El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó sin efecto una normativa de 1973 que establecía el reparto en partes iguales entre Mendoza y La Pampa del 12% de las regalías correspondientes al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La nueva disposición determina que los recursos queden íntegramente en Mendoza.
El Gobierno nacional justificó el cambio a partir de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia que, según sostiene, distinguen entre el lugar donde se encuentra el cauce de un río interjurisdiccional y el territorio en el que está instalada una represa. La modificación se conoció además en la previa de un nuevo proceso de licitación de concesiones hidroeléctricas.
Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo respaldó la decisión y sostuvo que la provincia recupera la totalidad de las regalías generadas por Los Nihuiles. Consideró que el nuevo esquema termina con un régimen que durante más de cinco décadas distribuyó esos recursos con La Pampa y afirmó que el cambio permitirá contar con mayores fondos para inversión e infraestructura.
El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, cuestionó duramente la medida y vinculó la decisión con el histórico conflicto por el manejo del río Atuel. Según planteó, mientras se reducen los recursos que recibe La Pampa por la explotación hidroeléctrica, continúa sin resolverse el reclamo por el caudal de agua que debe ingresar a su territorio.
La disputa hídrica entre ambas provincias tiene como uno de sus principales antecedentes un fallo de la Corte Suprema de julio de 2020. En esa resolución se estableció que Mendoza debía garantizar un ingreso de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel hacia La Pampa. La administración pampeana sostiene que ese volumen todavía no se cumple.
El conflicto se remonta a décadas atrás y La Pampa atribuye a la utilización del río y a la infraestructura hidroeléctrica instalada en Mendoza parte de la desecación del Atuel en su territorio. El problema derivó en distintos planteos judiciales y en reclamos por los efectos ambientales y productivos provocados aguas abajo.
En ese marco, el gobierno pampeano también denunció supuestas irregularidades en el uso del agua en el sur de Mendoza. En presentaciones realizadas ante la Corte durante 2024 incorporó fotografías, imágenes satelitales y otros elementos con los que buscó demostrar la existencia de nuevos reservorios y situaciones de sobreriego.
La administración de La Pampa señaló además un presunto desvío de tres metros cúbicos por segundo hacia un establecimiento vitivinícola privado, una cantidad equivalente al caudal que, según el fallo de la Corte, Mendoza debería garantizar para el ingreso del agua a territorio pampeano.
Ziliotto también sostuvo que equipos académicos y profesionales vinculados a la Universidad Nacional de La Pampa analizaron el manejo de las represas mendocinas y aportaron elementos para las presentaciones judiciales realizadas por la provincia.
La nueva disputa por las regalías se suma así a un conflicto que combina reclamos económicos, ambientales y judiciales entre La Pampa y Mendoza. Mientras la administración pampeana avanza con su respuesta ante la Justicia, desde Mendoza se considera que el nuevo régimen reconoce la jurisdicción provincial sobre los recursos generados por el complejo hidroeléctrico.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó sin efecto una normativa de 1973 que establecía el reparto en partes iguales entre Mendoza y La Pampa del 12% de las regalías correspondientes al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La nueva disposición determina que los recursos queden íntegramente en Mendoza.
El Gobierno nacional justificó el cambio a partir de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia que, según sostiene, distinguen entre el lugar donde se encuentra el cauce de un río interjurisdiccional y el territorio en el que está instalada una represa. La modificación se conoció además en la previa de un nuevo proceso de licitación de concesiones hidroeléctricas.
Desde Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo respaldó la decisión y sostuvo que la provincia recupera la totalidad de las regalías generadas por Los Nihuiles. Consideró que el nuevo esquema termina con un régimen que durante más de cinco décadas distribuyó esos recursos con La Pampa y afirmó que el cambio permitirá contar con mayores fondos para inversión e infraestructura.
El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, cuestionó duramente la medida y vinculó la decisión con el histórico conflicto por el manejo del río Atuel. Según planteó, mientras se reducen los recursos que recibe La Pampa por la explotación hidroeléctrica, continúa sin resolverse el reclamo por el caudal de agua que debe ingresar a su territorio.
La disputa hídrica entre ambas provincias tiene como uno de sus principales antecedentes un fallo de la Corte Suprema de julio de 2020. En esa resolución se estableció que Mendoza debía garantizar un ingreso de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel hacia La Pampa. La administración pampeana sostiene que ese volumen todavía no se cumple.
El conflicto se remonta a décadas atrás y La Pampa atribuye a la utilización del río y a la infraestructura hidroeléctrica instalada en Mendoza parte de la desecación del Atuel en su territorio. El problema derivó en distintos planteos judiciales y en reclamos por los efectos ambientales y productivos provocados aguas abajo.
En ese marco, el gobierno pampeano también denunció supuestas irregularidades en el uso del agua en el sur de Mendoza. En presentaciones realizadas ante la Corte durante 2024 incorporó fotografías, imágenes satelitales y otros elementos con los que buscó demostrar la existencia de nuevos reservorios y situaciones de sobreriego.
La administración de La Pampa señaló además un presunto desvío de tres metros cúbicos por segundo hacia un establecimiento vitivinícola privado, una cantidad equivalente al caudal que, según el fallo de la Corte, Mendoza debería garantizar para el ingreso del agua a territorio pampeano.
Ziliotto también sostuvo que equipos académicos y profesionales vinculados a la Universidad Nacional de La Pampa analizaron el manejo de las represas mendocinas y aportaron elementos para las presentaciones judiciales realizadas por la provincia.
La nueva disputa por las regalías se suma así a un conflicto que combina reclamos económicos, ambientales y judiciales entre La Pampa y Mendoza. Mientras la administración pampeana avanza con su respuesta ante la Justicia, desde Mendoza se considera que el nuevo régimen reconoce la jurisdicción provincial sobre los recursos generados por el complejo hidroeléctrico.
