqua, Juan Pablo Valdés y Axel Kicillof han decidido implementar una estrategia alternativa.
Estas administraciones provinciales han puesto en marcha mecanismos para refinanciar deudas existentes, con el objetivo de frenar el crecimiento de la mora que pone en peligro la inclusión financiera de las familias.
Las iniciativas de estos gobernadores se han desarrollado en los últimos meses, aunque difieren en términos de alcance y formato. Sin embargo, todas tienen como meta común aliviar la situación financiera de los hogares y mitigar el deterioro de la cartera de créditos.
La preocupación es significativa. Según los últimos datos oficiales, la irregularidad en el pago de préstamos a familias alcanzó en mayo un 12,7%, marcando el nivel más elevado en los últimos veinte años. Además, la Central de Deudores del Banco Central indicó que el 27% de quienes tomaron un préstamo han perdido su condición de sujetos de crédito, una situación que afecta a casi siete millones de personas y restringe su acceso a nuevas financiamientos.
En este contexto, las provincias han comenzado a asumir un rol que hasta ahora era poco habitual: intervenir de forma directa en el endeudamiento familiar.
La estrategia más prominente corresponde a la provincia de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua lanzó el 19 de marzo un programa específico en colaboración con Banco Macro para la refinanciación de deudas de empleados públicos, jubilados y pensionados. Inicialmente, el programa iba a durar poco más de un mes, pero fue extendido varias veces hasta el 31 de julio debido a la alta demanda.
Este esquema permite reestructurar préstamos y saldos de tarjetas de crédito a través de planes con tasas bonificadas y plazos más amplios. En su última actualización, se incluyó a jubilados y pensionados de ANSES, así como a aquellos con deudas en mora de más de seis días.
Adicionalmente, el gobierno provincial ha tomado medidas adicionales. A través de una resolución del Ministerio de Hacienda, estableció un límite del 39% sobre el ingreso neto para todos los descuentos relacionados con préstamos de empleados públicos y jubilados. Esto obliga a bancos y entidades financieras a refinanciar aquellas deudas que superen ese tope, extendiendo los plazos para reducir el monto de las cuotas. También se prohíbe la concesión de nuevos créditos que excedan ese límite.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, justificó esta resolución al señalar que el crecimiento del sobreendeudamiento se ha convertido en un desafío estructural. No obstante, remarcó que la situación afecta a menos del 14% de los trabajadores y pasivos provinciales, indicando que la acción se toma para resguardar el poder adquisitivo de estas familias.
El 6 de marzo, el gobernador Juan Pablo Valdés presentó “Corrientes Sostiene”, un programa desarrollado junto al Banco de Corrientes para brindar alivio a las familias, además de financiamiento para empresas y productores. Para los hogares, incluye la refinanciación de tarjetas de crédito de hasta $100.000, con planes de seis y doce cuotas y una tasa bonificada, considerablemente inferior a la habitual. Se estima que esta medida beneficiará a alrededor de 89.000 familias.
Desde el Gobierno correntino, se destacó que la decisión tiene como fin reducir la carga del endeudamiento en los ingresos familiares y evitar que la mora continúe en aumento.
Por su parte, el 1° de julio, Banco Provincia lanzó “Ponete al Día”, un programa destinado a clientes en mora que permite refinanciar deudas con tasas desde el 31% y plazos de hasta 72 meses, principalmente orientado a quienes perciben salarios o jubilaciones a través de la entidad y a clientes de menor ingreso. Antes de anunciar este programa, se informó que durante 2026 ya se habían refinanciado deudas por más de $234.000 millones, señal de la magnitud del problema en la principal jurisdicción del país.
A pesar de las diferencias políticas entre Valdés, Passalacqua y Kicillof, los tres coinciden en un diagnóstico: el sobreendeudamiento de las familias ha dejado de ser un problema que concierne únicamente a las entidades bancarias y comienza a afectar de forma significativa a la economía real.
Esta respuesta de los gobiernos provinciales contrasta con la política del Gobierno nacional. Mientras que la administración actual defiende una política de no intervención en el mercado crediticio, dejando la reestructuración de deudas en manos de las entidades financieras y los deudores, las provincias han comenzado a implementar sus propias herramientas para mitigar el impacto de esta situación.
Recientemente, la administración nacional presentó una nueva línea de créditos subsidiados destinada a trabajadores, en el marco de su política de expansión del crédito. Sin embargo, el Banco Central ha dejado clara su postura de no promover un plan general de refinanciación para deudores en mora.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, subrayó que la respuesta al incremento de la mora debería ser gestionada por cada entidad financiera, indicando que el sistema se inclinará a otorgar préstamos de manera “más selectiva”, sin optar por una intervención masiva para reestructurar las deudas de las familias.
Este panorama ha motivado a varias provincias a actuar de manera diferente. Mientras que la política nacional busca mantener la oferta de créditos a través de nuevas líneas de financiamiento, gobernadores como Hugo Passalacqua, Juan Pablo Valdés y Axel Kicillof han decidido implementar una estrategia alternativa.
Estas administraciones provinciales han puesto en marcha mecanismos para refinanciar deudas existentes, con el objetivo de frenar el crecimiento de la mora que pone en peligro la inclusión financiera de las familias.
Las iniciativas de estos gobernadores se han desarrollado en los últimos meses, aunque difieren en términos de alcance y formato. Sin embargo, todas tienen como meta común aliviar la situación financiera de los hogares y mitigar el deterioro de la cartera de créditos.
La preocupación es significativa. Según los últimos datos oficiales, la irregularidad en el pago de préstamos a familias alcanzó en mayo un 12,7%, marcando el nivel más elevado en los últimos veinte años. Además, la Central de Deudores del Banco Central indicó que el 27% de quienes tomaron un préstamo han perdido su condición de sujetos de crédito, una situación que afecta a casi siete millones de personas y restringe su acceso a nuevas financiamientos.
En este contexto, las provincias han comenzado a asumir un rol que hasta ahora era poco habitual: intervenir de forma directa en el endeudamiento familiar.
La estrategia más prominente corresponde a la provincia de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua lanzó el 19 de marzo un programa específico en colaboración con Banco Macro para la refinanciación de deudas de empleados públicos, jubilados y pensionados. Inicialmente, el programa iba a durar poco más de un mes, pero fue extendido varias veces hasta el 31 de julio debido a la alta demanda.
Este esquema permite reestructurar préstamos y saldos de tarjetas de crédito a través de planes con tasas bonificadas y plazos más amplios. En su última actualización, se incluyó a jubilados y pensionados de ANSES, así como a aquellos con deudas en mora de más de seis días.
Adicionalmente, el gobierno provincial ha tomado medidas adicionales. A través de una resolución del Ministerio de Hacienda, estableció un límite del 39% sobre el ingreso neto para todos los descuentos relacionados con préstamos de empleados públicos y jubilados. Esto obliga a bancos y entidades financieras a refinanciar aquellas deudas que superen ese tope, extendiendo los plazos para reducir el monto de las cuotas. También se prohíbe la concesión de nuevos créditos que excedan ese límite.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, justificó esta resolución al señalar que el crecimiento del sobreendeudamiento se ha convertido en un desafío estructural. No obstante, remarcó que la situación afecta a menos del 14% de los trabajadores y pasivos provinciales, indicando que la acción se toma para resguardar el poder adquisitivo de estas familias.
El 6 de marzo, el gobernador Juan Pablo Valdés presentó “Corrientes Sostiene”, un programa desarrollado junto al Banco de Corrientes para brindar alivio a las familias, además de financiamiento para empresas y productores. Para los hogares, incluye la refinanciación de tarjetas de crédito de hasta $100.000, con planes de seis y doce cuotas y una tasa bonificada, considerablemente inferior a la habitual. Se estima que esta medida beneficiará a alrededor de 89.000 familias.
Desde el Gobierno correntino, se destacó que la decisión tiene como fin reducir la carga del endeudamiento en los ingresos familiares y evitar que la mora continúe en aumento.
Por su parte, el 1° de julio, Banco Provincia lanzó “Ponete al Día”, un programa destinado a clientes en mora que permite refinanciar deudas con tasas desde el 31% y plazos de hasta 72 meses, principalmente orientado a quienes perciben salarios o jubilaciones a través de la entidad y a clientes de menor ingreso. Antes de anunciar este programa, se informó que durante 2026 ya se habían refinanciado deudas por más de $234.000 millones, señal de la magnitud del problema en la principal jurisdicción del país.
A pesar de las diferencias políticas entre Valdés, Passalacqua y Kicillof, los tres coinciden en un diagnóstico: el sobreendeudamiento de las familias ha dejado de ser un problema que concierne únicamente a las entidades bancarias y comienza a afectar de forma significativa a la economía real.
Esta respuesta de los gobiernos provinciales contrasta con la política del Gobierno nacional. Mientras que la administración actual defiende una política de no intervención en el mercado crediticio, dejando la reestructuración de deudas en manos de las entidades financieras y los deudores, las provincias han comenzado a implementar sus propias herramientas para mitigar el impacto de esta situación.
