Mientras el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin llegar a un entendimiento por los fondos correspondientes al traspaso de la seguridad a la órbita porteña, ya son siete los gobernadores que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema para apoyar la posición de la Casa Rosada en el diferendo.
El pasado miércoles se realizó la sexta reunión entre las partes -la última del plazo original fijado por el máximo tribunal para encontrar una resolución política- y los negociadores elevaron de común acuerdo un pedido para extender el debate por 11 días hábiles.
En diálogo con Télam, tanto desde la Casa Rosada como desde el Gobierno porteño coincidieron en que las diferencias siguen siendo “amplias” pero que la voluntad de diálogo primó a la hora de pedir una “extensión” de los plazos.
“Durante varias reuniones hubo propuestas de ambas partes, pero sigue habiendo una diferencia amplia”, comentaron en Balcarce 50, una postura que fue ratificada desde las oficinas que conduce el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Más allá de lo que pueda suceder en las próximas dos semanas, la posición de la Nación ya cuenta con el apoyo de los gobernadores de Santa Cruz, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, que se presentaron ante el tribunal como amicus curiae.
Los mandatarios provinciales se encuentran en alerta y respondieron al pedido de “apoyo” efectuado por la Casa Rosada porque entienden que la posibilidad de una medida cautelar o un fallo de fondo que atienda los intereses porteños por parte de la Corte atenta contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito.
Mientras tanto, quienes siguen el debate judicial sostienen que son tres los puntos centrales, habiendo avances en las negociaciones por dos de ellos y un virtual “punto muerto” por el tercero.
Las diferencias entre ambos gobiernos
Por estos días, la mayor diferencia se encuentra en el monto a transferir: el Gobierno nacional realizó una estimación en la que se contempla el traspaso de la Policía Federal y argumenta que la Ciudad “quiere que se le pague por otros servicios, como los agentes de la ex Policía Metropolitana”.
Cerca de los negociadores porteños afirman que la Ciudad pide la actualización del monto que se asignaba a la Policía Federal en 2015 por todo concepto y eso es “más que la plata de los sueldos y los patrulleros”.
Por otra parte, hubo algunos avances -nunca definitivos- en lo que respecta al mecanismo para la actualización de los montos y en la “forma” de transferencia del dinero, que hoy es en cuotas mensuales y que la Ciudad pretende que sea “más parecido” al de la coparticipación “que es casi diario”.
Aunque el entendimiento parece distante, ninguno de los involucrados prefiere referirse al escenario de un “no-acuerdo” en el que sea la Corte la que deba fallar, pero ambos suscriben que, cualquiera fuera el resultado, todo tendrá una lectura política “acorde a los tiempos” actuales, cuando se vive un virtual conflicto de poderes entre el máximo tribunal y el Congreso.
Si bien hubo negociaciones desde inicios de 2020, el origen de las divergencias comenzaron en septiembre de ese año cuando, en medio de la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández decidió redirigir fondos que, por decreto, el exmandatario Mauricio Macri había asignado durante su gestión a la ciudad de Buenos Aires.
En diciembre de ese año, el Congreso aprobó una ley que ordenaba una negociación entre las partes y aclaraba que los fondos traspasados no corresponderían a la coparticipación.
La administración de Rodríguez Larreta cuestionó la constitucionalidad de la norma ante la Corte y, este año, el tribunal ordenó una negociación entre las partes cuyo plazo original vencía la próxima semana y que ahora se extenderá por dos semanas.
